MIAMI (AP) — Un juez federal en Florida ha bloqueado las importaciones de un pescado proveniente de aguas protegidas cerca de la Antártida, apoyando a los reguladores de Estados Unidos que argumentaron que estaban obligados a bloquear las importaciones en medio de una disputa diplomática provocada por la obstrucción de Rusia a los esfuerzos de conservación en el extremo del mundo.
El juez David Leibowitz, en un fallo el lunes, desestimó una demanda presentada en 2022 por Southern Cross Seafoods, con sede en Texas, que alegaba haber sufrido un daño económico indebido por lo que argumentaba era la decisión arbitraria del gobierno de Estados Unidos de prohibir las importaciones de la lubina chilena.
El caso, seguido de cerca por grupos de conservación y la industria pesquera, se origina en el rechazo de Rusia a los límites de captura de vida marina cerca del Polo Sur.
Cada año, durante cuatro décadas, 26 gobiernos se unieron en la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, o CCAMLR, para establecer límites de captura para la merluza negra, como también se conoce a la lubina chilena, basándose en las recomendaciones de un comité de científicos internacionales.
Pero en 2021, y desde entonces, los representantes rusos en la organización se han negado a aprobar los límites, en lo que muchos ven como parte de un esfuerzo más amplio del gobierno del presidente Vladímir Putin para obstaculizar la cooperación internacional en una serie de temas. La negativa de Rusia fue un veto efectivo porque la comisión trabaja por consenso, lo que significa que cualquier gobierno individual puede detener la acción.
La respuesta del Reino Unido a la jugada de Rusia fue establecer unilateralmente su propio límite de captura para la lubina chilena, más bajo que la recomendación nunca adoptada de la comisión científica, y emitir sus propias licencias para pescar frente a la costa de Georgia del Sur, una isla deshabitada que controla en el Atlántico Sur. Eso provocó críticas de ambientalistas, así como de funcionarios estadounidenses, que temen que pueda alentar abusos aún peores, socavando la gestión internacional de las pesquerías.
Leibowitz, en su fallo, apoyó la interpretación del gobierno estadounidense de sus obligaciones bajo el tratado, advirtiendo que el rechazo del Reino Unido a los procedimientos establecidos por la CCAMLR ponía en riesgo la sobrepesca en una parte sensible del Atlántico Sur y socavaba la esencia misma del tratado.
"La pesca ilimitada de ninguna manera promueve los objetivos de la CCAMLR de proteger el ecosistema antártico", escribió. "Permitir que una nación se niegue a acordar un límite de captura para un pez en particular solo para luego poder cosechar ese pez en cantidades ilimitadas contravendría los propósitos expresos de la CCAMLR".
El fallo extiende efectivamente una prohibición existente sobre las importaciones de todos los barcos pesqueros con licencia del Reino Unido que operan cerca de Georgia del Sur, que también es reclamada por Argentina. Sin embargo, el pescado todavía está disponible en Estados Unidos de proveedores autorizados por Australia, Francia y otros países en áreas donde Rusia no objetó los límites de captura propuestos.
Durante años, la lubina chilena de Georgia del Sur fue uno de los mariscos de mayor precio en los supermercados de Estados Unidos y durante décadas la pesca fue un ejemplo de cooperación internacional, reuniendo a potencias globales como Rusia, China y Estados Unidos para proteger el frío y cristalino océano del sur de la pesca desenfrenada vista en otras partes de alta mar.
Southern Cross presentó originalmente su demanda en el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, pero se trasladó el año pasado a un tribunal federal en Ft. Lauderdale, donde la empresa recibió dos envíos de lubina de una empresa pesquera británico-noruega en 2022.
Un abogado de Southern Cross, que no tiene un sitio web y lista como su dirección una casa frente al mar en un suburbio de Houston, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Los grupos ambientalistas elogiaron el fallo.
Andrea Kavanagh, quien dirige el trabajo en la Antártida y el Océano Austral para Pew Bertarelli Ocean Legacy, afirmó: "Permitir que cualquier país eluda los límites acordados y pesque libremente socava décadas de cooperación internacional arduamente ganada y amenaza uno de los últimos ecosistemas marinos intactos del planeta".
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Esta nota contó el apoyo de la Walton Family Foundation. La AP es la única responsable de todo el contenido.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
