El aval del Fondo Monetario Internacional (FMI) para aplicar impuestos extraordinarios con el objetivo de paliar las consecuencias de la guerra (o de la pandemia en años anteriores) es la excusa perfecta para la avanzada del Poder Ejecutivo en implementar un nuevo impuesto a la “renta inesperada”.
Más allá de las suspicacias de economistas opositores, que señalaron que la mayor ganancia inesperada en lo que va del año se la llevó la propia Afip (en este caso, por el impacto de la inflación), lo cierto es que una carga impositiva mayor en un país con altísima presión fiscal puede ser la gota que colme el vaso de los contribuyentes.
Si bien el proyecto que anticipó el ministro de Economía, Martín Guzmán, aún no se conoce porque sigue en análisis, los tributaristas ya están advirtiendo que poner una sobretasa (o algo similar) al Impuesto a las Ganancias que pagan las empresas es terreno fértil para presentar demandas judiciales por confiscatoriedad.
Y recuerdan que, en otros casos, la Corte Suprema fijó ese límite en el 35 y 40 por ciento de tributación sobre un mismo hecho imponible.
El antecedente más reciente fue el impuesto a la riqueza o a las grandes fortunas (Aporte Solidario y Extraordinario) que pagaron el año pasado los mismos contribuyentes de Bienes Personales, justo cuando este tributo sufría cambios que multiplicaron varias veces su monto.
Dificultades en la práctica
Fuera de estas consideraciones de razonabilidad, hay otras cuestiones que el Gobierno se debería plantear si quiere seguir adelante y lograr resultados con este nuevo tributo.
En primer lugar, la posibilidad cierta de que el Congreso nacional, donde el oficialismo no tiene mayoría y presenta divisiones que se plasmaron la semana pasada en el Senado, apruebe otro impuesto.
Luego, si esta posibilidad remota sucediera habría que ver si lo recaudado sirve, realmente, para financiar bonos y “refuerzos de ingresos” como los que anunció el Gobierno este mes.
El problema en Argentina es la inflación, que “come” cualquier monto en pesos, y es probable que hagan falta varias de estas ayudas para paliar su efecto en el bolsillo de los más necesitados.
Por último, un tema no menor es cuándo se recaudaría este impuesto. Según Guzmán, lo pagarían las empresas que hayan tenido un salto importante en su rentabilidad y hayan ganado más de mil millones de pesos, en términos reales, por efecto de la guerra.
Ahora bien, la invasión rusa a Ucrania comenzó a fines de febrero. Su impacto recién se podrá ver en los balances desde marzo de 2022.
¿Qué período se tomará en cuenta para ver si la empresa tuvo o no una ganancia “inesperada”? ¿Se considerará un trimestre, un semestre, un año? ¿Qué pasa si un trimestre gana dinero y al otro no, dentro del mismo ejercicio?
En un año pueden pasar muchas cosas, y para calcular la renta no sólo se toman los ingresos sino también los costos, que probablemente subirán por los mismos motivos. La mayoría de las sociedades cierra ejercicio al 31 de diciembre, y otro porcentaje importante lo hace en junio. Para el año fiscal 2021, los vencimientos anuales de Ganancias Sociedades se darán en mayo próximo. Si este nuevo impuesto se aplica al ejercicio 2022 (no podría ser retroactivo), el fisco recién vería el impacto en la recaudación en 2023.
Claro que podría pensarse en algún tipo de anticipo, pero chocaría con la dificultad práctica de que recién al cerrar el año se puede saber si hay o no una renta extraordinaria.
En definitiva, este parece ser otro proyecto con poca factibilidad práctica de aplicación y de recaudación. Pensado más “para la tribuna” y para competir en la otra facción de la interna oficialista que impulsa un “aporte” para pagar la deuda del FMI.
