CONCORD, Nueva Hampshire, EE.UU. (AP) — Los maestros que intentan bloquear la directriz de la administración Trump que prohíbe los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión en las escuelas están tratando de "fabricar daño", dijo un abogado del gobierno a un juez federal en Nueva Hampshire el jueves.
Sin embargo, el juez que sopesa detener temporalmente al Departamento de Educación de hacer cumplir la directriz dijo que los propios comunicados de prensa de la agencia federal contradicen algunos de los argumentos de su abogado.
En febrero, el Departamento de Educación informó a las escuelas y universidades que debían terminar cualquier práctica que diferenciara a las personas por su raza o arriesgarse a perder su financiamiento federal. A principios de este mes, el departamento ordenó a los estados reunir firmas de los sistemas escolares locales certificando el cumplimiento de las leyes de derechos civiles, incluyendo el rechazo de lo que el gobierno federal llama "prácticas ilegales de inclusión", para el 24 de abril.
La Asociación Nacional de Educación y las Libertades Civiles Estadounidenses demandaron al departamento en Nueva Hampshire, argumentando que la directriz en el memorando del 14 de febrero, formalmente conocido como una Carta Querido Colega, se basaba en restricciones legales vagas que violan tanto el debido proceso como la Primera Enmienda constitucional. También describe la carta como un esfuerzo por limitar la libertad académica y dictar lo que se puede enseñar a los estudiantes.
Pero durante una audiencia el jueves, el subsecretario de Justicia, Abishek Kambli, argumentó que el sindicato de maestros carece de legitimidad para demandar porque la directriz está dirigida a las escuelas, no a los maestros. Y los educadores que se están "autocensurando" debido a un malentendido de la carta no están siendo perjudicados, expresó.
"No se puede fabricar daño simplemente infligiéndose daño a uno mismo", manifestó.
Kambli también sugirió que una suspensión temporal de la aplicación era innecesaria porque existe un proceso largo y de múltiples pasos para determinar si una escuela debería perder financiamiento, con amplias oportunidades para impugnar los hallazgos. Pero la jueza Landya McCafferty leyó pasajes del comunicado de prensa del Departamento de Educación que anunciaba la reciente cancelación de subvenciones y contratos a la Universidad de Columbia.
"No describe ningún tipo de proceso, dice inmediato", señaló.
La directriz no tiene fuerza de ley, pero amenaza con usar la aplicación de los derechos civiles para eliminar las prácticas inclusivas en las escuelas. Las escuelas que continúen con tales prácticas "en violación de la ley federal" pueden enfrentar litigios del Departamento de Justicia y la terminación de subvenciones y contratos federales, ha advertido el departamento.
Sarah Hinger, abogada de la ACLU, refutó la afirmación de Kambli de que la carta no era una acción final que pudiera ser impugnada en la corte, sino más bien una explicación de las prioridades de aplicación del departamento.
"Requiere. Ordena. Dicta", dijo. "El efecto disuasorio de eso está ocurriendo ahora, y los demandantes no están obligados a esperar hasta que sean llevados a la corte para impugnar una ley inconstitucional".
Funcionarios de educación en algunos estados liderados por demócratas han indicado que no cumplirán con la orden de presentar la certificación del cumplimiento de sus escuelas. Hinger dijo a los periodistas después de la audiencia que, además del miedo, los educadores también han expresado valentía.
"Estamos viendo a personas en toda la comunidad educativa levantarse y afirmar sus derechos y realmente ser valientes al indicar cuán contraria es esta carta 'Querido Colega' a las prácticas educativas sólidas desde K-12 (básica) hasta la educación superior", afirmó.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
