El procurador general de Brasil, Paulo Gonet, acusó formalmente el martes al expresidente Jair Bolsonaro de intentar perpetrar un golpe de Estado para permanecer en el cargo tras su derrota electoral en 2022, en un plan que incluía envenenar a su sucesor y actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva y asesinar a un juez del máximo tribunal del país.
La acusación contra Bolsonaro
Gonet alega que Bolsonaro y 33 personas más participaron en un plan para mantenerse en el cargo. El plan, escribió el procurador, pretendía envenenar a Lula y matar a tiros al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, un adversario del expresidente.
“Los miembros de la organización criminal estructuraron en el palacio presidencial un plan para atacar instituciones, con el objetivo de derribar el sistema de poderes y el orden democrático, que recibió el siniestro nombre de ‘Daga Verde y Amarilla’”, dijo Gonet en el acta de acusación de 272 páginas. “El plan fue concebido y llevado al conocimiento del presidente, y él estuvo de acuerdo”.
A menudo se le puede ver a Bolsonaro con la camiseta amarilla y verde de la selección nacional de fútbol de Brasil, y estos colores se han asociado con su movimiento político.
El equipo legal de Bolsonaro dijo que recibió las acusaciones con “consternación e indignación”, añadiendo en un comunicado que el expresidente “nunca ha estado de acuerdo con ningún movimiento cuyo objetivo sea el de desmantelar el estado de derecho democrático o las instituciones que lo sustentan”.
El hijo de Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, dijo en la red social X que la acusación era “vacía” y que no había evidencia de irregularidades. Acusó a la procuraduría de servir “a los nefastos intereses de Lula”.
En noviembre, la Policía Federal de Brasil presentó a Gonet un informe de 884 páginas en el que se detalló el plan. En él se señala un esfuerzo sistemático para sembrar desconfianza en el sistema electoral, la elaboración de un decreto para proporcionar cobertura jurídica al plan, una campaña de presión sobre la cúpula militar para que apoyara el plan e incitar un motín en la capital.
En el acta de acusación, Gonet describió los supuestos crímenes como parte de una cadena de eventos articulados con un objetivo general de impedir que Bolsonaro dejara la presidencia, “contrario al resultado de la voluntad popular en las urnas”.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil analizará los cargos y, si son aceptados, Bolsonaro será sometido a un juicio.
El expresidente niega haber cometido irregularidades. “No tengo preocupaciones sobre las acusaciones, cero”, comentó Bolsonaro a los periodistas horas antes el martes durante una visita al Senado en Brasilia.
“¿De casualidad han visto el decreto del golpe? No lo han visto. Yo tampoco”, añadió.
Además de participar en un intento golpe de Estado, las 34 personas imputadas enfrentan acusaciones de haber participado en una organización criminal armada, de intento de abolición violenta del estado de derecho democrático, de daños calificados por violencia y grave amenaza contra los bienes del Estado, y de deterioro del patrimonio catalogado, según un comunicado de la oficina de prensa del procurador general.
Gonet dijo que la organización criminal a la que acusó “tenía como líderes al mismo presidente (en ese entonces) y a su compañero de fórmula, el general Braga Netto”.
“Ambos aceptaron, incitaron y realizaron actos que están descritos en nuestras leyes penales como ataques a la existencia y la independencia de (los poderes) y del estado democrático”, escribió Gonet en su informe.
Los delitos conllevan distintas penas. Si Bolsonaro es declarado culpable de un intento de golpe y abolición violenta del estado de derecho democrático, podría recibir una sentencia de hasta 20 años en prisión, según el código penal brasileño.
Las acusaciones, que están basadas en manuscritos, archivos digitales, hojas de cálculo e intercambios de mensajes, exponen un plan para alterar el orden democrático, según la procuraduría.
Los cargos son “históricos”, dijo Luis Henrique Machado, abogado penalista y profesor en la universidad IDP en Brasilia, añadiendo que anticipa que el Supremo Tribunal Federal acepte los cargos y lleve a Bolsonaro a juicio antes de que finalice el próximo año.
“Los cargos demuestran que las instituciones de Brasil son sólidas, independientes y ágiles”, declaró Machado. “Son un modelo a seguir para otros países donde la democracia está en riesgo”.
Bolsonaro tiene prohibido postularse en las elecciones de 2026 después de que los jueces del máximo tribunal electoral del país dictaminaron que abusó de su poder y planteó dudas infundadas sobre la fiabilidad del sistema de votación electrónica del país.
Después de la acusación formal del martes, Bolsonaro “se hará pasar como una víctima”, dijo Carlos Melo, profesor de ciencias políticas en la Universidad Insper de Sao Paulo. Bolsonaro ha dicho previamente que sus problemas legales son un intento para impedir que regrese a la presidencia.
“Hay encuestas que dicen que sería competitivo en las elecciones de 2026 contra Lula, una de ellas publicada hoy mismo”, subrayó Melo. “Va a haber una polvareda política, pero se asentará”.
