GINEBRA (AP) — Activistas de derechos humanos piden una investigación independiente de las letales detonaciones de bípers y walkie-talkies en Líbano y Siria, insinuando que las explosiones podrían haber violado las leyes internacionales si los dispositivos se fabricaron para que fuesen trampas explosivas.
Las detonaciones —que en general se atribuyen a Israel— mataron a por los menos a 37 personas e hirieron a más de 3.000, incluidos muchos miembros del grupo político militar Hezbollah. Israel no ha confirmado ni negado estar involucrado.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y algunos grupos activistas han criticado los ataques, a los que describieron como “indiscriminados” porque era casi imposible saber quién tenía los dispositivos en la mano, o dónde estaban, cuando fueron detonados. Aun así, algunos académicos insisten en que las explosiones estuvieron dirigidas con precisión porque los dispositivos habían sido distribuidos entre miembros de Hezbollah.
El Comité Internacional de la Cruz Roja —enfocado en ayudar a proteger a civiles y a otras personas no combatientes durante conflictos, y que procura mantenerse neutral— dijo que “fue una operación singular, y se requerirá tiempo para tener todos los hechos con el fin de establecer una opinión jurídica”.
El CICR declinó comentar públicamente acerca de si el operativo violó las leyes internacionales humanitarias, las cuales en ocasiones algunos países incumplen.
Las leyes internacionales nunca han abordado los ataques contra dispositivos de comunicación que la gente porta en su cuerpo. Los Convenios de Ginebra —los cuales proporcionan un libro de normas para la protección de civiles durante conflictos— fueron adoptados hace 75 años, mucho antes de que el público utilizara de forma generalizada bípers, teléfonos celulares y walkie-talkies. La situación jurídica se complica aún más por el hecho de que Hezbollah es un grupo armado no estatal que actúa dentro de Líbano, un Estado soberano miembro de la ONU.
“Debe haber una investigación independiente, exhaustiva y transparente de las circunstancias de estas explosiones en masa, y los que ordenaron y llevaron a cabo un ataque así deben rendir cuentas”, dijo en un comunicado el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.
La cuestión de cómo aplicar las normas internacionales al ataque parece centrarse en su mayor parte en si un explosivo secreto introducido a un dispositivo electrónico personal podría ser considerado una trampa explosiva. Israel ha sido culpado de ataques y asesinatos en otras ocasiones, pero prácticamente nunca se había sabido de un ataque a gran escala valiéndose de dispositivos móviles de comunicación.
La definición de trampa explosiva es “cualquier dispositivo diseñado o adaptado para matar o herir, y que funciona inesperadamente cuando una persona mueve o se acerca a un objeto aparentemente inofensivo”, según el Artículo 7 de una adaptación de 1996 de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, a la que Israel se ha adherido.
El protocolo prohíbe las trampas explosivas “u otros dispositivos en la forma de objetos portátiles aparentemente inocuos que son diseñados y construidos específicamente para contener material explosivo”.
Lama Fakih, directora para Oriente Medio y el norte de África en Human Rights Watch, dijo que las normas fueron diseñadas para proteger a civiles y evitar “las escenas devastadoras que siguen desarrollándose en todo Líbano en la actualidad”. Ella también solicitó una investigación imparcial.
La convención también establece reglas para el uso de minas terrestres, remanentes de bombas de racimo y otros explosivos. Prohíbe el uso de otras “municiones emplazadas manualmente”, tales como dispositivos explosivos improvisados que “están diseñados para matar o herir, y que son activados manualmente, por control remoto o automáticamente luego de cierto tiempo”.
Los bípers eran utilizados por miembros de Hezbollah, pero no podía garantizarse que sólo ellos tuvieran los dispositivos en la mano cuando fueran detonados. Muchas de las víctimas fueron miembros de las operaciones civiles de Hezbollah, que principalmente dan servicio a la comunidad chií de Líbano.
