BUCARAMANGA, Colombia (AP) — El Tribunal de Paz de Colombia concedió el jueves por primera vez el beneficio de la renuncia a la persecución penal a 36 exmilitares que confesaron crímenes de “falsos positivos”, como se concoe a las ejecuciones extrajudiciales de civiles que eran presentados falsamente como guerrilleros vencidos en combate.
La renuncia consiste en la extinción de la responsabilidad y de la sanción penal, así como la eliminación de los antecedentes penales, luego de que los beneficiados confesaran sus crímenes y aportaran detalles de los mismos en audiencias.
Varios de los exmilitares reconocieron ante las madres de los “falsos positivos” que participaron en las muertes extrajudiciales. Según el tribunal, uno de ellos dijo haberle disparado a Julián Oviedo Monroy, un joven asesinado en 2008, y otros seis dijeron haber aportado dinero para reclutarlo bajo engaños.
El tribunal explicó en un comunicado que ese beneficio se aplica a quienes no son considerados máximos responsables de los crímenes, en este caso de asesinatos y desapariciones.
El magistrado Pedro Díaz dijo a periodistas que se trata de una decisión inédita debido a que “en ningún sistema judicial, hasta el momento, se había resuelto la situación jurídica sobre personas no máximos responsables”.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como se denomina al tribunal, fue creada como parte del histórico acuerdo de paz que firmaron en 2016 el Estado y la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para juzgar los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos en cinco décadas de conflicto armado.
La JEP investiga y puede conceder sanciones que no implican la cárcel a quienes considere que aportaron a la verdad y repararon a las víctimas del conflicto. Sin embargo, quienes nieguen su culpabilidad van a juicio y podrían recibir penas de hasta 20 años de cárcel.
Hasta ahora sólo un exmilitar había sido beneficiario de la renuncia a la persecución penal en noviembre, en un caso en el que aceptó su responsabilidad por el tráfico de armas que fueron vendidas a paramilitares.
Los 36 exmilitares obtuvieron el beneficio de manera condicionada a que no vuelvan a delinquir y continúen cumpliendo trabajos o actividades para reparar a las víctimas.
El magistrado Mauricio García indicó a la prensa que los exmilitares también podrán ser convocados nuevamente a declarar ante el tribunal en caso de que tengan información que ayude a esclarecer otros hechos del conflicto armado.
La JEP calcula que la cifra de víctimas de “falsos positivos” en Colombia asciende a 6.402, la mayoría asesinados entre 2002 y 2008.
