Si hay un sector que puede ayudar rápido a la reactivación y a la generación neta de divisas, ese es el de la economía del conocimiento. En realidad, no es un solo sector sino que son rubros tan diversos como servicios profesionales, software, biotecnología, ingenierías, nanotecnología, entre otros de alto valor agregado y empleo calificado.
Al finalizar el año pasado, las empresas que realizan estas actividades planificaron sus próximos pasos teniendo en cuenta los incentivos fiscales que ofrecía la Ley de Economía del Conocimiento, votada casi por unanimidad en mayo de 2019 y que otorgaba un horizonte de 10 años de estabilidad tributaria.
Como ya se sabe, en enero de este año, cuando tenía que empezar a regir la nueva ley, su vigencia fue suspendida y en estos meses se elaboró un nuevo proyecto de ley para modificar aquella que había sido consensuada en 2019.
El 25 de junio, Diputados dio media sanción a la ley con 246 votos a favor y dos en contra. Si hay alguna norma que tiene urgencia en estos momentos, es esta. Pese a ello, el Senado se enfocó en otras iniciativas y las empresas del conocimiento siguen en un limbo legal, a la espera de conocer qué reglas de juego se aplicarán en los próximos años.
Pérdidas tangibles
Con este ritmo, la nueva ley no se empezará a aplicar hasta 2021. Aunque obtenga la sanción definitiva en forma inmediata, la reglamentación llevará unos meses, y su implementación, mucho más.
Es inentendible el sinsentido de perder un año, en medio de una crisis económica sin precedentes por la pandemia y ante la creciente necesidad de dólares del país. El sector del conocimiento es exportador neto de divisas (no requiere de grandes importaciones), puede reaccionar rápido a cambios de contexto y es gran empleador de mano de obra, en su mayoría calificada y con salarios superiores al promedio.
La Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi) le puso números a los costos de esta demora a nivel país y el Cluster Córdoba Technology hizo lo propio para la provincia, en una acción que realizaron la semana pasada con la consigna #LeydeEconomíadelConocimientoYa.
Según los cálculos de las cámaras empresarias, cada mes sin la ley se pierden mil puestos de trabajo en Argentina y 140 en Córdoba; el país deja de exportar por 95 millones de dólares (de los cuales 11 millones de dólares se originan en la provincia), y se dejan de facturar 33.400 millones de pesos (3.900 millones locales).
Como el año se considera perdido, el balance de 2020 serán 11.200 empleos menos que los proyectados, de los cuales 1.650 hubieran sido cordobeses. Varias empresas frenaron sus planes de expansión local ante la falta de estabilidad que esta ley aseguraba.
Hasta ahí, los costos que se darán casi con seguridad con la demora actual. Pero si esto sigue sin resolverse, tampoco se van a cumplir las metas para 2030: crear 340 mil empleos, superar los 20 mil millones de pesos de facturación anual, exportar 10 mil millones de dólares al año.
La Ley de Software de 2009 fue la que sentó las bases para que el sector se desarrollara, se multiplicaran las empresas y el empleo en una década. Esta ley es mucho más amplia, porque incluye otros rubros con gran potencial. El régimen anterior ayudó a grandes firmas, pero también a muchísimas pequeñas empresas y emprendedores. En definitiva, todos ganaron y es de esperar que esto también se tenga en cuenta en la discusión actual.
