SAN SALVADOR (AP) — El primer juicio colectivo contra pandilleros en El Salvador resultó el viernes en la condena de hasta 45 años de prisión para 52 integrantes de la banda Barrio 18, que fueron capturados en los primeros días del régimen de excepción que lleva tres años vigente y permanecieron encarcelados hasta ahora sin sentencia.
Los 52 pandilleros de Barrio 18, uno de los grupos criminales considerados como terroristas en El Salvador, operaban en la zona del municipio de Soyapango, en la periferia este de la capital salvadoreña. Fueron procesados por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado y condenados a purgar penas que van desde los 12 a los 45 años de prisión, informó el viernes la Fiscalía General de la República.
Es la primera condena en un juicio colectivo desde que se reformó la ley en julio de 2023 para procesar en grupo a los pandilleros capturados durante el régimen de excepción, en un intento por acelerar la resolución de miles de casos que se han acumulado en los últimos tres años.
La reforma establecía que los procesos penales deben ocurrir en un plazo máximo de 24 meses y que los detenidos bajo ese régimen de excepción sean agrupados según sus “clicas” (grupos) o “canchas” (territorios).
Desde que se aprobó el estado de excepción el 27 de marzo de 2022, más de 85.500 personas han sido detenidas con cargos de pertenencia o asociación a pandillas. Pero el propio gobierno ha reconocido que el 90% de ellas está en prisión sin que hayan sido condenados y que 8.000 inocentes han tenido que ser liberados por falta de pruebas en su contra.
La directora de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, afirma que en las cárceles “hay cerca de 30.000 personas que no tienen vínculos con las pandillas”. También dijo que “hay 380 víctimas mortales confirmadas con esquela, con documentación confirmada a través de la familia", que en estos tres años de régimen de excepción "murieron bajo la tutela del Estado”.
Los 52 condenados formaban parte de "La Tribu Soyapango", uno de los grupos de la pandilla Barrio 18, que tuvo su origen en las calles de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, y operaban en sectores populosos de Soyapango, unos de los municipios más poblados de El Salvador.
Los pandilleros fueron capturados entre el 30 de marzo y el 7 de abril —prácticamente en la primera semana de vigencia de la excepción—, cuando miles de policías y soldados armados con fusiles M-16 y apoyados por camiones artillados tomaron por asalto populosos barrios y comunicados realizando registros casa por casa para capturar a miembros y colaboradores de las pandillas.
El estado de excepción ha mantenido suspendidos por tres años derechos fundamentales como el de ser informado del motivo de una detención o acceder a un abogado. Las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden de un juez y la detención sin audiencia judicial pasó de 72 horas a 15 días.
La Fiscalía informó que, además de las condenas impuestas a los 52 pandilleros, se sumarán otras que reciban en cada proceso que siguen enfrentando por otros delitos.
El Congreso controlado por el partido Nuevas Ideas, del presidente Nayib Bukele, también reformó el Código Penal para convertir en delito la pertenencia a una pandilla y castigarlo con 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años.
Barrio 18, así como la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), está considerada dentro de El Salvador como organizaciones terroristas por decisión de la Corte Suprema de 2015. Ese año, con 6.656 asesinatos y una tasa de homicidios de 106 por 100.000 habitantes, fue uno de los más violentos en la historia salvadoreña y el más sangriento desde la guerra civil.
