La reciente desaceleración de la inflación ha sido recibida con optimismo por parte del Gobierno, que celebra estos logros como indicadores de una gestión económica efectiva. Sin embargo, detrás de esto se esconden factores preocupantes que podrían cuestionar la sostenibilidad de esta tendencia a largo plazo.
Reducción de gastos por licuación de jubilaciones
En enero, el Sector Público Nacional registró un superávit financiero de $ 518.408 millones, siendo este el primer superávit en casi 12 años. Este resultado se atribuye a una gestión orientada hacia la reducción del déficit, que se redujo un 37%.
La reducción del déficit fiscal se logró principalmente licuando jubilaciones y programas sociales El gasto en jubilaciones y pensiones experimentó una caída real del 43,2%.
El ajuste en las asignaciones presupuestarias para la protección social, más que una mera reducción del poder adquisitivo de los beneficiarios, refleja una estrategia subyacente que se sostiene a través de la inflación. Esta licuación de los gastos sociales, efectiva en el corto plazo, enfrenta un dilema estructural: su viabilidad depende directamente de mantener niveles elevados de inflación. A medida que esta disminuye, el gasto en protección social como porcentaje del PIB inevitablemente aumenta, desvelando las fragilidades de esta aproximación. Aunque el impacto social de estas medidas emerge como una preocupación secundaria, no deja de ser crucial, al contemplar las consecuencias de largo alcance que esta dinámica puede generar en la población más vulnerable.
Gastos no pagados
Otro tema que apunta a la insostenibilidad de la reducción del gasto es que se logró posponiendo pagos, que en algún momento tendrán que ser afrontados.
Ejemplos de esto son las deudas con las cajas de jubilaciones y con el sector energético. La falta de pago o el retraso en el cumplimiento de estas obligaciones, especialmente sin una estrategia clara para abordar el pasivo acumulado con el sistema de jubilaciones y el déficit en el sector energético, sugiere que cualquier mejora en la reducción del gasto es temporal. El resultado positivo es transitorio, ya que en algún momento estas deudas deberán ser efectivamente pagadas.
Caída de la actividad económica
Igual de alarmante es la caída del 28,5% en el consumo minorista durante enero de 2024. Este desplome en el consumo es un claro indicativo de la erosión del poder adquisitivo de los argentinos. Este deterioro del consumo impacta directamente en la dinámica de formación de precios.
La caída en la actividad económica también puede haber contribuido a una menor presión inflacionaria, pero no es sostenible a largo plazo. Frenar la actividad económica como estrategia para controlar la inflación resulta ser una solución de corto alcance. Esta táctica no es viable ni sostenible en el tiempo.
La dependencia continua en la desaceleración económica para combatir la inflación conlleva una menor demanda de mano de obra, aumentando las tasas de desempleo, desincentiva la inversión y los ingresos tributarios se ven afectados negativamente por una economía frenada. La combinación de desempleo, reducción de ingresos y menor recaudación puede exacerbar los problemas sociales, como la pobreza y la desigualdad, mostrando así la insostenibilidad a largo plazo de esta baja en la inflación.
Hacia una solución estructural
Es imprescindible migrar de un ajuste fiscal transitorio, basado en aprovechar la aceleración inflacionaria para licuar gastos, el freno de pagos para un superávit temporario y la caída en la actividad económica, hacia una reducción sostenible en los gastos junto con una mejora en la calidad de las intervenciones del Estado.
Un ordenamiento integral del Estado implica abordar los problemas de Argentina desde dos frentes fundamentales: la reforma del sistema tributario para optimizar los ingresos y la mejora en la gestión del gasto público. Desde la perspectiva de los ingresos, un sistema tributario más eficiente, equitativo y menos distorsivo es crucial. En cuanto al gasto, la reforma debe centrarse en mejorar la eficiencia y la efectividad del gasto público, eliminando superposiciones entre jurisdicciones y alentando mejoras en la gestión de los estamentos públicos.