Laurie Blank, una profesora de la Escuela de Derecho Emory en Atlanta que se especializa en derecho internacional humanitario y derecho a la protección durante conflictos armados, indicó que las leyes de la guerra no prohíben completamente el uso de trampas explosivas, pero les ponen límites. Dijo que creía que el ataque “muy probablemente fue legal bajo el derecho internacional”.
Afirmó que las trampas explosivas pueden utilizarse para atacar a fuerzas enemigas que estén en un blanco militar o cerca de él, incluidos los sistemas de comunicación utilizados por los combatientes de Hezbollah.
“Dicho eso, no está claro que este sea un escenario de trampas explosivas. Por ejemplo, si el ataque es contra los bípers en sí, entonces no es una cuestión de trampas explosivas”, escribió Blank en un correo electrónico.
Algunos expertos dijeron que la detonación de los bípers dejan entrever una operación planeada durante largo tiempo y llevada a cabo cuidadosamente, posiblemente al infiltrar la cadena de suministro y manipular los dispositivos para meterles explosivos antes de que fueran distribuidos en Líbano.
“No existe un mundo en el que la explosión de cientos, si no es que miles, de bípers no sea un ataque indiscriminado prohibido por las leyes internacionales”, escribió en la red social X Mai El-Sadany, que encabeza el Instituto Tahrir para Políticas del Oriente Medio, un centro de investigación con sede en Washington.
“Los que tenían los dispositivos estaban desperdigados en áreas civiles, desde centros comerciales hasta calles llenas de gente, edificios de apartamentos y hospitales, rodeados por mujeres, niños y hombres”, le dijo a The Associated Press. “Un ataque como este no puede prever cuál transeúnte inocente se encuentra en el área de impacto ni cuál niño despreocupado toma el bíper cuando suena”.
El abogado británico Geoffrey Nice, que entabló una acción judicial contra el expresidente yugoslavo y serbio Slobodan Milosevic, dijo en una entrevista que “es bastante obvio aquí que se trata de un crimen de guerra. Y deberíamos llamarlo por lo que es”.
Amos Guiora, profesor del Colegio de Derecho S.J. Quinney en la Universidad de Utah, considera que los ataques estarían “justificados en el contexto de defensa propia”, pero reconoció los riesgos de que haya daños colaterales contra civiles.
“El derecho internacional no expresa una cifra con respecto a lo que es daño colateral legítimo o ilegítimo; es sólo para ‘reducir al mínimo’. La trágica realidad del daño colateral es que se matará y lastimará a personas inocentes", señaló. “En este tengo la sensación de que hubo un intento de reducirlos al mínimo, en el entendido de que nunca será perfecto”.
“Este ataque en particular me da la impresión de que está dirigido a sus blancos con la mayor precisión que puede alcanzarse”, dijo Guiora, que pasó 20 años en el ejército israelí y asesoró a sus comandantes en Gaza en la década de 1990.
Israel ya ha enfrentado intensas críticas internacionales por su respuesta militar en Gaza y, más recientemente, en Cisjordania tras los ataques de Hamás del 7 de octubre.
En mayo, el fiscal de la Corte Penal Internacional solicitó órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, y también contra lideres de Hamás por sus acciones en la guerra.
El gobierno israelí ignoró una orden de la Corte Internacional de Justicia para que detuviera su ofensiva militar en el sur de Gaza después de que Sudáfrica acusó a Israel de cometer un genocidio.
Hamás también ha sido investigado. Human Rights Watch dio a conocer un informe en julio que concluyó que grupos armados encabezados por Hamás cometieron numerosos crímenes de guerra durante los ataques en Israel.
Hezbollah ha sido vinculado con muchos ataques indiscriminados a lo largo de los años contra civiles en varios países, incluidos Argentina, Bulgaria e Israel.
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Chehayeb reportó desde Beirut. Las periodistas de The Associated Press Danica Kirka y Jill Lawless en Londres contribuyeron a este despacho.
