SANTIAGO (AP) — Una comisión gubernamental en Chile recomendó el martes restituir tierras y reparar el daño a las víctimas de la violencia como una vía para avanzar en resolver el conflicto histórico entre el pueblo indígena mapuche, latifundistas y el Estado chileno que ha marcado el sur del país.
El presidente chileno, Gabriel Boric, recibió el martes el informe final de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, conformada por cuatro representantes mapuches y cuatro de diferentes tendencias políticas, en el que se recoge lo que consideran la base para una “paz duradera” en la llamada Macrozona Sur del país, que se encuentra en estado de excepción desde 2022.
Sin embargo, expertos apuntan a que este último intento de lograr la paz aún tiene un camino largo.
A continuación, un repaso al conflicto mapuche en Chile y las recomendaciones para intentar solucionarlo:
La llamada Macrozona Sur de Chile está conformada por las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, y abarca el territorio ancestral de los pueblos originarios del país, en especial los mapuches.
Tras la conquista, resistieron por más de 300 años al dominio español y lograron mantener sus territorios hasta finales del siglo XIX, cuando el ya consolidado Estado chileno se los arrebató de forma violenta. La represión hacia los mapuches —el grupo indígena más numeroso de Chile, con casi 1,8 millones de personas— se intensificó con la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), quien fomentó el desarrollo de la industria de extracción en la zona.
Con la pérdida de tierras, los mapuches fueron relegados a condiciones de pobreza, lo que ha derivado en enfrentamientos entre grupos radicales indígenas, latifundistas y militares.
En los últimos 25 años, se ha registrado un aumento en el nivel de violencia, con centenares de atentados incendiarios, robos, ocupaciones y daños a la propiedad privada. El más reciente fue hace pocos días, cuando un ataque contra un proyecto hidroeléctrico chino terminó con 52 vehículos incendiados y dos guardias de seguridad heridos.
La violencia alcanzó su pico entre 2021 e inicios de 2022, lo que llevó al decreto de estado de excepción, una medida que permite el despliegue de fuerzas militares y sigue vigente hasta hoy.
Si bien la mayoría de los ataques están dirigidos a propiedades privadas y maquinarias, hay registros de incidentes que han dejado algunas decenas de muertes, entre mapuches, agricultores y carabineros, aunque las cifras exactas de decesos es desconocida.
La comisión presidencial señaló en su informe que entre 2013 y 2024 se registraron 8.926 hechos de violencia, con un promedio de dos incidentes diarios, resultando en 60 fallecidos, 1.468 lesionados y 4.810 bienes destruidos, incluidas viviendas, vehículos y maquinaria.
“Hubo una escalada de violencia que no ha hecho sino crecer y que hasta ahora no se ha detenido”, dijo a The Associated Press Salvador Millaleo, profesor e investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.
El gobierno anunció en 2023 la creación de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Su mandato era identificar una "solución de largo plazo al conflicto territorial" con medidas concretas, que tengan en cuenta los intereses de los diversos grupos implicados en el complejo tablero que predomina en el sur del país.
Tras más de medio centenar de sesiones y escuchar a más de 5.000 personas, la comisión entregó al presidente Boric sus conclusiones y 21 recomendaciones para avanzar en el camino hacia la paz.
Entre las principales medidas figuran la restitución de tierras al pueblo mapuche, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas de Chile —uno de los pocos países de América Latina que no lo hace— y la reparación a las víctimas de la violencia rural.
También recomienda la creación de un órgano gubernamental que coordine la política indígena y que se reconozcan las formas de organización de los mapuches.
“Recibo este documento con mucha esperanza”, dijo Boric el martes en una ceremonia en el Palacio de La Moneda. “Éste no era un problema inconmensurable o inabordable... sino que es posible dimensionarlo y con ello abrir una nueva etapa de resolución”.
Ahora, estas recomendaciones deberán ser analizadas por el gobierno de Boric y, eventualmente, el Congreso deberá involucrarse porque se requerirían modificaciones legales y reformas constitucionales.
Otras iniciativas en busca de la paz fueron presentadas a partir de 1990, tras el regreso de la democracia en Chile, pero la falta de consenso político impidió avanzar en medidas concretas, según expertos.
“Lo valorable es que esta comisión ha sido integrada transversalmente por el amplio espectro político y eso le da un mayor validez en términos sociales y políticos”, dijo a la AP Jorge Araya, experto en Seguridad Pública e investigador de la Universidad de Santiago de Chile.
Sin embargo, otros advierten que aún se debe superar los obstáculos de esfuerzos anteriores.
“La amenaza es que pueda ocurrir con esta comisión algo que ya ha pasado con comisiones anteriores, de que simplemente no avancen”, dijo Millaleo, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. “Los informes están muy bien hechos, hay un tremendo esfuerzo, un trabajo de diálogo indiscutible, pero el gran temor es la incertidumbre de si esto se va implementar”.
