LIMA (AP) — El ex primer ministro peruano Alberto Otárola, que fue el funcionario más influyente los primeros años de la administración de la presidenta Dina Boluarte y que ahora está distanciado, denunció el martes que es vigilado y hostilizado desde octubre por presuntos espías del gobierno. Pidió garantías para él y su familia.
Es la primera vez que Otárola habla de un presunto seguimiento del gobierno que ayudó a dirigir hasta marzo de 2024, cuando renunció en medio de los escándalos surgidos tras la difusión de un audio donde ofrecía trabajo a una mujer en un caso señalado por algunos legisladores como de presunto abuso de poder para obtener beneficios íntimos.
Desde su salida del gobierno, el ex primer ministro se ha ido distanciando de la mandataria, de quien fue abogado antes de que ella llegara al poder. La fricción entre ambos se acentuó cuando Otárola confirmó frente a una comisión de legisladores que Boluarte se había realizado una cirugía de nariz en 2023 por la que ahora es investigada por supuesto abandono de cargo y omisión de funciones.
En sus redes sociales, el ex primer ministro aseguró que es “hostilizado por aparatos de inteligencia” y adjuntó a su mensaje una copia de una denuncia policial que realizó el 26 de diciembre en la que indicaba que desde octubre “personas desconocidas” se detienen a filmar o fotografiar su casa, así como a las personas que ingresan o salen.
El lunes, durante la inauguración de una carretera, la presidenta calificó a Otárola de “cobarde” por confirmar el pasado 3 de diciembre de forma pública que Boluarte se sometió a la cirugía nasal el 28 de junio de 2023 porque sufría “problemas de respiración”. La cirugía había sido un rumor por varios meses negado por varios funcionarios.
La declaración de Otárola provocó que la fiscalía inicie una sexta investigación preliminar contra la presidenta.
Además de descalificar a su ex primer ministro, el lunes Boluarte justificó la intervención quirúrgica para tratar una “rinitis crónica” desde 2011 y detalló que su operación duró 40 minutos con anestesia local. “Cada vez que iba a provincia a trabajar me ahogaba y me asfixiaba, y de eso tenían conocimiento mis ministros, nunca dejé de trabajar”.
Otárola respondió poco después al comentario de la presidenta: “El abc de la política es mantener la cordura y la calma, máxime si se ejerce la primer magistratura de la Nación. Respetuosamente sugiero que la señora presidenta cambie el verbo odiar por el de gobernar”, indicó.
La AP solicitó comentarios a la oficina de prensa de la Presidencia sobre la denuncia de Otárola, pero no obtuvo una respuesta al momento.
Tanto Boluarte como Otárola están incluidos en una denuncia constitucional presentada por la fiscalía general ante el Congreso para que en 2026, cuando finalice el actual mandato, ambos sean denunciados ante la justicia como presuntos autores del delito de asesinato en relación a los civiles muertos durante las protestas sociales que exigían la renuncia de Boluarte después de asumir el poder en diciembre de 2022.
La mandataria asumió después de que el Congreso destituyó al entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022), quien poco antes había intentado cerrar el Parlamento mientras era investigado por corrupción. Boluarte era su vicepresidenta.
