BUDAPEST, Hungría (AP) — El partido nacionalista del primer ministro húngaro Viktor Orbán introdujo un proyecto de ley el martes por la noche que permitiría al gobierno monitorear, restringir, sancionar y potencialmente prohibir organizaciones que considere una amenaza para la soberanía nacional, lo que suponía una escalada significativa en la prolongada represión del gobierno sobre los medios críticos y las organizaciones no gubernamentales.
El proyecto de ley, presentado por un legislador del partido Fidesz de Orbán, ampliaría la autoridad de la controvertida Oficina de Protección de la Soberanía de Hungría, permitiéndole identificar organizaciones que influyan en el debate público o en el sentimiento de los votantes de maneras que considere perjudiciales para los intereses de Hungría.
Bajo la legislación propuesta, esas organizaciones podrían ser incluidas en una lista por decreto gubernamental, despojadas de financiamiento clave y sometidas a severas sanciones financieras si se determina que “ponen en peligro la soberanía de Hungría al llevar a cabo actividades destinadas a influir en la vida pública con apoyo extranjero”.
La medida es el último esfuerzo en una escalada por parte del gobierno de Orbán para reforzar su control sobre la expresión política y el compromiso cívico en Hungría, ya que el líder con más años de servicio en la Unión Europea enfrenta un gran desafío a su control de 15 años en el poder en las elecciones programadas para el próximo año.
Es probable que el parlamento vote sobre el proyecto de ley en los próximos días y se espera que se apruebe, ya que Fidesz tiene una mayoría de dos tercios.
Ante una creciente presión legal y financiera por parte del gobierno, muchos de los medios independientes y ONG de Hungría han dependido cada vez más de subvenciones y asistencia internacional para sostener sus operaciones.
Sin embargo, en un discurso en febrero cargado de retórica conspirativa, Orbán dijo que las organizaciones que reciben cualquier financiamiento desde fuera de las fronteras de Hungría “tienen que ser eliminadas, tienen que ser barridas... Hay que hacer legalmente imposible su existencia”.
Orbán ha implementado durante años medidas represivas contra las ONG y los medios independientes, aprobando leyes que, según los críticos, buscan estigmatizar y obstruir a grupos que brindan protección a mujeres y minorías, ofrecen asistencia legal y de derechos humanos y exponen la corrupción oficial.
Esos esfuerzos se intensificaron en 2023 cuando el gobierno populista de derecha de Orbán lanzó la Oficina de Protección de la Soberanía, una autoridad encargada de investigar organizaciones y medios que considera que ejercen influencia extranjera.
La oficina tiene el poder de recopilar información sobre cualquier grupo o individuo que se beneficie de financiamiento extranjero e influya en el debate público, y los servicios secretos de Hungría pueden asistir en sus investigaciones. Las violaciones pueden resultar en penas de prisión de hasta tres años.
Los opositores a las políticas del gobierno han comparado la Oficina de Protección de la Soberanía con la ley de “agentes extranjeros” de Rusia, y han dicho que puede utilizarse para atacar arbitrariamente a críticos del gobierno, incluidas ONG y periodistas.
El proyecto de ley presentado el lunes utiliza una definición amplia de lo que constituye una amenaza para la soberanía. Las organizaciones pueden ser objetivo si se oponen o retratan de manera negativa valores como el carácter democrático de Hungría, la unidad nacional, las estructuras familiares tradicionales o la cultura cristiana, lo que sugiere que incluso la crítica legítima a la política gubernamental podría ser tratada como una amenaza a la seguridad nacional.
Los grupos incluidos en la lista tendrían prohibido recibir donaciones a través del programa del 1% del impuesto sobre la renta personal de Hungría, una fuente vital de financiamiento para muchas organizaciones sin fines de lucro, y se les requeriría obtener una autorización especial de la autoridad fiscal nacional para aceptar cualquier donación extranjera.
Además, los ciudadanos húngaros que donen a organizaciones incluidas en la lista necesitarían presentar una declaración formal afirmando que sus contribuciones no provienen del extranjero. Las organizaciones que se determine que han recibido apoyo prohibido estarían sujetas a multas equivalentes a 25 veces el valor de la donación infractora.
