WASHINGTON (AP) — Dos importantes firmas de abogados pidieron el miércoles por separado a jueces que bloqueen permanentemente las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump que tenían como fin sancionarlas y perjudicar sus operaciones comerciales.
Las firmas —Perkins Coie y WilmerHale— afirman que dichas órdenes son ataques inconstitucionales contra la profesión legal, amenazan sus relaciones con los clientes y toman represalias contra ellas basándose en sus representaciones legales pasadas o su asociación con abogados particulares que Trump percibe como sus adversarios.
El mes pasado, los tribunales detuvieron temporalmente la aplicación de disposiciones clave de ambas órdenes, pero los bufetes solicitaron el miércoles en la corte que esos edictos presidenciales sean anulados en su totalidad y que los jueces emitan fallos a su favor. Otra firma, Jenner & Block, tiene programado presentar argumentos similares la próxima semana, mientras que una cuarta, Susman Godfrey, tiene previsto presentar sus argumentos el próximo mes.
“La orden ejecutiva entera es una represalia”, dijo Dane Butswinkas, un abogado que presentó argumentos en nombre de Perkins Coie.
La jueza de Distrito federal, Beryl Howell, no falló por el momento sobre la solicitud del bufete, pero expresó repetidamente una profunda inquietud sobre la orden ejecutiva, y señaló que se inclinaba por fallar a favor de Perkins Coie.
Interrogó a un abogado del Departamento de Justicia sobre los planes del gobierno para suspender las autorizaciones de seguridad de los abogados del bufete y le pidió que respondiera a la insinuación de que la lista negra de bufetes de abogados era similar al pánico del "Miedo Rojo" sobre el comunismo hace décadas. Y lo presionó para que explicara por qué el gobierno de Trump estaba obligando a los bufetes a renunciar al uso de consideraciones de diversidad, equidad e inclusión en sus prácticas de contratación.
"¿Por qué la administración considera esas tres palabras como sucias?", preguntó Howell.
El abogado del Departamento de Justicia, Richard Lawson, disputó la idea de que los decretos tenían el propósito de castigar, y dijo que el gobierno tenía derecho a preocuparse por lo que llamó la consideración "ilegal" de la raza y el género como factores de contratación por parte de los bufetes de abogados.
La serie de órdenes ejecutivas contra algunos de los bufetes de abogados más prominentes del país son parte de una campaña de represalias por parte de Trump, diseñada para remodelar la sociedad civil y extraer concesiones de instituciones poderosas. Las medidas han obligado a las entidades objetivo, ya sean firmas de abogados o universidades, a decidir si resisten y se arriesgan a exacerbar la ira del gobierno estadounidense, o acordar concesiones con la esperanza de evitar sanciones. Algunas firmas han impugnado las órdenes en los tribunales, pero otras han llegado a acuerdos.
Las órdenes ejecutivas en general han impuesto las mismas sanciones contra las firmas de abogados, como ordenar que se suspendan las autorizaciones de seguridad de los abogados, que se rescindan los contratos federales y que se prohíba a los abogados acceder a edificios federales.
Los jueces habían bloqueado anteriormente la aplicación de secciones relacionadas con contratos federales y acceso a edificios, pero no las disposiciones relacionadas con las autorizaciones de seguridad, un tema que dominó la audiencia de Perkins Coie.
En el tribunal el miércoles, Howell dijo que le preocupaba que el gobierno estuviera poniendo "el carro delante del caballo" al retirar las autorizaciones de seguridad en masa sin primero realizar una revisión individualizada de los abogados. Parecía frustrarse a medida que Lawson pasaba apuros para responder preguntas sobre la mecánica básica para implementar la suspensión de las autorizaciones de seguridad o qué proceso de revisión existiría para los abogados.
"¿No puede decirme qué agencias están llevando a cabo esta revisión?", preguntó en un momento.
"No sabe si la firma o el abogado cuya autorización de seguridad ha sido suspendida ha recibido aviso sobre el momento de la revisión" o si tendrán la oportunidad de objetar la revisión, le señaló.
El gobierno ha alegado cuestiones de seguridad nacional para justificar las órdenes ejecutivas, pero Butswinkas, el abogado que representa a Perkins Coie, dijo que ese argumento era risible, en parte porque los abogados de la firma cuyo trabajo fue citado por la orden dejaron la firma hace varios años.
"Para mí, suena más a inseguridad nacional que a seguridad nacional", dijo Butswinkas.
La primera acción contra una firma de abogados tuvo lugar en febrero cuando Trump suspendió las autorizaciones de seguridad de los abogados de Covington & Burling que han proporcionado servicios legales al fiscal especial Jack Smith, quien investigó a Trump entre su primero y segundo mandatos, y formuló dos acusaciones formales que ahora han sido abandonadas.
La orden ejecutiva dirigida a Perkins Coie destacó la representación del bufete a la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton durante la contienda presidencial de 2016, y la dirigida a WilmerHale citó el hecho de que el fiscal especial Robert Mueller —quien investigó a Trump durante su primer mandato sobre posibles vínculos entre Rusia y su campaña de 2016— fue durante años socio del bufete.
"Si bien la mayoría de los litigios requieren investigación para desenterrar el motivo de la represalia, el presidente proclama abiertamente que está apuntando contra WilmerHale por representar a sus oponentes políticos en litigios relacionados con elecciones, por impugnar sus políticas de inmigración, por asociarse con sus enemigos percibidos (incluido un fiscal especial designado por el propio Departamento de Justicia del presidente) y por defender las políticas de admisión universitaria conscientes de la raza de un cliente", escribieron los abogados de WilmerHale en un documento judicial antes de los argumentos del miércoles.
En una declaración después de la audiencia, un portavoz de WilmerHale dijo que el bufete había "defendido ferozmente los derechos constitucionales fundamentales al asesoramiento y la libertad de expresión, basándose en los argumentos exitosos que impidieron que la orden ejecutiva ilegal entrara en vigor. Seguimos confiando en que el tribunal bloqueará permanentemente la orden".
El mes pasado, Paul Weiss llegó a un acuerdo con el gobierno de Trump que resultó en la rescisión de una orden ejecutiva en su contra.
Desde entonces, más de media docena de otros bufetes jurídicos han llegado a acuerdos con la Casa Blanca que les exigen, entre otras cosas, prestar servicios gratuitos a causas que el gobierno de Trump dice que defiende.
Dichos bufetes son Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom; Milbank; Willkie, Farr & Gallagher; Kirkland & Ellis; Latham & Watkins LLP; Allen Overy Shearman Sterling US LLP; Simpson Thacher & Bartlett LLP; y Cadwalader, Taft & Wickersham.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
