MIAMI (AP) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en alerta por las deportaciones de inmigrantes desde Estados Unidos y la colaboración que El Salvador y Panamá están ofreciendo al gobierno del presidente Donald Trump, dijo uno de sus funcionarios de más alto rango.
“Llama poderosamente la atención estas expulsiones masivas de Estados Unidos, que en muchos casos no advierten que se trata de personas que merecen protección internacional”, expresó la vicepresidenta de la CIDH, Andrea Pochak, en una entrevista reciente con The Associated Press. “Las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos nos preocupan muchísimo".
El jueves la CIDH publicó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en la región durante 2024 y aunque las políticas de Trump comenzaron a implementarse tras su asunción como presidente en enero de 2025, Pochak dijo que el organismo las está siguiendo con detenimiento.
La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) dedicado a supervisar y promover el respeto a los derechos humanos en las Américas. Su informe es una especie de fotografía de la situación regional y si bien no tiene fuerza de ley, sus diagnósticos y recomendaciones son acogidos por funcionarios de gobierno, organizaciones cívicas y jueces al momento de tomar decisiones.
Desde que asumió su segunda presidencia en enero, Trump ha impulsado una política migratoria de mano dura que busca expulsar del país a los más de 11 millones de inmigrantes que se estima viven sin autorización. Sus medidas también apuntan a terminar con protecciones creadas por la anterior administración del presidente Joe Biden que habían permitido la entrada legal a Estados Unidos de más de un millón de migrantes de Latinoamérica y otras partes del mundo.
Algunos países no aceptan a migrantes deportados desde Estados Unidos. Pero tras sellar acuerdos con Panamá y El Salvador, entre otras naciones, la administración republicana ha expulsado a cientos de personas y en algunos casos las ha mantenido en prisiones de máxima seguridad destinadas a criminales, desafiando decisiones de jueces que le han ordenado frenar las deportaciones.
El gobierno de Trump alega que se trata de delincuentes y ha relacionado a algunos de ellos con organizaciones criminales como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha, mas conocida como MS-13. El Departamento de Estado no respondió de manera inmediata un pedido de información de la AP.
Pochak dijo que tanto Estados Unidos como Panamá, El Salvador y otros países que reciben a migrantes expulsados están infringiendo las normativas del derecho internacional, entre ellas el principio de la no devolución de personas que han sido perseguidas en su país y corren riesgo de vida o a su integridad física.
“El país que tiene a esa persona extranjera no puede devolverlo”, dijo Pochak, experta en temas migratorios. Explicó que las políticas implementadas por el gobierno de Trump “generan enorme preocupación por el impacto” que están teniendo en otros países de la región.
Dijo que la CIDH no tiene información de que el gobierno estadounidense haya efectuado un análisis individual de cada una de las personas antes de deportarlas o haya demostrado o fundamentado las supuestas irregularidades o delitos que cometieron.
Mencionó el caso de Kilmar Abrego García, un salvadoreño que vivió 14 años en Estados Unidos y fue deportado a su país en base a acusaciones de que era miembro de la pandilla MS-13.
Abrego García, quien había expresado temor de regresar a su país, sostiene que nunca fue acusado formalmente de un delito. Desde su deportación permanece detenido en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.
La Corte Suprema de Estados Unidos ha ordenado al gobierno que facilite su regreso y ha rechazado los alegatos de que no puede hacerlo. La administración ha invocado el “privilegio de secretos de Estado” para evitar responder a un juez por qué lo deportó.
El gobierno salvadoreño no ha hecho público el documento del acuerdo con Estados Unidos para recibir a los deportados. De acuerdo con un memorando interno de la nación centroamericana, Estados Unidos le pagaría 6 millones de dólares para mantener presos por un año a unos 300 presuntos miembros del Tren de Aragua deportados.
El acuerdo incluye la entrega de pandilleros salvadoreños capturados en Estados Unidos y que son buscados por la justicia de El Salvador.
“Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero alta por nosotros”, explicó el presidente Nayib Bukele en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
Cuando Estados Unidos envió casi 300 deportados de diferentes nacionalidades a Panamá en febrero, el presidente José Raúl Mulino lo minimizó, diciendo que no era algo masivo. “Es falso que eso viola acuerdos", dijo Mulino.
Al ser consultado sobre por qué Panamá estaba recibiendo los deportados, el vicecanciller Carlos Ruiz Hernández dijo en ese momento que el gobierno de Estados Unidos lo había pedido y estaba pagando por ello.
El acuerdo fue sellado durante una visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a Panamá. El gobierno de Trump había presionado a Panamá por lo que percibía como una influencia de China en las operaciones del canal y Mulino ya había manifestado que quería frenar la migración en el Tapón del Darién.
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Los periodistas de AP Marcos Aleman, en San Salvador; Juan Zamorano, en Panamá; y Christopher Sherman, en México, contribuyeron con esta información.
