CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, abordó en su conferencia de prensa semanal la controversia sobre el memorando de entendimiento firmado recientemente con Estados Unidos y descartó, pese a las protestas de las últimas semanas que apuntan a una pérdida de soberanía del país sobre el Canal de Panamá, que se vaya a entablar una renegociación de los términos con Washington.
El pronunciamiento del mandatario panameño se da un día después de que la embajada estadounidense ratificara que el documento firmado hace un mes —enfocado en la colaboración de ambos países para garantizar la seguridad de la ruta comercial marítima frente a lo que Estados Unidos considera una amenaza de influencia china— no permite la instalación de bases militares en el país centroamericano.
El memorando de entendimiento fue firmado en abril en el marco la visita del secretario de Defensa estadounidense, Peter Hegseth, a Panamá y en un escenario en el que no han cesado los comentarios y amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para recuperar el control sobre Canal de Panamá.
En ese mismo contexto, ambos país llegaron a un acuerdo para que los buques de la marina de Estados Unidos paguen un peaje “neutral” que aún no ha sido definido o explicado.
“La soberanía de Panamá no está en juego, ni se entrega, ni se regala”, defendió Mulino el jueves en contestación a las protestas contra el documento acordado.
Diferentes grupos sociales y gremiales han realizado manifestaciones, marchas y algunos cierres de avenidas en las últimas semanas contra el gobierno. Quienes cuestionan el memorando de entendimiento sobre el Canal de Panamá, plantean que compromete la soberanía panameña y la neutralidad de la ruta interoceánica.
Mulino, por su parte, insistió el jueves en asegurar que no implica de ninguna forma la instalación de base militar, ni permanente ni temporal, en territorio panameño y que el Ministerio de Seguridad de Panamá mantiene el control total sobre las áreas autorizadas. Sólo se permite, puntualizó el mandatario, el acceso al personal estadounidense cuando se considere necesario.
Asimismo, afirmó que las instalaciones que se estén usando seguirán siendo propiedad de Panamá y que se respetarán las leyes panameñas al igual que el tratado de neutralidad del Canal.
Atribuyó las protestas a intereses políticos y de otro orden y defendió que el acuerdo refuerza la capacidad de lucha del país en delitos internacionales como el narcotráfico, el lavado de activos y ciberterrorismo.
“Entiendo que, pues, la lucha contra el narcotráfico a algunos no les gusta y a otros no les importa; no se cuál de los dos es peor", rechazó Mulino, advirtiendo que el poder del Estado “está para mantener el orden público”.
Las protestas de las últimas semanas, que no han llegado a la magnitud de las de 2023 cuando se pedía el cierre de una mina de cobre, han empezado a generar molestias e impacto económico en algunas actividades y muestran un creciente malestar contra el gobierno de Mulino, que asumió en julio del año pasado.
Además de reclamar contra el documento acordado con Estados Unidos, grupos de educadores, universitarios, del sector salud y del sindicato de la construcción, principalmente, han salido a marchar contra una nueva ley de seguridad social aprobada en marzo, así como contra la posible reapertura de una mina de cobre cuyo cierre fue exigido en 2023 también con manifestaciones masivas.
Gremios empresariales del país ha pedido el diálogo y el cese de las protestas.
