Finalmente, el Congreso aprobó la ley de Presupuesto para 2026, un paso clave en el proceso de ordenamiento de las finanzas públicas. La sanción no fue sencilla. Uno de los principales obstáculos fue lograr que el Congreso aceptara eliminar el piso que fijaba la inversión en educación en 6% del PIB. En los hechos, esto supone revertir uno de los ejes centrales de la política educativa de las últimas dos décadas.
La decisión generó reacciones encontradas. Para algunos, se trata de un sinceramiento: la meta nunca fue cumplida ni por los sucesivos gobiernos nacionales ni por las provincias, que concentran cerca del 75% del gasto educativo. Para otros, en cambio, eliminar el piso de financiamiento implica desarmar un consenso básico sobre la prioridad de la educación y restar previsibilidad a los recursos destinados a jardines, escuelas y universidades.
Ambos enfoques omiten un dato central: mientras los esfuerzos por fijar un piso a la inversión en educación fueron significativos y lograron un amplio consenso político, sindical y académico, los resultados del sistema educativo siguieron deteriorándose. El retroceso es extendido, profundo y sostenido en el tiempo.
El punto ciego del debate: cómo se gestiona la educación
Es cierto que contar con más recursos amplía las posibilidades, pero gastar más no garantiza, por sí solo, que la educación mejore. Parte del fracaso de las últimas décadas se explica por el fuerte énfasis puesto en aumentar el presupuesto, con mucha menos atención en cómo se usan y se administran esos recursos.
Los números muestran, además, que las condiciones fiscales hicieron difícil cumplir de manera sostenida con la meta fijada por ley. Sólo en un año excepcional, 2015, el gasto conjunto de la Nación y las provincias en educación llegó al 6,07% del PIB. Si bien la mayoría de los años no se cumplió la meta, el esfuerzo, en promedio, fue alto: la Argentina destinó más del 5% del PIB a educación, un nivel elevado en la comparación internacional.
Los resultados, sin embargo, no acompañaron. Según las pruebas Aprender 2024, casi la mitad de los alumnos de sexto grado no alcanza niveles satisfactorios en Matemática y cerca de un tercio tiene dificultades en Lengua. En la secundaria, sólo el 55% de los jóvenes termina a tiempo. Dicho de otro modo, casi la mitad no logra completar ese nivel.
La comparación internacional también es contundente. La Argentina invierte una proporción del PIB similar a la de muchos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), pero obtiene resultados mucho más bajos en las pruebas Pisa.
Los datos muestran que poner el foco casi exclusivamente en un piso legal de inversión no fue suficiente. Uno de cada cuatro chicos termina la primaria sin entender lo que lee. Entre los hogares más pobres, esa proporción llega a casi el 40%, según datos relevados por EduLab, el laboratorio de políticas educativas de Idesa. El problema atraviesa a todo el sistema, pero afecta con más fuerza a los sectores más vulnerables.
¿Quién es el responsable de la educación?
La experiencia de las últimas dos décadas muestra que aumentar el gasto en educación, dentro de un sistema con malos incentivos, sirve más para multiplicar ineficiencias que para mejorar la formación de los alumnos. El problema central no es la falta de recursos, sino la forma en que se administran.
Por esta razón, resulta clave empoderar a la ciudadanía para que ejerza presión sobre quienes toman decisiones y exija una mejor gestión de los fondos públicos. Desde los gobernadores hasta los docentes, pasando por las autoridades intermedias, todos deberían sentir que la sociedad valora que los estudiantes aprendan.
Para avanzar en esa dirección, es necesario asumir que, en el régimen federal argentino, las provincias son las responsables de la educación básica. En consecuencia, los resultados educativos dependen en gran medida de la existencia de una estructura de incentivos que oriente las decisiones provinciales hacia la mejora de los aprendizajes.
El Gobierno nacional no puede obligar a las provincias a priorizar la educación ni corregir de manera directa sus falencias. Sí puede, en cambio, cumplir un rol clave: brindar a la ciudadanía herramientas para exigir mejoras. Para eso, es indispensable contar con información confiable, comparable y accesible sobre el funcionamiento y los resultados de las escuelas. Sin datos claros, la presión social pierde fuerza y la rendición de cuentas se vuelve inviable.
En ese marco, un paso necesario es que la Nación deje de interferir en la gestión y el financiamiento de la educación básica. Los solapamientos entre niveles de gobierno tienden a multiplicar ineficiencias y a diluir responsabilidades. Más razonable es que el Estado nacional concentre sus esfuerzos en producir y difundir información educativa de calidad. Eso contribuye a que los funcionarios provinciales perciban que la ciudadanía reconoce las buenas decisiones y castiga las malas.
La eliminación de la meta del 6% no debería leerse como un retroceso, sino como el reconocimiento de un fracaso. Asumida con autocrítica y con voluntad de cambio, puede convertirse en una oportunidad para modificar la estrategia. En lugar de poner el foco en el presupuesto, el desafío es concentrar los esfuerzos en mejorar la gestión educativa.
(*) Economista, coordinadora de Idesa
