La igualdad de género es un derecho humano fundamental, además de crucial para el desarrollo económico y social de los países, porque implica dar la oportunidad de desarrollar toda su potencialidad a todas las personas. Por esto es importante abordar la inequidad de género. Particularmente relevante son las diferencias en el mercado de trabajo.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), las mujeres en la Argentina tienen menor tasa de participación laboral, mayor tasa de desempleo y mayor informalidad. Las mujeres también enfrentan barreras en el acceso a cargos jerárquicos o “techos de cristal”, con menos proporción de mujeres ocupando cargos dirigentes.
La menor participación laboral, el mayor desempleo e informalidad y los “techos de cristal” no responden a acciones deliberadas de discriminación. Si así fuera, sus causas serían visibles y evidentes con lo cual las acciones de reparación serían fáciles de implementar. El problema es que las raíces de la inequidad de género están subyacentes en los modos de organización de la sociedad. Esto es, en la distribución de roles que los individuos asignan y se auto-asignan en la vida cotidiana, tanto para la organización del hogar como de las estrategias de supervivencia familiar en el mercado laboral.
En este sentido, un factor clave sobre el que el Indec también aporta evidencias es que las mujeres dedican casi el doble de horas que los varones a tareas domésticas y de cuidado de personas. No necesariamente niños, sino también ancianos y personas adultas que transitan una enfermedad. Sólo a manera ejemplificativa y sin ánimo de generar polémicas inconducentes basadas en hechos anecdóticos. Es difícil negar que en los usos y costumbres prevalecientes está socialmente más aceptado que la mujer pueda ausentarse de su trabajo para cuidar al cónyuge enfermo que el varón lo haga para cuidar a su esposa. En general, si la mujer necesita asistencia recurre a la ayuda de un familiar cercano para liberar al varón a fin de que pueda cumplir con sus obligaciones laborales. Esto está cambiando, fundamentalmente entre las familias donde los cónyuges tienen altos niveles de educación y asumen la necesidad de igualar y compartir roles. Pero en la mayoría de los hogares, donde los niveles de educación son más bajos, los modos tradicionales de distribución de roles siguen vigentes.
Por esta distribución desigual de roles en la organización del hogar se producen las diferencias de inserción laboral entre varones y mujeres. La más sintomática es que las mujeres en promedio ganan un 25% menos que los varones.
Otra vez, no es que haya una política deliberada en las áreas de recursos humanos de las empresas a pagar menores salarios a las mujeres o restringirles el ascenso. El tema viene por el lado de que se tiende a ser más permisivo con las mujeres que con los varones a la hora de flexibilizar las exigencias laborales a fin de dar lugar a las exigencias hogareñas. Esto lleva a que el varón tenga más dedicación al mercado laboral y menos al hogar.
Esto se vio con claridad –no sólo en Argentina sino también en los países desarrollados– durante la pandemia. Toda la familia pasó a la virtualidad, pero fueron mayoritariamente las mujeres las que tuvieron que administrar –de alguna forma– las reuniones virtuales de su trabajo con las clases de sus hijos más pequeños que necesitaban asistencia. Subyace en esta actitud la equivocada concepción de que primero está la madre para cuidar a los hijos, complementariamente el padre.
Frente a esta situación, sobran argumentos a favor de políticas de equidad de género. Esto fue tomado por el discurso político con mucho oportunismo. Se multiplicaron los ministerios, secretarías y direcciones de la mujer y la legislación buscando impulsar derechos en favor de la mujer. Las más de las veces, hasta contradictorias con el objetivo, como, por ejemplo, más licencias por nacimiento para la mujer, cuando lo que se requiere son licencias para el cuidado de los niños compartidas de manera igualitaria entre el varón y la mujer.
Recomponer la formalidad
De todas formas, toda burocracia estatal y legislación que se multiplique serán ineficaces, y hasta hipócritas, si no se remedia primero el profundo deterioro del mercado laboral. De poco sirve una política género cuando la mitad de los varones y las mujeres trabajan en la informalidad.
Más concretamente, en la Argentina el 35% de los trabajadores tiene un empleo asalariado en una empresa privada y un 15% tiene un empleo público formal. Este segmento puede gozar de las iniciativas a favor de la igualdad de género. Pero luego está la otra mitad, donde un 25% tiene un empleo asalariado “en negro” y el otro 25% trabaja por su cuenta. Aquí es imposible hacer cumplir la legislación laboral sobre género y directamente no existen las políticas de gestión del talento con inclusión de género.
Por esta realidad, que es la de un mercado laboral profundamente agrietado en dos (la mitad formal, la mitad informal), las políticas de género fracasan. Sin bajar los brazos en las políticas de género, hay que tomar acciones decisivas para revertir este tremendo deterioro del mercado laboral e incluir a todos los trabajadores en la formalidad.
La inclusión en la formalidad no significa –aunque parezca contradictorio– combatir la informalidad. La informalidad masiva es la respuesta a la falta de oportunidades formales. Por lo tanto, antes de combatir la informalidad con inspecciones de trabajo y amenazas de juicios laborales, hay que crear las condiciones para multiplicar los puestos de trabajos formales.
La multiplicación de puestos de trabajos formales requiere una estrategia integral de cuatro vectores que confluyen al mismo objetivo.
El primer vector es el productivo. Hay que multiplicar las empresas formales y para ellos se requiere estabilidad macroeconómica, regulaciones pro-competitivas y respeto por los derechos de propiedad, evitando las arbitrariedades del Estado.
El segundo vector es el del talento. Hay que construir y mantener un sistema público de educación de alta calidad que garantice que todos los jóvenes terminen la educación secundaria con sólidas capacidades de lectura y matemática, a fin de que pueden formar parte del mundo productivo formal. Sin educación, no hay formalidad.
El tercer vector es el de las instituciones laborales. Hay que colocar mínimos no imponibles a la masa salarial de las empresas para que los nuevos emprendimientos y las unidades más pequeñas puedan contratar en la formalidad con bajo costo laboral. Hay que permitir a todas las empresas –en particular a las pequeñas– a salirse del convenio colectivo de trabajo centralizado para celebrar un acuerdo propio, a nivel de firma, con sus trabajadores. Hay que recuperar la tarifación en la indemnización por despido para que emplear un trabajador deje de ser una amenaza de juicio laboral que termine con el capital de la empresa.
El cuarto vector es el asistencialista y se deriva de los tres vectores anteriores. Hay que transformar el gasto público destinado a planes asistenciales en inversión en centros públicos de calidad de cuidados de la primera infancia, para que las mujeres y los varones, con buenos niveles de educación, puedan tomar las oportunidades de empleo (producto de la multiplicación de las empresas) en instituciones laborales modernas con sesgo pro-empleo formal.
