Que una persona intente matar de un disparo en la cabeza a la vicepresidenta del país debería generar preocupación y repudio generalizado como primera reacción epidérmica, más allá de nombres propios y preferencias partidarias.
Sin embargo, aunque en una buena cuota de la población justamente eso provocó en las primeras horas el ataque sufrido por Cristina Fernández, en otro sector no menos amplio de la ciudadanía –quizá hasta mayoritario– la reacción reinante fue de escepticismo, de desconfianza sobre la veracidad del hecho.
La incredulidad no sólo brotó entre antikirchneristas intransigentes. La analista de opinión pública Shila Vilker destaca con sorpresa algo que sus encuestas más frescas ya confirmaron: “Incluso un segmento de los votantes del Frente de Todos es tentado por el encuadre de la farsa”, señaló en medios.
En Córdoba, los comentarios del tipo “es todo mentira” se replicaron en verdulerías, chats de amigos y asados postfútbol de aquel jueves, y ganaron masividad en las redes sociales.
La reacción de inquietud y rechazo casi unánime que sí mostró la dirigencia política en las primeras horas poco hizo para convencer a tanta gente descreída. ¿De dónde sale tamaño alud de desconfianza? ¿En qué momento se hizo tan profunda la desconexión entre la clase política y el argentino (y el cordobés) de a pie?
Cinco veces más
Desde aquel jueves, muchos analistas apuntan razones de diversa índole y larga data para tal divorcio. Sumemos un ejercicio posible: explorar la situación salarial de los cordobeses como un modo más de dimensionar hasta qué punto dirigencia y votantes habitan dos mundos cada vez más lejanos, donde tanto placeres como preocupaciones, anhelos y escala de prioridades se disocian cada vez más.
Con la inflación galopando desbocada, la distancia creciente entre ingresos y precios se convirtió en la mayor preocupación y fuente de angustia para la enorme mayoría de la población. Datos recientes publicados por La Voz dan cuenta de la enorme erosión que acusan los sueldos del tercio mejor empleado de los cordobeses: los asalariados formales del sector privado. Cuentapropistas e informales cobran, en promedio, entre 40 y 50 por ciento menos que ese segmento, revelan las mediciones oficiales.
El informe elaborado por Idesa sobre estadística del Ministerio de Trabajo muestra que la remuneración bruta promedio sin aguinaldo es de 136.981 pesos mensuales, que en el bolsillo queda en torno de 109 mil pesos. La cifra no llega a cubrir la canasta básica total relevada por el Indec en julio para el funcionamiento de una familia tipo (dos adultos y dos niños) a nivel nacional, y menos aún la computada en Córdoba por el Centro de Almaceneros: 119.219 pesos.
Si ese promedio se diversifica en el que se gana en cada una de las 243 actividades laborales relevadas, sólo en un tercio de ellas (81) el ingreso se ubica por encima de las canastas. El resto se mueve por debajo.
Por ejemplo, entre los trabajadores del rubro “enseñanza”, el más masivo relevado en el sector privado, el bruto promedio mensual de julio es de casi 95 mil pesos. “Construcción de edificios”, el segundo mayor colectivo de gente, acusa un promedio de 87 mil pesos, y el grupo que le sigue en número, trabajadores en servicios relacionados a la salud humana, 140.778 pesos en bruto. Todos llegan al bolsillo menguados en al menos un 20 por ciento.
Crucemos ahora la calle hacia la realidad de buena parte de la dirigencia política de primera línea, aquella que saludablemente tuvo el tiempo y el ánimo de mensurar la gravedad de lo ocurrido a la vicepresidenta.
Según datos de la web oficial, el salario básico de un legislador provincial fue en julio de 527.053 pesos. El de un diputado nacional es de 496.580,18 pesos (bruto), más 45.603,20 de gastos de representación; y el de un senador nacional es similar al de un diputado, más 25 mil pesos de gastos de representación. Los datos están consignados en un proyecto reciente del diputado radical Alejandro Cacace que busca que ningún salario en los poderes públicos supere al del Presidente.
Deja un capítulo especial para el Poder Judicial, lejos el mejor remunerado: el básico de un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es de 963.581 pesos, por ejemplo.
A todos esos números deben sumarse ítems diversos que elevan aún más la sideral distancia que los separa de los sueldos del empleo privado; un mundo donde, además, abundan el pluriempleo y la incertidumbre. Volviendo al planteo de inicio, ¿de verdad sorprende tanto descreimiento?
