BOGOTÁ (AP) — Una caravana humanitaria compuesta por organismos internacionales, organizaciones sociales, la iglesia Católica y senadores se adentraron el martes en el Catatumbo, la convulsa región del noreste de Colombia en donde dos actores armados se enfrentan dejando hasta el momento 50.000 desplazados y cobrando la vida de más de 60 personas.
Las camionetas marcadas con el logo de la ONU y entidades de derechos humanos como la estatal Defensoría del Pueblo recorrieron las desoladas vías hacia El Tarra, uno de los municipios del Catatumbo en donde la violencia se ha acentuado desde el 16 de enero cuando se empezaron a contar los muertos y desplazados.
El Catatumbo es una zona estratégica por su cercanía a la frontera con Venezuela, sus abundantes sembradíos de hoja de coca y la baja presencia estatal. El presidente Gustavo Petro declaró en enero el "estado de conmoción interior ", una figura jurídica extraordinaria, con la promesa de restaurar el control y llevar inversión social a la región.
“Urgimos a los actores armados no estatales respetar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, indicó el martes la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde X, antes Twitter, al informar su acompañamiento en la caravana humanitaria.
La agudización de la situación humanitaria se registra por los enfrentamientos entre la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016. Los dos grupos armados sostienen diálogos de paz con el gobierno.
La víspera la Defensoría del Pueblo aseguró que el frente del ELN que opera en Catatumbo se comprometió a “respetar las acciones de la comisión humanitaria”.
La caravana humanitaria busca abordar la situación de violencia que afecta a la población civil y pedir a los actores armados que cesen los enfrentamientos.
Camilo González Posso, jefe de la delegación gubernamental en los diálogos de paz con las disidencias, pidió a los armados acuerdos “mínimos humanitarios” en favor de las comunidades.
“Hay que ponerle nombre: respetar la vida, no disparar contra una persona inerme. Que no se repita eso de que se busca a la gente en las casas, y por estar acusados de una adscripción o supuestamente una pertenencia a un grupo adversario, son objeto de fusilamiento, expropiación o desplazamiento”, señaló González Posso en un video difundido el martes a la prensa.
La ola de violencia ha dejado entre 60 y 80 muertos, según la ONU y la Gobernación de Norte de Santander —donde se ubica el Catatumbo—, respectivamente. Entre ellos hay defensores de derechos humanos y firmantes del acuerdo de paz con las FARC.
El gobierno ha señalado como principal responsable de la violencia al ELN, en armas desde 1964, y como consecuencia suspendió la mesa de negociación que sostenía desde noviembre de 2022.
