WASHINGTON (AP) — Miembros de grupos de extrema derecha. Expolicías. Un nadador olímpico ganador de la medalla de oro. E infantes de Marina en servicio activo.
Ellos están entre los cientos de personas que han sido declaradas culpables en el enjuiciamiento masivo por el motín del 6 de enero de 2021, en los tres años transcurridos desde que la atónita nación presenció en vivo por televisión el ataque al Capitolio de Estados Unidos.
El tribunal federal de Washington sigue inundado de juicios, audiencias de declaración de culpabilidad y sentencias derivadas de lo que se ha convertido en la investigación penal más grande en la historia del país. Y la búsqueda de sospechosos está lejos de haber terminado.
“No podemos reemplazar los votos y la deliberación con violencia e intimidación”, dijo el jueves a los periodistas Matthew Graves, fiscal federal para el Distrito de Columbia.
Las autoridades aún trabajan para identificar a más de 80 personas buscadas por actos de violencia en el Capitolio, y para averiguar quién colocó bombas caseras frente a las oficinas del Comité Nacional Republicano y del Comité Nacional Demócrata el día anterior al ataque al edificio del Congreso. Y continúan realizando nuevos arrestos con regularidad, incluso cuando algunos de los acusados por los hechos del 6 de enero han sido liberados de prisión tras completar sus sentencias.
Los casos se desarrollan en el mismo tribunal donde está previsto que el expresidente Donald Trump sea juzgado en marzo, acusado de conspirar para revertir su derrota electoral de 2020 en las semanas previas al ataque al Capitolio.
“El Departamento de Justicia hará que todos los que participaron en los hechos del 6 de enero, a cualquier nivel, rindan cuentas ante la ley, ya sea que hayan estado presentes ese día o sean de alguna otra forma responsables penalmente por el asalto a nuestra democracia”, declaró el fiscal general Merrick Garland el viernes. Dijo que los casos interpuestos por Graves y el fiscal especial en el caso federal de Trump, Jack Smith, muestran que el departamento está “apegándose a las arraigadas normas para asegurar independencia e integridad en nuestras investigaciones”.
He aquí un vistazo a la situación de los casos contra los acusados por lo sucedido el 6 de enero:
Más de 1.230 personas han sido acusadas de delitos federales por el motín, los cuales van desde delitos menores, como invasión de propiedad, hasta delitos graves, como agresión a agentes de policía y asociación ilícita sediciosa. Unas 730 personas se han declarado culpables de los cargos, mientras que aproximadamente 170 más han sido declaradas cupables de al menos un cargo en un juicio decidido por un juez o un jurado, según una base de datos de The Associated Press.
Sólo dos acusados han sido absueltos de todos los cargos, y esos fueron juicios decididos por un juez y no por un jurado.
Unas 750 personas han sido sentenciadas, y casi dos tercios de ellas han sido condenadas a pasar cierto tiempo tras las rejas. Las penas van desde unos pocos días de reclusión intermitente hasta 22 años de prisión. La sentencia más larga fue impuesta a Enrique Tarrio, el expresidente nacional de Proud Boys —un grupo ultranacionalista de extrema derecha—, quien fue declarado culpable de asociación ilícita sediciosa por lo que los fiscales dijeron fue un complot para impedir la transferencia de poder del republicano Trump al demócrata Joe Biden.
Muchos alborotadores ya salieron de prisión tras cumplir sus condenas, incluidos algunos acusados que participaron en actos violentos. Scott Fairlamb —un hombre de Nueva Jersey que golpeó a un policía durante el motín y fue el primer acusado por los hechos del 6 de enero en ser sentenciado por agredir a las fuerzas del orden— fue liberado en junio de la custodia de la Agencia Federal de Prisiones.
Los abogados defensores y los fiscales siguen de cerca un caso que pronto será escuchado por la Corte Suprema de Estados Unidos y que podría afectar a cientos de acusados por el motín del 6 de enero. El mes pasado, los jueces acordaron escuchar la impugnación de un alborotador al uso por parte de los fiscales del cargo de obstrucción de un procedimiento oficial, que se refiere a la interrupción de la certificación por parte del Congreso de la victoria de Biden sobre Trump en las elecciones presidenciales de 2020.
