Con una inflación tan alta como la de Argentina, la discusión sobre cuál debería ser el mínimo de alcance del Impuesto a las Ganancias siempre está presente. En 2021 hubo dos cambios; este año hubo tres, y siempre parecen insuficientes.
Las decisiones son en general discrecionales, y esto genera múltiples inequidades.
Ahora, el Congreso está por aprobar el Presupuesto 2023, con una cláusula que favorece las deducciones que puedan hacer los camioneros, mientras los judiciales y otros gremios tienen exenciones especiales.
Todo en abierta violación al principio de igualdad ante la ley, porque son beneficios que otros sectores no tienen.
En estos días se conocieron dos propuestas para modificar el impuesto: una de los bancarios, que pretende duplicar el piso para tributar, y otra de los empleados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), para que se puedan deducir todos los gastos facturados por las familias.
Cambios necesarios
Modificar la ley de Ganancias es muy necesario, pero este tipo de discusiones están mal enfocadas. Algunos pretenden dejar fuera del impuesto los ingresos de los asalariados y otros se focalizan en el mínimo. “El salario no es ganancia” es una frase muy escuchada. Pero ¿es realmente así?
En primer lugar, hay una cuestión semántica que tiene que ver con el nombre del tributo. En Argentina se llama Impuesto a las Ganancias, pero en otros países esta discusión se salva con otra denominación: impuesto a la renta o impuesto a los ingresos.
Además, la propia ley argentina no habla de “ganancias”, sino de “rentas” de cuarta categoría, y las define como ingresos provenientes del trabajo personal. Con esto, no hay mucho por agregar respecto de ese argumento.
Es que, en realidad, la discusión está mal enfocada. Lo relevante no es si los sueldos tienen que estar alcanzados o no, sino que debería plantearse en cuál es el nivel de gravamen que tienen que soportar.
En el mundo desarrollado, el impuesto a la renta sobre los individuos tiene gran relevancia. Hay una tendencia a reducir la carga tributaria sobre las empresas y a aumentarla sobre las personas cuando estas reciben dividendos, remuneraciones u otras rentas.
Por eso, la discusión que importa no es si tal o determinado ingreso está alcanzado, sino cuánto corresponde pagar por él.
Parámetros desactualizados
La Ley del Impuesto a las Ganancias dice que para obtener la base imponible hay que restar de las rentas los gastos necesarios para generar esos ingresos. En el caso de las personas, esto está representado por los gastos para poder vivir y se plasma en las deducciones permitidas por ley.
En un principio, los montos que se podían deducir eran, efectivamente, aquellos que cubrían los gastos familiares. Pero años de inflación hicieron que esos parámetros se atrasaran y ahora están muy lejos de un nivel mínimo de subsistencia.
Entonces, el primer cambio que debería hacerse en la ley tiene que ver con “barajar y dar de nuevo” en las deducciones, para que el piso sea tal que una familia pueda vivir.
Esto debería estar expresado en canastas básicas, para ir siguiendo al costo de vida.
El segundo cambio fundamental es la escala de alícuotas. El tema no es menor, pero no tiene mucha prensa ni hay sindicatos que lo pidan. Por eso, siempre se deja de lado. Como estos escalones no se modifican lo suficiente, quien empieza a pagar rápidamente pasa a los niveles más altos. No sólo es una carga excesiva para quienes sí tributan, sino que el impuesto pierde su progresividad.
Por último, un tema clave una vez que se fijen los parámetros deseados es establecer un mecanismo de ajuste automático que siga a la inflación (y no a las remuneraciones, como ahora).
Es una discusión que hay que encarar dejando de lado los intereses políticos, sectoriales o coyunturales. Se trata de volver a la génesis del impuesto para permitir que sea una fuente de recaudación, sin perder la equidad ni la progresividad.
