CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El jefe de la agencia migratoria mexicana, Francisco Garduño, acusado de ejercicio ilícito del servicio público y omisión de obligaciones en el incendio de un centro de detención migratoria en 2023 en el que murieron 40 personas y una treintena resultaron heridas, logró una suspensión condicional de su proceso penal lo que, según alertaron el viernes los abogados de las víctimas, podría ser la antesala al cierre del caso.
Según indicaron en un comunicado las ONG Asylum Access, Dhia, Imumi y la Fundación para la Justicia, que representan a los afectados, la decisión de la suspensión se tomó en una audiencia el pasado 24 de enero y ya la han recurrido.
El juez otorgó la suspensión del proceso por año y medio con una serie de requisitos que, de cumplirse, tendrían los efectos de una sentencia absolutoria con lo que el crimen quedaría en la impunidad, denunciaron estos colectivos.
El 27 de marzo de 2023 unos 70 hombres estaban hacinados en un dormitorio cerrado con candado, sin ventilación y sin apenas agua en el centro de detención migratoria de Ciudad Juárez, en la frontera con El Paso, Texas. Al caer la noche un pequeño grupo prendió fuego a unas colchonetas en señal de protesta y en cuestión de segundos el humo lo cubrió todo.
Las cámaras de seguridad grabaron cómo los guardias salieron del lugar pese a los gritos de auxilio y sin siquiera acercarse a abrir las rejas. Sólo las mujeres, retenidas en otra celda, fueron liberadas. La mayoría de las víctimas fueron centroamericanos y venezolanos.
Garduño es un exagente de prisiones que asumió la titularidad del Instituto Nacional de Migración (INM) a mediados de 2019 para llevar a cabo la política de contención migratoria exigida por la primera administración de Donald Trump al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y evitar los aranceles a México.
Pese al proceso penal en su contra, nunca fue separado del cargo. La actual mandataria, Claudia Sheinbaum, anunció su relevo al llegar al poder en octubre pero, tras la segunda victoria de Trump —que tiene en el control de la migración una de sus máximas prioridades— optó por mantenerle en el cargo para que hubiera una transición adecuada, según dijo este mes tras refrendar su apoyo al funcionario.
“Llamamos a la presidenta... a no dejar que la impunidad gane y a ser congruente con su discurso de protección de los derechos de las personas migrantes”, indicaron los representantes de las víctimas tras pedir la separación del alto funcionario de su cargo.
Además de Garduño, otro directivo del INM —ahora prófugo— está acusado de los mismos delitos y seis agentes migratorios —entre ellos un militar— están bajo proceso acusados de homicidio y lesiones, al igual que un guardia de seguridad privada y los dos migrantes señalados de iniciar el fuego.
En la audiencia, los abogados de las víctimas pidieron al juez que, entre las medidas a cumplir durante el periodo de suspensión, se le separara del cargo, prestara algún servicio social sin remuneración y se le inhabilitara para el servicio público. Estas peticiones fueron rechazadas.
El juez le impuso, entre otras medidas, hacer una disculpa pública, tomar cursos en derechos humanos y visitar los centros de detención migratoria para garantizar que su seguridad.
El trato del INM a los migrantes que cruzan México ha sido denunciado en numerosas ocasiones desde hace años y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una entidad oficial, ha reconocido en varias ocasiones violaciones graves provocadas por agentes migratorios. Pero el incendio de Ciudad Juárez fue el incidente más letal en un centro migratorio de la historia de México que conllevó cambios en este tipo de instalaciones y el cierre de algunas.
