CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El gobierno nicaragüense ha desmantelado los últimos controles y equilibrios restantes y “ejecuta sistemáticamente una estrategia para cimentar el control total del país a través de graves violaciones de derechos humanos”, advirtió el miércoles un panel de expertos de Naciones Unidas.
El informe de los expertos en derechos humanos es la crítica más reciente y contundente al gobierno del presidente Daniel Ortega y a la primera dama y ahora copresidenta, Rosario Murillo, que durante años ha reprimido la disidencia y a la sociedad civil.
Las medidas comenzaron con la violenta represión gubernamental de las protestas de 2018. Desde entonces, el gobierno nicaragüense “ha transformado deliberadamente al país en un estado autoritario”, señalaron los expertos. La represión ha obligado a decenas de miles de personas a huir del país en busca de asilo.
“El estado y el gobernante partido sandinista se han fusionado prácticamente en una maquinaria unificada de represión con un impacto nacional y transnacional”, afirmó en un comunicado Jan Simon, presidente del Grupo de Expertos de la ONU. “Ortega y Murillo operan una amplia maquinaria de inteligencia con la que vigilan a la población y seleccionan los objetivos de la violación de derechos, actuando como ‘los ojos y oídos’ que permiten (al gobierno nicaragüense) obtener y mantener el control total sobre las personas.”
El gobierno nicaragüense no respondió a una solicitud de comentarios.
Los expertos señalaron que el golpe final a la democracia se dio el mes pasado con una reforma constitucional aprobada por el Congreso nicaragüense, que está firmemente controlado por el partido sandinista de Ortega y Murillo.
La reforma, que entró en vigor el 18 de febrero, puso a todas las ramas del gobierno bajo el poder de la presidencia, y también convirtió oficialmente a Ortega y Murillo en “copresidentes”, lo que garantizaría la sucesión presidencial para Murillo y su familia.
La reforma también amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, en un movimiento que consolidó aún más el firme control de la familia sobre el poder.
El informe de los expertos de la ONU indicó que, además del control gubernamental, Ortega y Murillo han ampliado su uso de detenciones arbitrarias, expulsiones forzadas, confiscación de propiedad privada y despojo de la ciudadanía nicaragüense a sus opositores.
Los expertos compilaron una lista de personas a las que creían responsables de la represión, la cual será compartida con el gobierno nicaragüense y hecha pública a través del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. También instaron a la comunidad internacional a emprender acciones legales y ampliar las sanciones dirigidas contra esos individuos, además de proporcionar mayores protecciones para los exiliados nicaragüenses.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
