Una manera simple de identificar la pérdida o la ganancia de poder adquisitivo es comparando la evolución del índice de salarios con la evolución de la inflación.
El dato del mes de agosto indica que los salarios perdieron poder de compra, ya que aumentaron 6,5% y la inflación lo hizo en un 7%. Como se observa en el gráfico, los salarios crecieron un 74% respecto a agosto del año pasado y se ubicaron por debajo del aumento interanual de la inflación, que llegó al 79%.
Ahora bien, la situación no es la misma si se tienen en cuenta las características de los distintos grupos que conforman el mercado de trabajo, es decir, entre trabajadores registrados y no registrados, o entre aquellos que se desempeñan en el sector privado o en el sector público.
Desde el vamos, los trabajadores informales son los más perjudicados, ya que están fuera del sistema registral y, por lo tanto, no gozan de los mismos aumentos salariales que los formales, cuyos aumentos quedan firmemente establecidos tras las negociaciones colectivas.
En agosto, los salarios de los trabajadores informales aumentaron 1,6 puntos menos que la inflación, y en 2022 van perdiendo más de un 11% de su poder adquisitivo. Los trabajadores formales, por su parte, aumentaron sus salarios 6,7%, es decir, 0,3 puntos por debajo de la inflación. Acumulan así una pérdida de 1,5% en 2022.
Los números indican que gran parte de la caída en el poder adquisitivo de agosto se explica por la disminución en el salario real de los trabajadores del sector público. En el caso de los privados, el aumento salarial superó a la inflación de agosto, lo que les permitió recuperar parte de su poder de compra. No obstante, en lo que va del año también se ubican por debajo de la inflación.
¿Qué ocurre si indexamos la economía?
Cuando los salarios, así como las jubilaciones, los alquileres o las tarifas, se ajustan periódicamente a la inflación, hablamos de una economía indexada. Esto es lo que ocurre hoy en Argentina, en la que aún sigue vigente el artículo 10 de la Ley de Convertibilidad, que prohíbe la indexación de los contratos. Esto es, incluir en los contratos una cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional de ajuste en la suma de pesos que corresponda pagar.
Vemos, entonces, que la actualización por inflación ocurre, y de diversas formas. En lo que respecta a los salarios, estos se negocian año a año, principalmente por las organizaciones sindicales y sectoriales, sobre la base de una estimación del aumento de precios para todo el año. Estos ajustes también pueden realizarse a nivel empresa, tomando como referencia, o piso, lo establecido a nivel sectorial. El salario de los asalariados informales también puede ajustarse de acuerdo con las variaciones sindicales o sectoriales, pero la irregularidad en la forma de contratación deja al trabajador en una situación de desventaja para la negociación.
El ajuste de los salarios también puede variar de acuerdo con el tipo de empleo (formal o informal), sector (privado o público), pero también según la rama de la economía. Esto es así en gran parte por el peso desbalanceado de los sindicatos, pero también por características estructurales del sector: no es lo mismo la minería, que paga salarios ampliamente superiores al promedio de la economía, que hoteles y restaurantes, que pagan salarios más bajos. Pero en todos los casos, en mayor o menor medida, hay ajustes por inflación.
La situación de los cuentapropistas es también un mundo aparte. Si bien a todo este segmento se lo suele considerar como informal, la situación de un profesional no es la misma que la de un trabajador con oficio o la de uno sin calificación (que hace “changas”, por ejemplo). En los dos primeros casos, y sobre todo los profesionales, la calificación otorga cierto poder de negociación, a diferencia de los trabajadores de baja o nula calificación, quienes terminan convirtiéndose en uno de los segmentos más golpeados por la inflación.
Otro ejemplo relevante es el de los contratos de alquiler. Estos están exceptuados de lo dispuesto en la Ley de Convertibilidad, por lo que se realizan ajustes anuales con un índice conformado por la variación de la inflación y de la remuneración promedio de los trabajadores estables. En el mismo sentido, y para las jubilaciones, se aplica la fórmula de movilidad, que tiene en cuenta la variación de los recursos tributarios de Anses y del índice de salarios.
Todos estos ejemplos de indexación constituyen un factor adicional, y para nada despreciable, que alimenta la inflación. En la jerga económica, este fenómeno se conoce como “la espiral de precios y de salarios”, un bucle prolongado en el que la inflación provoca aumentos salariales, y estos a su vez presionan sobre los precios, provocando nuevos aumentos de inflación.
Cabe aclarar que esto se aplica a todo el sistema de precios, no sólo a los salarios. Justamente por esta razón se prohibió la indexación de contratos en 1991, dado que era imperante salir de la espiral de aumentos de precios que había culminado en una hiperinflación.
Se actúa sobre las consecuencias de la inflación y no sobre sus causas
Cuando la inflación es cada vez más alta, y las expectativas comienzan a estar por encima de los pronósticos, los agentes económicos responden a la inflación protegiéndose y adelantándose a los aumentos en los precios de los bienes y servicios. Esto lleva a aumentos más altos y frecuentes en las negociaciones colectivas, ajustes de los alquileres, e incluso a cambios en las fórmulas de movilidad jubilatoria, según el gobierno de turno.
Estos mecanismos de anticipación y de protección contra la inflación generan, paradójicamente, más inflación. Es por ello que la solución no está en permitir o en prohibir la indexación, o en modificar constantemente las fórmulas de ajuste, sino en atacar las causas de la inflación. Para esto, es esencial mejorar la forma de administración de las cuentas públicas, empezando por reordenar el gasto público.
Un Estado con las cuentas equilibradas es un Estado que no debe recurrir a la emisión para financiarse y que genera la confianza y los incentivos suficientes como para no necesitar aplicar cepos y restricciones que sólo generan burocracia, especulación y, finalmente, más inflación. Se evitarían así todas estas fuentes que en última instancia generan y fogonean los aumentos de precios.
* Economista de Idesa
