Terminando junio, desde el Gobierno nacional ya se admite que no podrán cumplir con las metas trimestrales acordadas a inicios de marzo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como parte del programa de financiamiento (de facilidades extendidas) para afrontar los vencimientos de deuda con el organismo, concentrados en este año y el próximo.
El acuerdo contempla revisiones trimestrales durante 30 meses, de las cuales depende la aprobación de los desembolsos para hacer esos pagos.
Si bien el incumplimiento de las metas del segundo trimestre no hará tambalear el acuerdo, el FMI ratificó en reiteradas ocasiones que no aceptará una flexibilización de las metas anuales, que incluso se mantienen en la actualización del Presupuesto 2022 presentado a mediados de junio.
Así, para este año se contemplan la siguientes metas: uno, acumulación de reservas netas por 5.800 millones de dólares; dos, un déficit fiscal primario de 2,5 por ciento del producto interno bruto (PIB); y tres, una asistencia con emisión monetaria del Banco Central (BCRA) al Tesoro del uno por ciento del PIB.
Las metas trimestrales no se cumplirán por diversos motivos:
Uno. A pesar de los ingresos récord de divisas por exportaciones agroindustriales, el BCRA no logró fortalecer las reservas lo suficiente, debido al fuerte aumento en las importaciones.
El incremento estuvo liderada principalmente por la incidencia del salto en los precios internacionales de gas y de petróleo sobre las compras energéticas; aunque también a las distorsiones que causa el cepo cambiario, con una brecha entre el dólar blue y el oficial superior al 80 por ciento. La meta establece que en el primer semestre se deberían sumar 4.100 millones de dólares más de reservas netas, pero no se va a llegar ni a la mitad de esa cifra.
Dos. El déficit primario acumulado de abril-mayo ya va en 463 mil millones de pesos y tendría que bajar a prácticamente la mitad en junio para alcanzar la meta trimestral de 567 mil millones de pesos. Es algo difícil de alcanzar en un contexto en que el gasto público primario acumulado en los cinco primeros meses del año subió casi 80 por ciento interanual, muy por encima de la inflación.
Tres. Se logrará cumplir con la meta de emisión monetaria, aunque eso también le está ocasionando problemas al Gobierno, que aumentó excesivamente el endeudamiento en bonos atados a la inflación y ahora tendrá que volver a volcarse a las Leliq.
Lo relevante aquí no pasa por aprobar el examen del FMI, sino por la falta de convicciones y de capacidades de política para avanzar en la corrección de los severos desequilibrios que afectan al sector público nacional, que tienen como principal síntoma a la inflación.
De ese modo, sin fuentes genuinas de financiamiento, las débiles perspectivas de corrección del déficit mantienen firmes las expectativas inflacionarias, en un entorno en que persisten los atrasos cambiarios y tarifarios.
Por el lado cambiario, mientras que la inflación del primer semestre ya supera el 35 por ciento, el dólar oficial aumentó sólo 20 por ciento y la posición de reservas se verá aún más amenazada porque pronto dejarán de ingresar los dólares de la cosecha gruesa. Eso anticipa más restricciones para acceder a divisas y mayor presión sobre la brecha cambiaria.
En cuanto a las tarifas de gas y de electricidad, si bien hubo un ajuste parcial, el esquema de segmentación recientemente anunciado contempla que para lo que queda del año no habrá aumentos para 90 por ciento de los usuarios.
Subsidios energéticos
Según el acuerdo con el FMI, la reducción en el gasto en subsidios energéticos, por el equivalente a 0,6 por ciento del PIB, iba a ser clave para alcanzar la meta fiscal del año.
Sin embargo, de acuerdo al Presupuesto recalibrado, ante el aumento en los precios internacionales de la energía y aún con la segmentación, el peso de los subsidios caerá sólo 0,05 por ciento del PIB. Con poca claridad, ahora se aspira a alcanzar la meta de déficit anual con menor gasto en capital y más ingresos, sin afectar partidas como salarios y gasto social.
Dada su bajo impacto en el gasto público, son cuestionables los fundamentos para avanzar con una estrategia de segmentación tarifaria mal diseñada desde lo conceptual hasta su implementación. La medida sumará costos de gestión tanto para el Gobierno como para los usuarios, que deberán revelar su intención de mantener los beneficios.
Esto da muestras de que, más allá de la situación internacional, las deficiencias de capacidades técnicas e institucionales impiden avanzar en soluciones efectivas al problema de los subsidios.
Además de ser una pesada carga para las finanzas públicas, los subsidios a tarifas son poco efectivos porque los mayores beneficiados son los sectores de más altos ingresos.
Además, al mantener precios artificialmente bajos, incentivan al sobreconsumo y a la menor producción, lo cual también tiene un impacto negativo en el medio ambiente. Ya que se estimula artificialmente el consumo de combustibles fósiles y se reducen los beneficios para el sector privado de invertir en nuevas tecnologías compatibles con la transición energética, en un contexto muy favorable para ello.
Experiencias externas
El escenario global actual, con precios de la energía que habrán aumentado en 50 por ciento este año, ha llevado a muchos países a aplicar medidas temporarias, tanto de precios como de ingresos, para mitigar su impacto sobre los hogares más vulnerables y el sector productivo.
Más allá de tener un costo de implementación, las políticas de ingresos, a través de alguna forma de compensación monetaria o de cupones de consumo de energía, tienen muchas ventajas por sobre las de precios. Es que no distorsionan las señales que debieran enviar los valores de las tarifas plenas, para reducir el consumo y estimular la producción, y además pueden ser mejor focalizadas en los grupos más vulnerables y resultan menos costosas en términos presupuestarios.
En cambio, el esquema de subsidios de Argentina enfocado en un congelamiento masivo de tarifas, complicado ahora por un peculiar plan de segmentación, está mal focalizado: genera pésimos incentivos y seguirá siendo muy costoso.
Este es otro ejemplo en el que las fallas de Gobierno terminan haciendo más daño que los problemas iniciales que apunta a resolver.
(*) Economista