Más de 300 acusados por los disturbios del 6 de enero enfrentan el cargo de delito de obstrucción, al igual que Trump en el caso federal presentado por el fiscal especial Smith. Los abogados que representan a los alborotadores han argumentado que el cargo fue incoado injustamente contra los acusados del motín del 6 de enero.
Los jueces escucharán los argumentos en marzo o abril, y se prevé que tomen una decisión al comienzo del verano. Pero su revisión del cargo de obstrucción ya tiene cierto impacto en los enjuiciamientos por los disturbios del 6 de enero. Al menos dos acusados han convencido a los jueces de postergar sus sentencias hasta que la Corte Suprema federal se pronuncie sobre el asunto.
Las autoridades aún no han identificado a decenas de personas que se cree agredieron a las fuerzas del orden durante los disturbios, según Graves. Y el plazo de prescripción de los delitos es de cinco años, lo que significa que tendrían que ser acusadas antes del 6 de enero de 2026, agregó.
Además, varios acusados se dieron a la fuga luego de que se les presentaran cargos, incluido un miembro de Proud Boys que vivía en Florida, quien desapareció mientras estaba bajo arresto domiciliario tras ser declarado culpable de usar gas lacrimógeno en gel contra agentes de policía. Christopher Worrell, quien pasó semanas prófugo, fue sentenciado el jueves a 10 años de prisión.
El FBI todavía busca a algunos acusados que están prófugos desde hace meses, incluidos dos hermanos de Florida. Olivia Pollock desapareció poco antes de que su juicio iniciara en marzo. Su hermano, Jonathan Pollock, también está desaparecido. El FBI ha ofrecido una recompensa de hasta 30.000 dólares por información que conduzca al arresto de Jonathan Pollock, quien está acusado de encajar un escudo antidisturbios en la cara y la garganta de un oficial, empujar escaleras abajo a un policía y golpear a otros.
Otro acusado, Evan Neumann, huyó de Estados Unidos dos meses después de su acusación formal en diciembre de 2021 y se cree que vive en Bielorrusia.
Uno de los mayores misterios que aún quedan en torno al motín es la identidad de la persona que colocó dos bombas caseras afuera de las oficinas del Comité Nacional Republicano y del Comité Nacional Demócrata el día anterior al ataque al Capitolio. El año pasado, las autoridades incrementaron la recompensa a 500.000 dólares por información que conduzca al arresto de esa persona. Aún no está claro si hay un vínculo entre las bombas caseras y el motín.
Los investigadores han pasado miles de horas durante los últimos tres años realizando entrevistas y analizando evidencia y pistas del público, dijo David Sundberg, subdirector a cargo de la oficina de campo del FBI en Washington.
“Instamos a cualquiera que haya dudado previamente en acudir ante las autoridades o que no se haya dado cuenta de que tenía información importante a que se comunique con nosotros y comparta cualquier cosa relevante”, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico el jueves.
Los artefactos explosivos fueron colocados afuera de los dos edificios entre las 7:30 y las 8:30 de la tarde del 5 de enero de 2021, pero los agentes no los encontraron sino hasta el día siguiente. Las autoridades fueron convocadas a la oficina del Comité Nacional Republicano aproximadamente a las 12:45 de la tarde del 6 de enero. Poco después se recibió una llamada por un artefacto explosivo similar encontrado en la sede del Comité Nacional Demócrata. Las bombas fueron desactivadas y nadie resultó herido.
Un video publicado por el FBI muestra a una persona con una sudadera gris con capucha, una mascarilla y guantes que parece colocar uno de los explosivos debajo de una banca afuera del Comité Nacional Demócrata, y por separado muestra a la persona caminando en un callejón cerca del Comité Nacional Republicano antes de que la bomba fuera colocada allí. La persona vestía zapatos deportivos Nike Air Max Speed Turf de color negro y gris claro con un logo amarillo.
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Richer informó desde Boston. La reportera de The Associated Press Lindsay Whitehurst contribuyó desde Washington.
