SAN SALVADOR (AP) — El Congreso salvadoreño aprobó al viernes una ley anticorrupción y reformó el Código Penal para castigar con más años de prisión esos delitos, en un intento del gobierno del presidente Nayib Bukele, que domina la mayoría legislativa, para luchar contra el problema en el país centroamericano.
La ley fue aprobada con los votos de 59 de los 60 diputados del Congreso unicameral. Los dos diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se unieron a la iniciativa de Bukele. El único voto que no se alineó a la mayoría fue el de la diputada del conservador partido VAMOS Claudia Ortiz, quien se abstuvo.
La nueva norma obliga a los funcionarios y empleados públicos del Estado a presentar, además de su declaración de renta anual, un informe sobre los activos y pasivos de su patrimonio que serán publicados por el Ministerio de Hacienda luego de 15 días.
La obligación incluye a hijos y al cónyuge, ya sea por matrimonio o por conviviente con unión no matrimonial.
En septiembre de 2021, el Congreso salvadoreño reformó el Código Procesal Penal para que los delitos de corrupción no prescriban y se pueda investigar a los exfuncionarios por actos cometidos en los últimos 30 años.
Con la nueva reforma penal, el delito de peculado será castigado —si el perjuicio fuera superior a 100.000 dólares—con 12 a 15 años de cárcel, mientras que el delito de negociaciones ilícitas con prisión de 12 a 15 años.
El fiscal general salvadoreños Rodolfo Delgado, que emitió su opinión ante la Comisión Política del Congreso, sostuvo que con esta ley se reforzarían medidas que prioricen la transparencia, probidad de los funcionarios y el endurecimiento de las penas relacionadas con los delitos de corrupción.
Durante el debate legislativo, el jefe de la bancada del partido oficialista Christian Guevara destacó que los delitos no van a prescribir en su persecución penal.
Afirmó que la Asamblea Legislativa “en anteriores legislaturas fue el epicentro de la corrupción” y que será una “ley modelo y ejemplo en toda la región”. Recordó a los políticos acusados de actos de corrupción que se han asilado en otros países que “jamás van a prescribir sus delitos y hasta allá va a llegar el brazo de la ley”.
Además, la reforma incluye nuevos delitos y establece que la acción penal en los casos de enriquecimiento ilícito será independiente y podrá iniciarse sin ningún requisito previo de responsabilidad civil.
