Este domingo 8, los cinco postulantes presidenciales protagonizarán el segundo debate electoral al que los obliga la ley. En la agenda de temas fijada de antemano, figura el eje “Trabajo y producción”.
Sería deseable escuchar allí su visión sobre la crítica situación del sistema previsional argentino y alguna propuesta seria para reconstituir su sostenibilidad.
En mayor o menor dosis, para todos los argentinos que concluirán su vida laboral activa en las próximas décadas y piensan vivir de una jubilación el panorama aparece incierto y preocupante.
La crítica situación económica del país cimentó el camino a un consenso: el gasto público tiene que perder volumen porque resulta insostenible en su actual magnitud y debe ser reasignado de manera más eficiente.
El régimen de jubilaciones y pensiones, principal componente del gasto público –cuyo financiamiento demanda alrededor de un 11% del PIB–, aparece como uno de los ineludibles territorios de la tijera. Su sostenibilidad no sólo está en jaque por ese motivo: el avance del envejecimiento poblacional y también del trabajo informal y precario (no aportante al sistema) empiezan a jaquearlo de manera cada vez más contundente.
La magnitud del problema es enorme. En Argentina, el 55% de la población no llega a los 30 años de aportes regulados y se termina jubilando gracias a moratorias, según cuantifica un estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), presentado esta semana en el coloquio de Idea junto a una propuesta de reforma para salir de esa situación.
En 2021, por ejemplo, casi el 70% de las altas en el régimen general fueron a través de moratorias. El efecto destacable de estas políticas –iniciadas en 2005– es la alta cobertura que logra el sistema: 95% de las personas mayores, de las más altas de la región.
Eso, sin embargo, se paga en insolvencia creciente y en jubilaciones magras: como consecuencia de la baja densidad de aportes al ingresar a moratorias, la gran mayoría cobra el haber mínimo (88%), destaca el Cippec.
La situación es reflejo del estado del mercado laboral, caracterizado por altos niveles de informalidad y crecimiento sostenido de modalidades precarias de empleo, con aporte acotado al sistema previsional (monotributo).
Entre la población económicamente activa del Gran Córdoba, los datos del Indec revelan que de cada 10 personas, cinco no realizan aportes previsionales (informales, desempleados) o lo hacen en acotada magnitud (cuentapropistas no profesionales). En el segmento empleado con mayor estabilidad (privados en relación de dependencia), la cantidad de informales llegó a superar a la de registrados durante buena parte de 2021 y 2022.
Una foto muy similar, o incluso peor, se replica en todo el país.
Se trata de una configuración muy difícil de revertir en el mediano plazo en una economía en la que el empleo de mayor calidad crece de manera muy marginal en los últimos años. A la vez, avanzan fenómenos como la economía de plataformas y su nuevo esquema laboral, sin relación de dependencia. Uber asegura que en Córdoba tiene al menos 2.600 conductores, y entre Rappi y Pedidos Ya redondean casi cuatro mil repartidores activos, sólo por citar dos ejemplos.
177 regímenes de excepción
Otra causa de la falta de sustentabilidad creciente que acusa el sistema previsional es su enmarañado y poco equitativo diseño. El Cippec pone la lupa en los 177 regímenes de excepción diferenciales, especiales, provinciales, profesionales o no contributivos vigentes en el país, de los cuales 175 son deficitarios. Jubilados cuyo beneficio es similar al régimen general, pero con requisitos de edad o servicios menores; y regímenes que permiten obtener jubilaciones mayores.
Para todo ese universo, el haber promedio es 85% superior a la media del resto.
¿Cómo salir de la encerrona? La propuesta presentada en Idea recomienda ir a una combinación de componente universal fijo, que mantenga la alta cobertura del sistema, pero combinado con otro contributivo, que premie los aportes realizados por el trabajador.
Como paso inmediato, sugiere dejar de aprobar regímenes diferenciales; algo no menor, dado que entre 2020 y 2021 se presentaron 33 proyectos de ampliación o creación de nuevos.
El segundo paso es más complejo e implica una desafiante discusión social y política: determinar sobre qué sectores corresponde mantener beneficios excepcionales (trabajos insalubres, por ejemplo) y cuáles deben desmontarse en pos de la equidad y solvencia. Un debate que también se impulsa hace tiempo desde otros ámbitos, como el Instituto para el Desarrollo Social Argentino, y que se presenta cada vez más ineludible.
