La presión impositiva no puede aumentar indefinidamente y, a la vez, tener efectos positivos en la recaudación. Esto es lo que está detrás de la famosa curva que plasmó el economista Arthur Laffer a principios de la década de 1980, quien sostenía que hay una alícuota que maximiza los ingresos tributarios y que, por encima de ese nivel, el monto recaudado disminuye en lugar de subir.
Explicaba que, al aumentar las tasas impositivas, se generan reacciones de los contribuyentes que pueden disminuir la base imponible: trabajan (o producen) menos, o bien pasan parte (o toda) de su actividad a la informalidad.
Si bien no es fácil establecer el punto exacto en el cual la presión tributaria ya no puede seguir subiendo sin reducir la recaudación, en Argentina podemos ver que la creciente carga impositiva va acentuando esa reacción negativa entre los contribuyentes.
El fenómeno no es nuevo en el país: la recaudación de los tres niveles del Estado subió del 26,2 por ciento al 33,8 por ciento del producto interno bruto (PIB) entre 2004 y 2015, cayó levemente hasta 30,9 por ciento en 2019, y pegó un salto con la pandemia al 32,4 por ciento en 2020, según un informe del Ieral.
Para 2021, la tendencia es creciente. Según un informe del Banco Mundial, Argentina es uno de los dos países del mundo donde lo que pagan las empresas al fisco supera su rentabilidad.
Impactos concretos
Estos datos generales tienen por detrás medidas de incremento de la mochila fiscal que hacen que empresas e individuos, de cualquier tamaño, busquen contrarrestarlas. Pasar parte o toda la actividad fuera de los circuitos formales o ir a otros mercados es una reacción inmediata, pero también hay efectos más largos, como la falta de inversión, que impacta en la actividad y en el empleo.
Este año sobran los ejemplos. Contadores y abogados volvieron a escuchar por estos días consultas de clientes que quieren trasladarse a otro país.
“En nuestro modesto estudio, ya tenemos dos que obtuvieron la residencia fiscal en Uruguay. Cada empresario que se va son millones que se sacan del país, que se dejan de invertir y dejan de generar empleo acá”, se lamentaba días atrás un asesor tributario cordobés. La suba del Impuesto a los Bienes Personales a fin de 2019 (la alícuota se multiplicó hasta 10 veces) más el tributo a la riqueza los llevó a dar ese paso. Otros lo están analizando por estos días, ante un rumor de que se analiza otro incremento en el impuesto patrimonial.
En el otro extremo, los monotributistas siguen apostando al “enanismo” fiscal, pasando al “gris” o al “negro” parte de su facturación. Mientras esperan la reglamentación del nuevo régimen de transición, ven que los valores de 2021 demoran en ajustarse y que, cuando lo hagan, habrán sido largamente superados por la inflación.
Un impacto similar tendrá el cambio previsto en el Impuesto a las Ganancias de Sociedades para establecer una alícuota progresiva, o en el impuesto de empleados que estén al límite de los 150 mil o los 173 mil pesos de remuneración. Nadie querrá pasarse de los topes de ganancias porque terminarán recibiendo menos que antes.
En el mercado inmobiliario, por su parte, ya están notando los efectos del nuevo registro del fisco para controlar de cerca los alquileres, junto con la nueva ley y el congelamiento de 2020. Los propietarios prefieren sacar sus inmuebles del mercado de locaciones y ponerlos en venta, disminuyendo la oferta para los inquilinos.
Una tras otra, son medidas que se suman a una pesada mochila tributaria y administrativa, y a una larga lista de trabas y de regulaciones para distinto tipo de operaciones (no se salvan ni las necesarias exportaciones), que van limando la actividad y achicando la torta de la que come el propio Estado.
