PHOENIX (AP) — Una aerolínea de bajo costo que sirve principalmente a pequeñas ciudades de Estados Unidos comenzó el lunes vuelos de deportación federales desde Arizona, lo que ha inspirado una petición de boicot en línea y fuertes críticas del sindicato que representa a los asistentes de vuelo de la aerolínea.
Avelo Airlines anunció en abril que había firmado un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional para realizar vuelos chárter de deportación desde el Aeropuerto Mesa Gateway, en las afueras de Phoenix. Dijo que utilizará tres aviones Boeing 737-800 para los vuelos.
La aerolínea con sede en Houston es una de varias empresas que buscan beneficiarse de la campaña del presidente Donald Trump para deportaciones masivas.
Las deliberaciones en el Congreso comenzaron el mes pasado sobre un proyecto con el objetivo de financiar en parte la expulsión de un millón de inmigrantes anualmente y albergar a 100.000 personas en centros de detención en Estados Unidos. El plan del Partido Republicano propone contratar a 10.000 oficiales e investigadores adicionales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Avelo fue lanzada en 2021 cuando el COVID-19 aún estaba en auge y miles de millones de dólares de los contribuyentes estaban apoyando a las grandes aerolíneas. Ahorra dinero principalmente volando aviones Boeing 737 más antiguos que se pueden comprar a precios relativamente bajos. Y opera desde aeropuertos secundarios menos concurridos y menos costosos, cubriendo rutas que son ignoradas por las grandes aerolíneas. Dijo que tuvo su primer trimestre rentable a finales de 2023.
Andrew Levy, fundador y director ejecutivo de Avelo, declaró al anunciar el acuerdo el mes pasado que el trabajo de la aerolínea para ICE ayudaría a la empresa a expandirse y proteger empleos.
"Sabemos que este es un tema sensible y complicado", expresó Levy, un veterano de la industria aérea con experiencias previas como ejecutivo senior en United y Allegiant Airlines.
Avelo no aceptó un pedido de entrevista de The Associated Press.
Los detalles financieros del acuerdo, incluidos los destinos de los vuelos de deportación, no han salido a la luz pública. La AP solicitó a Avelo y a ICE una copia del acuerdo, pero ninguno proporcionó el documento. La aerolínea indicó que no estaba autorizada para divulgar el contrato.
Varias aerolíneas han evitado asociarse con las deportaciones, un tema altamente volátil que podría alejar a los clientes. Durante el primer mandato de Trump, las autoridades alojaron a niños migrantes en hoteles, lo que llevó a algunas cadenas hoteleras a decir que no participarían.
Muchas empresas en el negocio de las deportaciones, como los proveedores de centros de detención The Geo Group y Core Civic, dependen poco del consumo público. No es el caso de Avelo, cuyo acuerdo con el gobierno inspiró la petición de boicot en change.org y atrajo críticas del sindicato de asistentes de vuelo de la aerolínea, que citó la dificultad de evacuar a los deportados de un avión en una emergencia dentro del estándar federal de 90 segundos o menos.
"Tener un vuelo completo de personas esposadas y encadenadas dificultaría cualquier evacuación y crearía el riesgo de lesiones o muerte", señaló la Asociación de Asistentes de Vuelo-CWA en un comunicado. "También impide nuestra capacidad de responder a una emergencia médica, incendio a bordo, descompresión, etc. No podemos hacer nuestro trabajo en estas condiciones".
En New Haven, Connecticut, donde Avelo vuela desde el Aeropuerto Tweed New Haven, el alcalde demócrata Justin Elicker instó al CEO de Avelo a reconsiderar. "Para una empresa que se presenta como 'la aerolínea local de New Haven', esta decisión empresarial es antitética a los valores de New Haven", sostuvo Elicker en un comunicado.
El lunes se llevaron a cabo protestas fuera de los aeropuertos en Arizona y Connecticut.
En Mesa, más de 30 manifestantes se reunieron en una carretera que conduce al aeropuerto, sosteniendo carteles que denunciaban los esfuerzos de deportación de Trump. En Connecticut, alrededor de 150 personas se congregaron fuera del Aeropuerto Tweed New Haven, pidiendo a los viajeros que boicotearan a Avelo.
John Jairo Lugo, cofundador y director de organización comunitaria de Unidad Latina en Acción en New Haven, afirmó que los manifestantes esperan crear un incentivo financiero para que Avelo desista de colaborar en las deportaciones.
"Necesitamos causar daño económico a la empresa para realmente convencerlos de que deberían estar del lado de la gente y no del gobierno", manifestó Lugo.
Mesa, un suburbio de Phoenix con alrededor de 500.000 habitantes, es uno de los cinco centros de ICE Air, la operación de transporte aéreo de la agencia de inmigración. ICE Air operó casi 8.000 vuelos en un período de 12 meses hasta abril, según el grupo de defensa Witness at the Border.
ICE contrata a un corredor aéreo, CSI Aviation, que contrata a dos transportistas chárter —GlobalX y Eastern Air Express— para realizar la mayoría de los vuelos, aseguró Tom Cartwright, quien rastrea datos de vuelos para Witness at the Border.
Añadió que es inusual que transportistas comerciales de pasajeros llevaran a cabo vuelos de deportación.
"Siempre ha sido con un corredor aéreo que luego contrata a los transportistas, y los transportistas no han sido transportistas comerciales regulares, o lo que yo llamo transportistas minoristas, que venden sus propios boletos", afirmó Cartwright. "Al menos desde que he estado involucrado (en el seguimiento de vuelos de ICE), todos han sido empresas chárter".
Avelo será un subtransportista bajo un contrato mantenido por CSI Aviation, con sede en Nuevo México, que no respondió a preguntas sobre cuánto dinero ganaría Avelo bajo el acuerdo.
Avelo ofrece servicio de pasajeros a más de 50 ciudades en Estados Unidos, así como ubicaciones en Jamaica, México y la República Dominicana. Avelo no opera servicio regular de pasajeros comerciales desde el Aeropuerto Mesa Gateway, indicó el portavoz del aeropuerto Ryan Smith.
En febrero de 2024, Avelo dijo que tuvo su primer trimestre rentable, aunque no proporcionó detalles. En una entrevista dos meses después con la AP, Levy se negó a proporcionar cifras, diciendo que la aerolínea era una empresa privada y no tenía necesidad de proporcionar esa información públicamente.
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La corresponsal Susan Haigh en Hartford, Connecticut, contribuyó para esta nota.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
