CHAPIN, Carolina del Sur, EE.UU. (AP) — El cambio entre las agencias gubernamentales es normal cuando una nueva administración llega a Washington, es común que los presidentes despidan a funcionarios seleccionados por sus predecesores de partidos contrarios. Pero el presidente Donald Trump ha implementado cambios radicales en los primeros días de su segunda administración, desde despedir a empleados de carrera hasta congelar billones en subvenciones federales y detener programas de diversidad, equidad e inclusión que podrían resultar en despidos masivos.
Se sabe que al menos 240 empleados han sido despedidos, reasignados o designados para ser destituidos. Miles más podrían verse afectados por otros movimientos, por ejemplo con paquetes de liquidación anticipada o por la pausa de las subvenciones.
Aquí hay una mirada completa a las acciones de Trump hasta ahora:
El martes, la Casa Blanca comenzó a ofrecer paquetes de liquidación a todos los empleados federales que opten por dejar sus trabajos para la próxima semana, según un memorando de la Oficina de Gestión de Personal, la agencia de recursos humanos del gobierno.
El memorando, que señalaba que los empleados que dejen sus puestos voluntariamente recibirán aproximadamente siete meses de salario —pero deben elegir hacerlo antes del 6 de febrero— enumeró cuatro directivas de Trump para la burocracia federal, incluyendo que la mayoría de los trabajadores regresen a sus oficinas a tiempo completo.
La posible reducción a gran escala de la fuerza laboral federal podría tener implicaciones amplias —y aún desconocidas— para impactar la entrega, la puntualidad y la efectividad de los servicios federales en toda la nación.
El gobierno federal emplea a más de 3 millones de personas, lo que lo convierte aproximadamente en la 15va fuerza laboral más grande de la nación. La permanencia promedio de un empleado federal es de 11,8 años, según un análisis del Pew Research Center de datos de la Oficina de Gestión de Personal.
La agencia federal que hace cumplir las leyes contra la discriminación en el lugar de trabajo, la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) se describe a sí misma como una comisión bipartidista compuesta por cinco miembros, todos nombrados por presidentes. El martes, un bufete de abogados publicó en redes sociales que estaba representando a Charlotte Burrows, una comisionada que fue despedida el lunes por la administración Trump.
En un comunicado emitido a través del bufete, Burrows dijo que fue nombrada en 2015, que sirvió durante las presidencias de Barack Obama y Joe Biden, así como durante el primer mandato de Trump. Según Burrows, su tercer mandato estaba programado para concluir en julio de 2028.
Burrows también señaló que Jocelyn Samuels, otra integrante de la comisión nombrada por un presidente demócrata, Biden, también fue despedida cuando Trump asumió el cargo, diciendo que sus destituciones “no tenían precedentes y socavarán los esfuerzos de esta agencia independiente para hacer el importante trabajo de proteger a los empleados de la discriminación, apoyar los esfuerzos de cumplimiento de los empleadores y expandir la conciencia pública y el entendimiento de las leyes federales de empleo”.
Cada agencia grande del gobierno federal tiene su propio inspector general que se supone debe realizar auditorías objetivas, prevenir el fraude y promover la eficiencia.
Trump ha despedido al menos a 17 de ellos en todo el gobierno federal, incluidos inspectores que él mismo nombró en su primer mandato. Al menos un nombrado demócrata, Michael Horowitz, nombrado por Obama para el puesto en el Departamento de Justicia, fue perdonado.
Trump confirmó la medida en una conversación con reporteros a bordo del Air Force One el sábado, afirmando que “es algo muy común de hacer” y diciendo que pondría “a buenas personas allí que serán muy buenas”.
El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, calificó los despidos como una “purga escalofriante”, mientras que el senador republicano Lindsey Graham, un importante aliado de Trump, reconoció que los despidos podrían haber violado la ley, pero dijo: “Solo díganles que necesitan cumplir con la ley la próxima vez”.
Es normal que los fiscales federales nombrados políticamente sean reemplazados, pero no es tan estándar que los fiscales de carrera sean expulsados.
El Departamento de Justicia dijo el lunes que había despedido a más de una docena de empleados que trabajaron en procesamientos penales de Trump, despidos abruptos dirigidos a fiscales de carrera que trabajaban en el equipo del fiscal especial Jack Smith que investigó a Trump. Los despidos fueron efectivos inmediatamente.
Por tradición, los empleados de carrera permanecen en el departamento a través de las administraciones presidenciales, independientemente de su participación en investigaciones sensibles.
También fueron reasignados varios altos funcionarios de carrera.
No estaba claro de inmediato qué fiscales fueron afectados por la orden, o cuántos que trabajaron en las investigaciones sobre Trump permanecieron en el departamento cuando Trump asumió el cargo la semana pasada. Tampoco se sabe cuántos de los fiscales despedidos tiene la intención de impugnar argumentando que el departamento ignoró las protecciones del servicio civil otorgadas a los empleados federales.
El Consejo de Seguridad Nacional proporciona asesoramiento sobre seguridad nacional y política exterior al presidente. La semana pasada, 160 burócratas de carrera, no políticos, fueron enviados a casa mientras la administración revisa la dotación de personal en un intento de alinearse con las prioridades de Trump.
Los empleados, comúnmente conocidos como detallistas, fueron convocados en una llamada de todo el personal y se les dijo que se esperaría que estuvieran disponibles para los directores superiores del consejo, pero que no necesitarían informar a la Casa Blanca.
