El mecanismo es muy tentador como para que un Estado necesitado de dinero lo deje pasar: no hacer nada y recaudar más. Cualquier lógica diría que en un país inflacionario, para que el espíritu de las leyes tributarias se mantenga en el tiempo, sus parámetros de cálculo deberían actualizarse al ritmo de la suba de precios.
Pero en Argentina, las autoridades desafían lo razonable y acomodan los textos para su mejor conveniencia. Por eso prefieren evitar el corsé de actualizaciones automáticas basadas en indicadores objetivos y lo reemplazan por modificaciones discrecionales.
Mínimos no imponibles, montos exentos, deducciones, límites de facturación y escalas de alícuotas deberían seguir a la inflación para mantener el peso de los gravámenes tal y como los aprobó el Congreso. Pero si estas variables no se modifican o suben menos que los precios, la presión tributaria aumenta por dos vías: más contribuyentes quedan alcanzados y pagan más quienes ya tributaban.
Un vicio conocido
El caso más resonante de las últimas dos décadas fue el del Impuesto a las Ganancias. Las deducciones y la escala de alícuotas que habían quedaron congeladas en la convertibilidad no tuvieron un ajuste automático al volver la inercia inflacionaria, sino cambios discrecionales que otorgaba el Gobierno al vaivén de sus recursos o de sus necesidades políticas.
Este tema se subsanó cuando se estableció una actualización anual por ley en la reforma de 2017. Aunque el indicador no es perfecto (se ajusta por salarios en lugar de hacerlo por precios), es un gran avance y para 2021 las variables aumentan 35,38 por ciento.
Pero en otros tributos no sucedió lo mismo y las autoridades aprovecharon los vacíos normativos para que la inflación aumente la presión impositiva. Tres ejemplos de esto son el Monotributo, el impuesto sobre los Bienes Personales y las contribuciones patronales.
Golpe a los más chicos
Lo que está sucediendo por estos días con el régimen simplificado muestra dejadez o una intencionalidad de complicarle la vida a los monotributistas.
Este mes vence la recategorización semestral del Monotributo (prorrogada hasta el 31 de enero desde el 20 original). Para este trámite, los límites de facturación de las categorías y de la exclusión se deberían actualizar en forma automática en función de la movilidad previsional de 2020, desde el primer día del año. Como la movilidad se suspendió, la Afip interpretó que no puede actualizar las tablas por resolución y necesita una ley. Esto se conoce hace más de un año, pero recién hace un par de semanas se envió el proyecto al Congreso para adecuar los montos.
Como aún no se trató la iniciativa, los monotributistas se tendrán que recategorizar con los valores desactualizados de 2020 y, si quedan excluidos por menos del 25 por ciento, realizar luego un trámite para acogerse a los beneficios que prevé el proyecto de ley, en el momento que se apruebe.
En el caso del impuesto sobre los Bienes Personales, además del fuerte incremento de tasas en el período 2019 que se pagó el año pasado, para el año fiscal 2020 no se actualizó ni el mínimo no imponible (quedó en dos millones), ni la vivienda única exenta, ni las escalas de alícuotas.
Y en las contribuciones patronales que pagan los empleadores, a fin de 2019 también se suspendió la actualización por inflación del mínimo no imponible (además de otros beneficios, que se habían fijado en 2017) y se la reemplazó por un intrincado sistema de montos fijos y alícuotas diferenciadas por tamaño y actividad del empleador. Como todo es discrecional, hay que esperar para ver qué valores se aplicarán en 2021.
