El gobierno de Estados Unidos seguía resistiéndose el miércoles a las órdenes de una jueza federal para proporcionar información sobre los pasos que ha tomado, si es que ha tomado alguno, para devolver a un hombre de Maryland que fue deportado por error a El Salvador.
Drew Ensign, un asistente del fiscal general adjunto, presentó una moción precintada solicitando una suspensión de la orden de la jueza para proporcionar testimonio jurado y documentos sobre los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para recuperar a Kilmar Ábrego García.
La solicitud se produce unas horas después de que la jueza federal de distrito, Paula Xinis, en Maryland, criticara al gobierno del presidente Donald Trump en un escrito presentado el martes por ignorar sus órdenes, obstruir el proceso legal y actuar de "mala fe" al negarse a proporcionar información.
Xinis dio al gobierno federal hasta las 6 de la tarde del miércoles para proporcionar información. La Casa Blanca, en cambio, presentó una moción precintada para una suspensión de siete días de su orden. El gobierno también está solicitando alivio de proporcionar actualizaciones diarias sobre el estado de Ábrego García y los esfuerzos para devolverlo.
Los abogados de Ábrego García presentaron una respuesta en oposición a la moción del gobierno más tarde el miércoles.
Tom Homan, el zar fronterizo del gobierno de Trump, no abordó directamente los comentarios de la jueza del martes cuando los periodistas le preguntaron en la Casa Blanca el miércoles. Pero reiteró la postura del gobierno de que Ábrego García será detenido y deportado de nuevo si fuera devuelto a Estados Unidos.
La Corte Suprema federal ordenó al gobierno de Trump hace casi dos semanas facilitar el regreso de Ábrego García a Estados Unidos, rechazando la afirmación de la Casa Blanca de que no podía recuperarlo después de deportarlo por error.
Los funcionarios del gobierno de Trump han respondido, argumentando que depende de El Salvador, aunque el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, también ha dicho que carece del poder para devolver a Ábrego García. El gobierno también ha argumentado que la información sobre cualquier paso que haya tomado o pueda tomar para devolver a Ábrego García está protegido por las leyes de privilegio abogado-cliente, leyes de secreto de estado, "privilegio gubernamental" general u otras reglas de secreto.
Pero Xinis dijo que esas afirmaciones, sin hechos que las respalden, reflejan una "negativa intencionada y de mala fe a cumplir con las obligaciones de descubrimiento".
"Durante semanas, los demandados han buscado refugio detrás de afirmaciones vagas e infundadas de privilegio, usándolas como un escudo para obstruir el descubrimiento y evadir el cumplimiento de las órdenes de este tribunal", escribió Xinis en la orden del martes. “Los demandados han sabido, al menos desde la semana pasada, que este tribunal requiere demostraciones legales y fácticas específicas para respaldar cualquier reclamo de privilegio. Sin embargo, han continuado confiando en afirmaciones estándar. Eso termina ahora”.
Ábrego García, de 29 años, vivió en Estados Unidos durante aproximadamente 14 años, durante los cuales trabajó en construcción, se casó y estaba criando a tres hijos con discapacidades, según los registros judiciales.
Un juez de inmigración de Estados Unidos había protegido a Ábrego García de la deportación a El Salvador en 2019, dictaminando que probablemente enfrentaría persecución allí por parte de pandillas locales que habían aterrorizado a su familia. También se le otorgó un permiso federal para trabajar en Estados Unidos, donde era trabajador metalúrgico y miembro de un sindicato, según los abogados de Ábrego García.
Pero el gobierno de Trump expulsó a Ábrego García a El Salvador el mes pasado de todos modos. Los funcionarios de la administración describieron más tarde el error como "un error administrativo" pero insistieron en que Ábrego García era miembro de la pandilla MS-13.
Ábrego García nunca fue acusado de un delito y ha negado las acusaciones. Sus abogados han señalado que el informante criminal afirmó que era miembro de MS-13 en Long Island, Nueva York, donde nunca ha vivido.
No es la primera vez que el gobierno de Trump enfrenta una orden severa de un juez federal por su enfoque en los casos de deportación.
Un panel de tres jueces del Tribunal Federal de Apelaciones del 4to Circuito reprendió al gobierno la semana pasada, diciendo que su afirmación de que no puede hacer nada para liberar a Ábrego García "debería ser impactante". Ese fallo se produjo un día después de que un juez federal en Washington D.C. encontrara causa probable para declarar al gobierno de Trump en desacato criminal al tribunal por violar sus órdenes de dar la vuelta a aviones que transportaban deportados a El Salvador en un caso legal diferente.
Los demócratas y los expertos jurídicos señalaron que el Trump está provocando una crisis constitucional en parte al ignorar los fallos judiciales, mientras que la Casa Blanca ha dicho que son los jueces quienes son el problema.
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La periodista de The Associated Press Darlene Superville en Washington contribuyó a este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
