CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La respuesta del gobierno de Bernardo Arévalo a las solicitudes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos permitió sacar a Guatemala de la lista de países en los que estos derechos son vulnerados, pero el Congreso y el Poder Judicial siguen siendo “motivo de preocupación”.
Así lo indicó en una entrevista el viernes con The Associated Press la vicepresidenta de la CIDH, Andrea Pochak, un día después de la presentación del informe anual del organismo.
“Encontramos en las nuevas autoridades políticas del gobierno de Guatemala una muy buena receptividad a nuestras recomendaciones”, dijo Pochak.
En su reporte anual la CIDH detalló como un logro de la democracia la toma de posesión de Arévalo en enero de 2024 --que la Fiscalía guatemalteca intentó bloquear a través de procesos judiciales--, la visita de la comisión al país en julio y una ligera baja en la tasa de homicidios en comparación con 2023.
También consideró “las medidas tomadas para mejorar la atención, investigación y sanción de los casos de violencia contra la mujer... y el fortalecimiento de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos”.
El presidente guatemalteco celebró el viernes que Guatemala quedara fuera de la lista de países observados.
“La Comisión ha decidido retirar de su lista negra a Guatemala, lista que significa una tacha importante para países donde se considera que los espacios de derechos humanos no son respetados”, dijo Arévalo en conferencia de prensa.
Guatemala fue observada en los informes de 2021 y 2023 durante la administración del entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024) por un ejercicio abusivo del poder.
Durante el gobierno de Giammattei al menos 100 funcionarios judiciales, defensores de derechos humanos y periodistas se exiliaron tras denunciar una persecución por parte de la Fiscalía General por haber investigado casos de corrupción.
Pese a quedar fuera de la lista Pochak indicó que “Guatemala sigue estando bajo amenaza, en particular por el uso arbitrario de la justicia penal para perseguir a defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales, indígenas, operadores de justicia y periodistas”.
Como ejemplo citó que la reciente detención de los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán —acusados de terrorismo— es "una muestra de que esta práctica de criminalización, de detención arbitraria, no cesa y pone en riesgo la democracia del país".
Pacheco y Chaclán son miembros de la junta directiva de la organización 48 Cantones de Totonicapán que en 2023 encabezó las protestas contra la fiscal general Consuelo Porras, que buscaba impedir la toma de posesión de Arévalo.
Porras ha arremetido contra el gobierno de Arévalo desde antes de que asumiera y solicitó en varias ocasiones el retiro de inmunidad del presidente para que sea juzgado por distintos hechos.
La fiscal general ha sido sancionada junto a jueces y fiscales guatemaltecos por 42 países, incluidos los de la Unión Europea y Estados Unidos, por obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia en Guatemala.
Pochak indicó que la CIDH también “advierte prácticas antidemocráticas por parte del Congreso de la República”, aunque no dio mayores detalles.
El Parlamento guatemalteco ha esquivado el tratamiento de proyectos de ley presentados por Arévalo para modificar la ley del Ministerio Público y así poder destituir a Porras.
Por último Pochak dijo que la CIDH está “dándole un seguimiento a la falta de investigación de los crímenes cometidos durante el conflicto armado” de 1960 a 1996, en el que según informes de las Naciones Unidas unas 200.000 personas fueron asesinadas y otras 45.000 desaparecidas.
“Notamos una situación de impunidad. Se investiga a quien no se debe investigar y no se investigan crímenes graves”, dijo la vicepresidenta de la Comisión.
La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) dedicado a supervisar y promover el respeto de los derechos humanos en las Américas. Su informe anual es un panorama de la situación regional y aunque no tiene fuerza de ley su diagnóstico y recomendaciones son acogidos por funcionarios de gobierno, organizaciones cívicas y jueces al momento de tomar decisiones.
