LIMA (AP) — Tres agencias de Naciones Unidas pidieron el lunes a Perú que derogue una ley promulgada el fin de semana que juzgará como adultos a los adolescentes de 16 y 17 años que cometan algunos delitos graves y los enviará a cárceles de adultos en medio de una ola criminal que afecta al país sudamericano.
En un comunicado el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito instaron a Perú a dotar de recursos al sistema de justicia juvenil “para abordar los hechos de violencia que afectan la seguridad ciudadana y garantizar la prevención y reinserción social de los adolescentes que cometen delitos”.
La ley permite que los adolescentes sean juzgados como adultos cuando cometan algunos delitos graves incluidos el asesinato de autoridades, parricidio, feminicidio, sicariato o violación sexual. Perú tiene 1.997 adolescentes en centros de rehabilitación, de los cuales 31 son por feminicidio, parricidio y sicariato y 332 por violación sexual, según datos oficiales disponibles de marzo.
La norma promulgada por la presidenta peruana Dina Boluarte ha recibido críticas de otros organismos, incluidos la fiscalía, el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo, que han coincidido en diversos comunicados que la ley es inconstitucional y contraria a los tratados internacionales firmados por Perú.
El Poder Judicial indicó que los jueces están facultados a no aplicar la ley y la fiscalía añadió que la norma “no es eficiente” para los objetivos que persigue, mientras que la Defensoría del Pueblo sostuvo que no considera la evidencia científica en psicología y neurociencias, “que señala que el cerebro adolescente está en desarrollo, impactando el control de impulsos, toma de decisiones y evaluación de riesgos”.
Las agencias de Naciones Unidas indicaron que “estadísticas oficiales demuestran que el 98% de los casos de criminalidad registrados son cometidos por adultos” por lo que la norma “no será significativa en la reducción de la criminalidad que afecta al país”.
En el comunicado de la ONU se añade que, por el contrario, la ley acrecienta “el riesgo de que los adolescentes que cumplan penas junto con adultos, lejos de lograr la rehabilitación social, sean influenciados por el entorno para continuar una trayectoria criminal”.
La fiscalía recordó que en Perú ya existe un sistema de tratamiento a los adolescentes que infringen la ley penal. “Ellos reciben medidas socioeducativas severas de hasta 10 años de internamiento, dentro de un enfoque resocializador del adolescente reconociendo que se trata de una persona en formación”
Perú sufre una ola criminal que se evidencia en el incremento de los asesinatos y extorsiones. Desde comienzos de año y hasta el 10 de mayo se contabilizaron 803 asesinatos, mientras en el mismo periodo de 2024 hubo 657. La cifra de 2025 es la mayor desde 2017 cuando Perú comenzó a contar las muertes en un Sistema Informático Nacional de Defunciones.
A la ola de asesinatos se suman las extorsiones cuyas denuncias aumentaron 14% en el primer trimestre de 2025 y sumaron 6.412 en comparación con el mismo periodo de 2024 que alcanzó la cifra de 5.640, segun datos de la policía.
