El Consejo de Mayo, el ámbito multisectorial convocado por el Gobierno para consensuar reformas estructurales, concluyó que en la etapa actual no es posible avanzar con una reforma previsional. En su informe final, advirtió que el sistema jubilatorio argentino arrastra una limitación de base: la baja formalización del empleo.
Según el Consejo, cualquier rediseño del régimen requiere previamente un aumento significativo del trabajo registrado, ya que, sin una base más amplia y estable de aportantes, ninguna modificación de parámetros –como la edad jubilatoria, los años de aporte, la fórmula de movilidad o los regímenes especiales– resultaría sostenible.
Este diagnóstico coincide con el que vienen planteando autoridades del Ejecutivo y es compartido por numerosos analistas.
El costo de mirar para otro lado
Postergar una reforma previsional no es una decisión neutra. Implica aceptar que uno de los rubros más grandes del gasto público siga creciendo por inercia. Hoy, las jubilaciones y pensiones representan casi la mitad del Presupuesto nacional y alrededor de un quinto del gasto de las principales provincias. No es un dato menor.
Además, la Argentina gasta mucho en previsión social en comparación con países que tienen una demografía similar. Y no sólo gasta mucho, sino que gasta mal. El sistema está lleno de inequidades, muchas de ellas conocidas y visibles, que van desde beneficios desalineados con los aportes hasta regímenes especiales difíciles de justificar. Esa combinación alimenta una sensación de injusticia que atraviesa a buena parte de la sociedad.
En este contexto, confiar en que el problema previsional se resolverá simplemente sumando más trabajadores al sistema formal es, como mínimo, ingenuo. Aun en un escenario optimista de fuerte crecimiento del empleo registrado, es difícil que el aumento de aportantes alcance para compensar el crecimiento de las jubilaciones y pensiones. Y, sobre todo, más ingresos no solucionan por sí solos los problemas de fondo: el exceso de gasto y las inequidades que hacen que el sistema sea cada vez más costoso y menos creíble.
El gasto que bloquea la baja de impuestos
Postergar la reforma previsional no sólo deja intacto un problema de fondo, sino que además condiciona otras reformas clave. El Gobierno sostiene que la reducción de impuestos llegará cuando baje el gasto y exista espacio fiscal suficiente para no poner en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas. El planteo es lógico. El problema es que, mientras el gasto previsional siga creciendo por inercia, generar ese espacio se vuelve cada vez más difícil.
Todos los años ingresan nuevos beneficiarios y el sistema mantiene reglas que empujan el gasto automáticamente hacia arriba. En ese contexto, la pregunta es inevitable: ¿cuánto debería recortarse el gasto no previsional para que la Nación pueda eliminar impuestos como las retenciones o el impuesto al cheque? ¿Cuánto tendrían que ajustar las provincias para poder deshacerse de tributos tan distorsivos como Ingresos Brutos o Sellos? La respuesta no es alentadora. Con un gasto previsional en expansión permanente, la baja de impuestos sólo puede ser, en el mejor de los casos, muy gradual.
Algo parecido ocurre con la inversión en infraestructura. Aun manteniendo el equilibrio fiscal, los márgenes de los presupuestos nacional y provinciales son cada vez más estrechos para enfrentar déficits evidentes en rutas, puertos, energía o transporte, si el gasto previsional absorbe una porción creciente de los ingresos públicos.
Esta dinámica golpea con especial fuerza a los sectores transables, que compiten a precios internacionales pero enfrentan una presión tributaria mucho más alta que la de sus competidores externos y, además, operan con infraestructura deficiente. Ordenar el sistema previsional no es un objetivo aislado ni meramente fiscal. Es una condición necesaria para sostener el equilibrio de las cuentas públicas y, al mismo tiempo, abrir el camino a reformas que mejoren la competitividad de la producción nacional.
¿Qué debería incluir una reforma previsional?
La decisión de no seguir prorrogando las moratorias previsionales fue un paso importante hacia un sistema más ordenado. Al eliminar un mecanismo que incorporaba beneficiarios sin aportes suficientes y expandía la cobertura por fuera de las reglas contributivas, se recupera un principio básico del régimen de reparto: que los beneficios guarden relación con los aportes realizados. Sin embargo, este avance, aunque relevante, no alcanza para resolver los problemas estructurales del sistema.
El desafío central es reducir la fragmentación. Hoy conviven múltiples regímenes con distintas edades de retiro, fórmulas de cálculo, reglas de movilidad y requisitos de acceso. Esta dispersión genera inequidades, litigiosidad y mayores costos. Converger gradualmente hacia parámetros más homogéneos –con reglas iguales para todos– es clave para ganar coherencia, previsibilidad y sostenibilidad. Los regímenes especiales deberían ir desapareciendo con el tiempo y, cuando se mantengan, su costo debería ser financiado por quienes acceden a esos beneficios, no por el conjunto de la sociedad.
También es fundamental reforzar la relación entre aportes y beneficios. El esquema actual desalienta la formalidad porque muchos trabajadores perciben que su esfuerzo contributivo tiene poco impacto en el haber final. Vincular de manera más clara contribuciones y prestaciones mejora los incentivos y fortalece la sustentabilidad financiera. Esto debe complementarse con un mecanismo que garantice un haber mínimo para quienes, al llegar a la edad jubilatoria, no pueden seguir trabajando y tuvieron trayectorias laborales precarias.
Otro aspecto por revisar es el de las pensiones por fallecimiento del titular. El régimen vigente fue pensado para un contexto social y laboral muy distinto al actual, con baja participación femenina en el mercado de trabajo y patrones familiares diferentes. Ese cambio de contexto vuelve necesario actualizar las reglas.
Córdoba, una señal de alerta
La alta sensibilidad política que rodea a las cuestiones previsionales ayuda a explicar la decisión del Gobierno nacional de postergar el ordenamiento del sistema. Desde el punto de vista político, la estrategia puede tener lógica. Desde el económico, resulta difícil de sostener. Con un gasto previsional que sigue creciendo por inercia, cada vez será más complejo preservar el equilibrio fiscal y, al mismo tiempo, avanzar en una baja significativa de impuestos o en recuperar la inversión en infraestructura.
Además, el problema no es sólo nacional. La conflictividad en torno a la Caja de Jubilaciones de Córdoba –con diferencias de matiz que se replican en otras provincias– funciona como una advertencia temprana. Muestra que el deterioro del sistema previsional ya está generando tensiones fiscales, políticas y sociales, y que seguir postergando reformas necesarias no evita los costos: simplemente los hace más grandes y más difíciles de administrar cuando finalmente llegan.
(*) Economista y coordinadora de Idesa
