SAO PAULO, Brasil (AP) — Con poco alboroto y prácticamente sin publicidad, los legisladores del estado brasileño de Rondonia aprobaron un proyecto de ley a favor de cientos de ganaderos que habían convertido ilegalmente extensiones de la selva de la Amazonía en tierras de pastoreo.
La nueva legislación, que fue aprobada el 28 de abril y entró en vigor de inmediato, también otorga amnistía a los mataderos que compraron ganado criado ilegalmente dentro de lo que había sido el área de conservación de Jaci-Paraná, la cual la nueva ley disuelve efectivamente.
“Todas las multas, avisos de infracción y otras sanciones administrativas relacionadas con la ocupación y uso del área quedan automáticamente anuladas y no tienen consecuencias legales o financieras”, estipula la ley.
Uno de los beneficiarios de la amnistía probablemente sea JBS SA, el mayor empacador de carne del mundo, que está a punto de comenzar a vender acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York en junio. Según una auditoría de 2023 del Servicio de Fiscalía Federal de Brasil, el 12% del ganado comprado por JBS en Rondonia provino de áreas deforestadas ilegalmente.
A cambio de la amnistía, los ganaderos deben unirse al programa de regularización ambiental de Rondonia, que les exige detener la deforestación y presentar un plan para reforestar parte del área. La ley no les otorga la tierra pública, pero permite su uso bajo concesión por 30 años. También se les permitirá vender ganado, a pesar de una ley que prohíbe el ganado comercial en las áreas protegidas de Brasil. Según la división estatal de animales, alrededor de 216.000 cabezas de ganado pastan en esa zona.
“La ley es un atropello. Si no se declara inconstitucional, representará una de las mayores amenazas para la protección de todas las áreas de conservación que enfrentan invasiones de tierras”, señaló Wellington Lamburgini, coordinador de la Comisión Pastoral de la Tierra local, una organización sin fines de lucro afiliada a la Iglesia católica. "Envía el mensaje de que este crimen es tolerado y eventualmente será legalizado".
El legislador estatal Luís do Hospital, quien patrocinó el proyecto de ley; Alex Redano, presidente del parlamento estatal, y JBS declinaron hacer comentarios.
La expectativa de que se autorizara el uso de la tierra trabajada ilegalmente ha sido el principal impulsor de la deforestación en la Amazonía.
Los acaparadores de tierras despejan terrenos con la esperanza de que eventualmente se legalicen debido a leyes de tierras laxas o amnistías gubernamentales. En la mayoría de los casos, la selva tropical se limpia para el pastoreo con el fin de mostrar actividad económica.
En los últimos años, la fiscalía general de Rondonia, la fiscalía estatal y la agencia ambiental han multado y procesado a cientos de ganaderos y cuatro mataderos por causar daños dentro del área de conservación de Jaci-Paraná, donde está prohibida la cría de ganado a gran escala.
Las multas y los acuerdos jurídicos pendientes suman 280 millones de dólares, una fracción de los más de 1.000 millones de dólares en daños estimados por el estado de Rondonia. Muchos de los 778 invasores de tierras identificados nunca han sido procesados. Aunque varios han sido declarados culpables, la mayoría ha escapado de un castigo debido a los vacíos legales.
La fiscalía estatal comentó a The Associated Press que está considerando apelar la nueva ley.
Por su parte, la fiscalía general declinó hacer comentarios.
En diciembre de 2023, el fiscal del estado demandó a JBS y a otros tres mataderos por comprar ganado criado en Jaci-Paraná. Meses después, se ordenó a dos de los mataderos —Distriboi y Frigon— junto con tres ganaderos, pagar 764.000 dólares por causar daños ambientales. Ninguna de las empresas respondió a las solicitudes de comentarios.
JBS enfrenta tres demandas pendientes de juicio. En una de ellas, la empresa argumentó que tiene un programa de monitoreo ambiental que ha bloqueado más de 20.000 granjas tan sólo en Rondonia, según la defensa de la empresa incluida en los documentos judiciales. También afirma que la demanda se basa en la compra de apenas 73 cabezas de ganado, lo que representa el 0.0006% de las compras de la empresa en el estado.
Según la compañía, la transacción, que tuvo lugar hace 12 años, involucró fraude por parte del ganadero, ya que utilizó coordenadas geográficas fuera de la reserva de Jaci-Paraná para hacer que la venta pareciera legal. Desde entonces, el productor ha sido bloqueado para futuras ventas.
“La mera existencia de esta demanda, incluso si finalmente no tiene éxito, podría causar un daño incalculable a JBS y, por extensión, a la economía de Brasil, a la cual la empresa contribuye significativamente, representando aproximadamente el 2,1% del PIB nacional”, señaló la empresa en documentos entregados a la corte.
En una declaración a The Associated Press, el procesador de carne dijo que a partir del 1 de enero de 2026, únicamente comprará ganado de productores inscritos en su Plataforma de Ganadería Transparente, que permite a los ganaderos registrar información sobre sus propios proveedores, quienes también estarán sujetos a los criterios de cumplimiento socioambiental de JBS.
El mes pasado, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos aprobó la cotización de JBS en la Bolsa de Valores de Nueva York a pesar de la fuerte oposición de grupos ambientalistas.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
