CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La fiscalía federal mexicana, que investiga cómo llegaron desde Sinaloa a Texas en un avión privado los narcotraficantes Joaquín Guzmán López e Ismael “El Mayo” Zambada, informó el jueves que procedió a solicitar formalmente a través de Interpol toda la información que el presidente mexicano lleva exigiendo desde hace tres semanas a Estados Unidos y que, según el mandatario, no ha tenido respuesta.
En un comunicado, la fiscalía federal indicó también que no fueron correctas las primeras investigaciones de la fiscalía de Sinaloa en torno al homicidio de Héctor Melesio Cuén, un político local ocurrido el mismo día del arresto de los capos y presuntamente relacionado con ese caso: no se hizo una necropsia adecuada, ni se procesó bien el lugar de los hechos y el cadáver fue incinerado, algo contrario “a las prácticas criminalísticas sobre investigación de homicidios”, dice el documento.
La detención de “El Mayo”, uno de los capos más viejos y astutos de México que, hasta ahora, no había pisado la cárcel y era uno de los líderes destacados del Cártel de Sinaloa, y la de uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ha tensado las siempre complejas relaciones de seguridad entre los dos países y el último comunicado de la fiscalía federal es una muestra más.
México reconoció que solo fue informado de los arrestos cuando eran un hecho.
Joaquín Guzmán López había estado barajando su entrega a las autoridades estadounidenses desde hacía tiempo y, según el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, el pasado 25 de julio no solo se entregó sino que entregó a Zambada, en una operación en la que el gobierno de Estados Unidos no participó.
Según una carta de “El Mayo” divulgada al día siguiente de las declaraciones del diplomático, Zambada fue convocado por Guzmán López a una reunión en la que supuestamente estaría otro líder del cártel, el gobernador de Sinaloa —del partido del presidente mexicano— y el político sinaloense que fue asesinado, pero al llegar al lugar de la cita fue secuestrado por Guzmán López y llevado a Estados Unidos en un avión privado que despegó de un lugar cercano a la capital del estado.
En lugar de agradecer a Estados Unidos la captura de Zambada —cuyo cártel lleva décadas sembrando la violencia y el terror en México—, la Fiscalía General de la República quiere recopilar todas las evidencias necesarias para acusar de traición a quien se vea involucrado en esos hechos; quien prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional, para entregarla a las autoridades de otro país comete ese delito.
Por este motivo, la fiscalía federal informó el jueves de la petición a través de Interpol para conseguir casi una docena de datos vinculados con un “vuelo ilegal; con un avión de matrícula clonada; y con una conducta absolutamente irregular de quien piloteó ese avión y que ocultó toda la información de su vuelo en territorio mexicano, hasta que llegó a la frontera, donde ya dio solo el aviso de su aproximación y aterrizaje en territorio de los Estados Unidos, en donde ya lo estaban esperando”.
López Obrador lleva tres semanas pidiendo esos datos y el pasado viernes incluso acusó al país vecino de no colaborar en este asunto.
Los procesos abiertos contra Zambada en Estados Unidos pueden ser origen de muchísima información sobre la forma de actuar del cártel y sus vínculos con las autoridades ya que Zambada, de 76 años, era considerado uno de los narcotraficantes más influyentes de México y de mayor poder corruptor.
En su carta, Zambada calificó como “un amigo suyo de mucho tiempo” al parlamentario local, exalcalde de la capital y exrector de la universidad, Héctor Melesio Cuén.
Según Zambada, Cuén fue asesinado en el lugar donde a él le secuestraron y no donde había informado la fiscalía de Sinaloa. “El Mayo” también afirmó que entre su personal de seguridad estaba un comandante de la policía judicial sinaloense.
El gobernador de Sinaloa Rubén Rocha negó cualquier complicidad con el crimen organizado y aseguró que estaba fuera del estado el día de las detenciones. También pidió a la fiscalía federal que investigara el asesinato.
Este departamento enumeró el jueves hasta nueve acciones que los investigadores de Sinaloa hicieron mal o no hicieron, como la incongruencia entre un supuesto video del ataque, donde solo se escucha un tiro y los cuatro disparos que tenía el cadáver de Cuén, ya cremado.
