SANTIAGO (AP) — La fiscalía chilena realizaba el viernes las primeras diligencias en el marco de la investigación por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende por parte del Estado, un caso que ha puesto contra las cuerdas al gobierno de Gabriel Boric y al legado del exmandatario derrocado en el golpe militar de 1973.
El Ministerio Público citó a declarar a la senadora socialista Isabel Allende, la hija más pequeña del expresidente y administradora de la vivienda, y a la actual titular de Defensa, Maya Fernández —una de las coproprietarias del inmueble y nieta del ex jefe de Estado— como parte de las indagatorias sobre la compraventa de la histórica casa de Allende, una transacción que fue señalada por legisladores y juristas como ilegal por supuestamente violar la Constitución.
El Ministerio Público igualmente tiene previsto escuchar a la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, destituida a inicios de mes por el manejo de su cartera en el caso.
Así como lo hizo la víspera la ministra Fernández, Allende ejerció el derecho a guardar silencio en su comparecencia ante los fiscales, aunque mostró disposición para cooperar con las autoridades.
“Siguiendo nuestra recomendación, la senadora ha hecho uso de su derecho a guardar silencio y declarará cuando lo consideremos oportuno, una vez que tengamos acceso a los antecedentes de la investigación y a la imputación”, expresó en un comunicado la abogada Paula Vial, quien encabeza la defensa de ambas autoridades.
Vial agregó que la senadora “colaborará siempre con las instituciones” y resaltó que “toda su actuación se ha dado en el marco de la buena fe”.
El Ejecutivo de Boric anunció el 31 de diciembre la adquisición, por más de 900.000 dólares, de la vivienda de Allende con fines de convertirla en una casa-museo para preservar el legado del exmandatario socialista.
Sin embargo, en los días siguientes diversos juristas apuntaron el potencial ilícito del negocio y no tardó para que éste causara furor entre la oposición, que sostiene que la transacción infringe un artículo de la Carta Magna que prohíbe a legisladores y ministros realizar contratos con el Estado.
Tan sólo tres días después del anuncio, el gobierno dio marcha atrás y notificó, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, que no proseguiría con la operación. El pasado 6 de enero el caso escaló, llegó a los tribunales y, en un intento de calmar los ánimos, Boric pidió la renuncia de la entonces ministra Sandoval.
La investigación inició a raíz de una denuncia interpuesta por la organización Fundación Fuerza Ciudadana ante un tribunal de Santiago. Pese a los intentos del gobierno por apaciguar la situación, la tensión aumentó y llevó a que dos partidos de la oposición presentaran esta semana al Tribunal Constitucional un requerimiento para destituir a Allende de su escaño en el Senado.
Este mismo viernes, además, diputados del derechista Renovación Nacional enviaron una carta a Boric en la que pidieron la renuncia de la titular de Defensa por “la situación judicial que actualmente la aqueja”.
Desde que el caso explotó, el presidente chileno —un confieso admirador del expresidente Allende y quien se propuso desde que asumió la presidencia en 2022 impulsar la preservación de su legado— ha evitado manifestarse públicamente sobre los hechos.
Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, indicó que la fiscalía no descarta que Boric sea citado a declarar, aunque apuntó que la decisión estará a cargo del fiscal al frente de la investigación. "Si es necesario citar al presidente de la república, con toda seguridad el fiscal lo va a citar”, matizó durante una conversación con periodistas.
Elegido en 1970, Allende es una de las figuras más emblemáticas de la política chilena.
Tras tres años de gobierno, marcado por los problemas económicos y el conflicto con Washington por el temor a que instaurase un gobierno comunista, el socialista se suicidó el 11 de septiembre de 1973 durante el asalto al Palacio de La Moneda comandado por el general Augusto Pinochet.
El golpe de Estado militar encabezado por Pinochet, que incluyó el bombardeo del palacio presidencial de Santiago, donde se había refugiado Allende, marcaría el inicio de la dictadura militar que gobernaría el periodo más oscuro de la historia moderna de Chile, entre 1973 y 1990.
