BUENOS AIRES (AP) — La cámara de diputados argentina debatía el miércoles un proyecto de ley del oficialismo y aliados que busca inhabilitar para cargos electivos a quienes recibieron condenas por corrupción en una segunda instancia judicial y que el peronismo rechaza por considerar que apunta contra su líder, la expresidenta Cristina Fernández.
Si la iniciativa “Ficha limpia” consigue luz verde —para lo cual el partido del ultraderechista presidente Javier Milei y sectores aliados creen contar con suficientes votos— será debatida en los próximos días en el Senado. Su tratamiento en la cámara baja había naufragado en dos ocasiones a fines del 2024.
El peronismo —principal fuerza de la oposición—sostiene que el proyecto está diseñado para proscribir políticamente a Fernández, quien gobernó entre 2007 y 2015. La también exvicepresidenta (2019-2023) no ha expresado públicamente sus intenciones de postularse para diputada o senadora en los comicios legislativos de octubre, pero sectores cercanos lo vienen promoviendo.
“Lo único que quieren es que Cristina no se presente como candidata porque le tienen miedo”, dijo la diputada Florencia Carignano, del bloque peronista Unión por la Patria, antes de que se iniciara el debate. "Está midiendo bien (en las encuestas) en la provincia de Buenos Aires... y eso hay que pararlo de alguna manera ¿Cómo? Con el mamarracho este que inventaron de ‘Ficha limpia”, recalcó la legisladora.
En noviembre de 2024, una cámara judicial de segunda instancia confirmó la condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que había recibido dos años antes la expresidenta por administración fraudulenta.
En 2022, un tribunal federal la consideró culpable en primera instancia por la asignación discrecional de fondos públicos a un empresario cercano que fue beneficiado con obras viales durante su gobierno.
El fallo no está firme porque la exvicepresidenta puede recurrir ante la Corte Suprema.
El peronismo y también sectores minoritarios en la cámara defienden que al tener el tribunal supremo la última palabra sobre la culpabilidad de una persona, debe regir el principio de inocencia y no se pueden cercenar sus derechos para competir políticamente.
Diputados que defienden el proyecto negaron que haya sido ideado en contra de la exmandataria. “La Argentina tiene un montón de procesados y condenados; no es solo una persona, son varias que no podrían ser candidatas si sale la ley”, dijo el diputado Oscar Zago, aliado del gobierno.
La iniciativa legislativa propone que la prohibición de postularse correrá cuando la condena sea anterior a la publicación del padrón provisorio, es decir 180 días antes de la elección general. También que la Cámara Nacional Electoral llevará un registro público en donde estarán las sentencias dictadas, sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichos fallos.
Además de no poder postularse en elecciones nacionales, el proyecto determina que quienes tengan doble condena por corrupción tampoco podrán ocupar una serie de cargos públicos, entre ellos el de ministro, secretario y director de empresas con participación estatal, entre otros.