El año 2025 dejó uno de los resultados más contundentes de la actual gestión económica: el sector público nacional cerró sus cuentas con superávit, en línea con el eje central de la política fiscal del gobierno. Según datos oficiales del Ministerio de Economía, el resultado primario fue positivo en un 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que el resultado financiero, una vez contabilizados los intereses de la deuda, también se ubicó en terreno favorable, con un 0,2% del PBI.
El contraste con años anteriores es marcado. En 2023, el déficit primario había alcanzado el 2,9% del PBI, reflejo de un esquema fiscal persistentemente desequilibrado. En ese marco, la rápida convergencia hacia el equilibrio fiscal constituye un logro de peso, que consolida un cambio de rumbo en la política económica y refuerza la estabilidad macroeconómica en un país históricamente atravesado por déficits recurrentes.
El resultado se explicó, principalmente, por un ajuste del gasto público en términos reales. Entre 2023 y 2025, numerosas partidas crecieron muy por debajo de la inflación, lo que implicó una reducción efectiva del gasto. El empleo público, los subsidios económicos y las transferencias discrecionales a las provincias estuvieron entre los rubros más afectados. En cambio, el gasto previsional y las asignaciones familiares, indexadas por fórmula, lograron mantenerse relativamente estables.
El equilibrio fiscal ya es un dato. La pregunta que se impone es si este esquema resulta sostenible en el tiempo.
Un superávit con matices
Con la publicación de los datos fiscales de 2025, el Ministerio de Economía habilitó una primera evaluación integral del resultado fiscal y de los factores que lo explican. El equilibrio fiscal alcanzado ese año representa un avance, aunque los propios datos oficiales muestran que las finanzas públicas aún enfrentan desafíos. El superávit se apoyó en factores que plantean dudas sobre su sostenibilidad en el tiempo.
Una parte importante del resultado financiero provino de impuestos como el impuesto al cheque y los derechos de exportación, que en conjunto aportaron recursos equivalentes a cerca del 2% del Producto Bruto Interno (PBI). Se trata de tributos que generan una recaudación significativa, pero que también tienen efectos sobre la competitividad y los costos de producción.
A esto se sumó una reducción de la inversión pública, que cayó alrededor de 0,9% del PBI respecto de 2023. Si bien esta contracción contribuyó a mejorar las cuentas fiscales en el corto plazo, también limita la expansión de la infraestructura y puede afectar el crecimiento futuro.
Otro aspecto a considerar es el tratamiento de los intereses de la deuda: se estima que cerca de 0,8% del PBI no se registró como gasto, sino como aumento del stock de deuda. Este criterio mejora el resultado financiero del año, aunque no modifica la magnitud de los compromisos asumidos.
Al mismo tiempo, el margen para seguir ajustando el gasto público por debajo de la inflación se reduce en un contexto de desaceleración inflacionaria. En ese escenario, la sostenibilidad del equilibrio fiscal pasa a depender de mejoras en la calidad del gasto y de cambios en la estructura tributaria.
El análisis se amplía al considerar la situación de las provincias y los municipios, donde se suma una presión tributaria equivalente a 4,3% del PBI, basada en impuestos como Ingresos Brutos y Sellos, además de tasas municipales.
El paso siguiente al ajuste fiscal
Los datos fiscales muestran que, detrás del equilibrio alcanzado, subsisten problemas estructurales. Para que el orden macroeconómico sea sostenible, resulta clave avanzar en la mejora de la calidad de los impuestos y del gasto público, así como evitar que la deuda pública vuelva a crecer.
El desafío se amplía al considerar la situación de las provincias y los municipios. En estos niveles de gobierno se suma una presión tributaria equivalente a 4,3% del PBI, basada en impuestos distorsivos como Ingresos Brutos y Sellos, además de tasas municipales. Al mismo tiempo, los gobiernos locales cumplen un rol central en la provisión de servicios, mientras que muchas jurisdicciones muestran un deterioro de sus finanzas.
En este contexto, la consolidación del equilibrio fiscal requiere pasar del énfasis en el ajuste al énfasis en el ordenamiento del Estado. Para ello es imprescindible un acuerdo de coordinación tributaria y de responsabilidades entre la Nación y las provincias, orientado a eliminar solapamientos. Una de las propuestas es que un “Súper IVA” absorba Ingresos Brutos y tasas municipales, junto con una asignación más clara de funciones, como dejar la infraestructura interprovincial a cargo de la Nación.
Finalmente, el ordenamiento debe incluir al sistema previsional, tanto el nacional como las cajas provinciales. Haber alcanzado el equilibrio fiscal es un logro importante, pero su consolidación depende de avanzar hacia un Estado más ordenado y sostenible en el tiempo.
*Economista de Idesa
