BUENOS AIRES (AP) — Cientos de miembros de organizaciones sociales bloquearon el lunes distintos accesos a la ciudad de Buenos Aires en reclamo de alimentos para los comedores comunitarios durante una protesta en la que chocaron en varias ocasiones con la policía, que empleó camiones hidrantes y gases para dispersarlos.
Los manifestantes cortaron varios accesos a la capital argentina mientras en otras ciudades del país también se replicaron los bloqueos para exigir al gobierno del ultraliberal Javier Milei que restablezca el envío de alimentos y otras ayudas a los comedores que gestionan organizaciones izquierdistas y peronistas.
La protesta, durante la cual los manifestantes pretenden efectuar 500 cortes en todo el país, es liderada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, el Polo Obrero y el Movimiento Socialista de los Trabajadores, que cuestionan la política de ajuste que lleva a cabo el gobierno y su falta de respuesta ante la emergencia alimentaria.
Las fuerzas policiales arrojaron agua y gas pimienta a decenas de manifestantes que se encontraban concentrados en las entradas de la capital en el marco del reciente protocolo de seguridad gubernamental que prohíbe los cortes en la vía pública durante las protestas.
Personal de Infantería también avanzó sobre los manifestantes que se encontraban protestando en uno de los límites que divide a la capital de la provincia de Buenos Aires. Varios activistas denunciaron que fueron desalojados en un momento en el que se expresaban en forma pacífica.
Por otro lado, imágenes captadas por canales de televisión mostraron a participantes en la protesta tirando piedras y otros objetos contra las fuerzas de seguridad.
Para muchos comedores populares gestionados por organizaciones sociales, el creciente flujo de asistentes se ha vuelto difícil de manejar luego de que el gobierno redujo o suspendió la entrega de alimentos en el marco del drástico recorte del gasto público y de la revisión de ese modelo de asistencia.
La mayor demanda en los comedores se produce en medio de una disparada de los precios de los alimentos y servicios básicos como el transporte público y la luz.
La inflación en febrero fue de 13,2% mientras que la interanual trepó a 276%.
El Ministerio de Capital Humano afirma por su parte que detectó maniobras discrecionales de las organizaciones en la elección de los beneficiarios de los alimentos, que los costos para el Estado son altos, que el control de los productos una vez que abandonaban los depósitos estatales es nulo y que bajo el paraguas de esas agrupaciones hay falsos comedores.
El ministerio apuntó que la tarjeta Alimentar es la política social "más eficiente” al llegar sin intermediarios al bolsillo de 3,8 millones personas. Esa asignación fue incrementada y es entregada mayoritariamente a familias con hijos de hasta 14 años y embarazadas.