El asesor de seguridad nacional entrante, Mike Waltz, dijo antes de la investidura de Trump que buscaría devolver a los funcionarios públicos que trabajaron en el consejo durante la administración de Biden a sus agencias de origen. Eso estaba destinado a asegurar que el consejo estuviera dotado de personal por aquellos que apoyan los objetivos de Trump.
Un gran número de diplomáticos de carrera que ocuparon puestos de liderazgo políticamente nombrados, así como en puestos de nivel inferior en el Departamento de Estado, dejaron sus trabajos por demanda de la nueva administración.
No estaba claro de inmediato cuántos nombramientos no políticos se les estaba pidiendo que se fueran.
En su primera semana en el cargo, Trump ordenó pausar 90 días la mayoría de la asistencia extranjera distribuida a través del Departamento de Estado. Eso significa que miles de programas humanitarios, de desarrollo y de seguridad financiados por Estados Unidos en todo el mundo detendrán su trabajo o se preparan para hacerlo; sin fondos para pagar al personal, las organizaciones de ayuda despedirán a cientos de empleados.
Con la nueva administración, al menos 56 altos funcionarios de la principal agencia de ayuda y desarrollo de Estados Unidos fueron puestos en licencia en medio de una investigación sobre un presunto esfuerzo por impedir la orden de Trump. Hablando bajo condición de anonimato por miedo a represalias, un funcionario actual y un exfuncionario de USAID confirmaron a The Associated Press la razón dada para la medida y también dijeron que varios cientos de contratistas con sede en Washington y otros lugares fueron despedidos.
Un aviso interno de USAID enviado el lunes por la noche y obtenido por AP dijo que el nuevo administrador interino, Jason Gray, había identificado “varias acciones dentro de USAID que parecen estar diseñadas para eludir las Órdenes Ejecutivas del Presidente y el mandato del pueblo estadounidense”.
El secretario de Estado Marco Rubio ha eximido específicamente solo los programas de alimentos de emergencia y la ayuda militar a Israel y Egipto de la congelación de la asistencia extranjera.
En su segundo día de regreso a la Casa Blanca, Trump se movilizó para poner fin a la acción afirmativa en las contrataciones federales y ordenó que todo el personal federal de diversidad, equidad e inclusión fuera puesto en licencia pagada y eventualmente despedido.
Esa medida siguió a una orden ejecutiva que Trump firmó en su primer día ordenando el desmantelamiento de los programas de diversidad e inclusión del gobierno federal que podrían tocar todo, desde la capacitación contra prejuicios hasta la financiación para agricultores y propietarios de viviendas de minorías, programas que Trump ha llamado “discriminación”.
Esa acción revoca una orden emitida por el presidente Lyndon Johnson y limita los programas de inclusión por parte de contratistas federales y receptores de subvenciones. Está utilizando una de las herramientas clave utilizadas por la administración Biden para promover programas de inclusión en el sector privado, impulsando su uso por parte de contratistas federales, para ahora erradicarlos.
Si bien muchos cambios pueden tardar meses o incluso años en implementarse, compañías prominentes desde Walmart hasta Facebook ya han reducido o terminado algunas de sus prácticas de diversidad en respuesta a la elección de Trump y demandas respaldadas por conservadores contra ellas.
Para el viernes, se espera que las agencias federales desarrollen un plan para ejecutar una “acción de reducción de fuerza” sobre las políticas de diversidad.
La Casa Blanca anunció el martes una pausa en las subvenciones y préstamos federales mientras la administración Trump realiza una revisión ideológica en todo el gobierno.
La congelación de fondos por parte de la administración republicana podría afectar billones de dólares y causar una interrupción generalizada en la investigación en salud, programas educativos y otras iniciativas. Incluso las subvenciones que han sido otorgadas, pero no gastadas, deben detenerse.
“El uso de recursos federales para avanzar en políticas de ingeniería social de equidad marxista, transgénero y nuevo acuerdo verde es un desperdicio de dólares de los contribuyentes que no mejora la vida diaria de aquellos a quienes servimos”, dijo un memorando de Matthew Vaeth, el director interino de la Oficina de Gestión y Presupuesto.
Los demócratas y las organizaciones independientes criticaron rápidamente la administración, describiendo sus acciones como caprichosas e ilegales porque el Congreso ya había autorizado la financiación.
Una agencia federal, la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo (NLRB), es la encargada de prevenir prácticas laborales injustas por parte de los empleadores y sindicatos, y proteger los derechos de los empleados del sector privado. El martes, Trump despidió a su presidenta interina, Gwynne Wilcox, la primera mujer negra en servir como miembro de la NLRB, según Josh Boxerman, del Proyecto Nacional de Ley de Empleo.
El mandato de Wilcox como miembro de la junta estaba programado para durar hasta agosto de 2028. Según la ley laboral nacional, los miembros de la junta solo pueden ser despedidos por negligencia en el deber o malversación.
En una declaración a Bloomberg, que fue el primero en informar sobre su despido, Wilcox dijo que creía que su remoción viola “un precedente de larga data de la Corte Suprema” y que “perseguiría todas las vías legales para impugnar” ello.
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Ellen Knickmeyer, Matthew Lee, Aamer Madhani y Zeke Miller contribuyeron a este reporte.
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Kinnard está en X como @MegKinnardAP
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
