La última década en Argentina estuvo marcada por un estancamiento productivo persistente y por una fuerte caída del poder adquisitivo. Según datos del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Trabajo, al comparar 2024 con 2013, el producto interno bruto (PIB) es un 2,5% menor, mientras que el salario real se redujo un 25%. En el mismo período, el empleo asalariado registrado en empresas privadas creció apenas un 2,4%.
Estos datos revelan una dinámica clara: el empleo formal logró sostenerse, pero a costa de una profunda pérdida de ingresos reales. Aun con esta significativa caída del salario, la creación de nuevos puestos formales fue escasa. La mayoría de los tres millones de personas que se incorporaron al mercado laboral en la última década lo hizo en condiciones precarias: 40% como monotributistas y el resto como asalariados no registrados o cuentapropistas informales.
Este deterioro en la calidad del empleo tuvo consecuencias sociales relevantes. La pobreza, que se ubicaba en torno al 30% en 2016 (primer año en que se volvió a medir con regularidad), alcanzó el 46% en 2024.
Durante buena parte de este período, la inflación operó como un mecanismo de ajuste. La licuación de salarios permitió preservar cierto nivel de empleo formal aun en un contexto de baja actividad. Sin embargo, este mecanismo está llegando a su límite.
¿Qué implica un escenario de mayor estabilidad?
Con la estabilización de la inflación y la relativa calma cambiaria, se reduce la capacidad de seguir ajustando por vía de los precios. En este nuevo escenario, si no se avanza en reformas estructurales, es probable que el ajuste se traslade al nivel de empleo.
La estabilidad cambiaria es una buena noticia en términos de previsibilidad y control de precios, pero no ha resuelto los problemas de fondo. La competitividad sigue comprometida. El atraso cambiario persiste, y sin mejoras en otras variables clave –como productividad, costos y regulaciones–, la pérdida de competitividad tenderá a agravarse.
En este contexto, el riesgo es que, sin inflación que funcione como válvula de escape, la rigidez estructural termine impactando en el mercado laboral.
¿Cómo generar empleo de calidad?
Para revertir esta dinámica, es necesario avanzar hacia un entorno más favorable a la inversión, la productividad y la creación de empleo formal y sostenible. Esto exige abordar reformas estructurales que hoy siguen pendientes.
Entre los desafíos centrales, se encuentran la alta presión tributaria sobre la producción, las rigideces del mercado laboral, las carencias de infraestructura logística y las debilidades en los sistemas educativo y de protección social.
La complejidad de esta agenda es alta, en parte porque muchas de las soluciones requieren coordinación entre distintos niveles de gobierno. Por ejemplo, una reforma tributaria que mejore la competitividad del aparato productivo sólo será viable si hay acuerdos entre Nación, provincias y municipios. Lo mismo ocurre con la inversión en infraestructura, que debe incluir tanto obras locales como interprovinciales, muchas de ellas bajo responsabilidad nacional.
