SAN SALVADOR (AP) — El Congreso de El Salvador aprobó el miércoles la 38va prórroga del régimen de excepción que suspende garantías constitucionales de la población, una de las políticas de mando dura que ha implementado el presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas que por más de 30 años aterrorizaron al país centroamericano.
La nueva prórroga —que permanecerá vigente del 6 de mayo al 4 de junio— recibió la aprobación de 57 de los 60 diputados del Congreso unicameral, que cuenta con una mayoría del partido Nuevas Ideas de Bukele.
Después de que las pandillas asesinaron a 62 personas en una sola jornada, el 27 de marzo de 2022, el Congreso aprobó la solicitud de Bukele de decretar un estado de excepción, una medida que según organismos nacionales e internacionales, ha resultado en graves violaciones a los derechos humanos.
El Congreso sigue aprobando prórrogas al estado de excepción a pesar de la notable reducción en el número de homicidios. En agosto de 2024, Bukele dejó abierta la posibilidad de prescindir de la medida, la cual supuestamente debía temporal.
En un documento enviado al Congreso, el gabinete de seguridad destacó que las políticas de seguridad “han tenido un exitoso resultado que ha supuesto la reducción del número de homicidios y la captura de más de 85.900 terroristas”, pero que “ciertamente es necesario prolongar dicho régimen de excepción”.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró a la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) y la pandilla Barrio 18 como grupos terroristas en agosto de 2015.
Sin embargo, el propio gobierno ha reconocido que el 90% de los detenidos se encuentran en prisión a la espera de juicio y que se ha tenido que liberar a 8.000 personas por falta de pruebas. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran que podría haber hasta 25.000 inocentes encarcelados.
La nueva prórroga mantiene la suspensión de derechos constitucionales como el de ser informado sobre los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado. Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se extiende la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.
Con la llegada de Bukele al poder, el Congreso también reformó el Código Penal para tipificar como delito la pertenencia a una pandilla, lo cual conlleva una pena de entre 20 y 40 años de cárcel. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años tras las rejas.
El Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (OUDH de la UCA) emitió el martes un informe en el que se confirma la disminución en el número de homicidios en El Salvador, aunque también responsabilizó al Estado de violar los derechos humanos de la población.
Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos (Idhuca) de la institución, destacó el martes el descenso en el número de asesinatos en El Salvador, pero aseguró que el Estado no puede convertirse en uno de los principales agresores contra los derechos humanos.
Santos dijo que, si coincidieran con el discurso del gobierno —el cual destaca continuamente una mejoría en la situación de seguridad y un descenso en la tasa de homicidios—, “entonces el régimen de excepción como tal ha perdido su razón de ser”, al no haber motivo que justifique su permanencia.
El Salvador cerró 2024 con un mínimo histórico de 114 homicidios, un promedio de 0,3 asesinatos al día y solo uno durante el mes de diciembre, ante lo cual Bukele aseguró que ahora es el país más seguro del hemisferio occidental.
En 2015, El Salvador registró 6.656 asesinatos y una tasa de homicidios de 106 por cada 100.000 habitantes. Fue uno de los años más violentos en la historia del país, y el más violento desde el fin de la guerra civil (1980-1992).
