BOGOTÁ (AP) — El último máximo comandante de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) reclamó el lunes al Tribunal de Paz que los juzga por considerar que hay riesgo de que sus casos por crímenes en el conflicto armado no concluyan a tiempo en sentencias y sean eventualmente juzgados por la justicia ordinaria, tras ocho años de haber firmado la paz y abandonado las armas.
El reclamo de Rodrigo Londoño, actual presidente del partido político de los exguerrilleros, llega después de que el presidente del tribunal, Alejandro Ramelli, dijera en una entrevista a la radio colombiana Blu que el tiempo que tienen para investigar los crímenes cometidos en cinco décadas de conflicto es limitado y lo que “no logremos investigar será devuelto a la justicia ordinaria, y allí las sanciones ya no serán propias, sino de cárcel”.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como fue denominado el tribunal de paz, empezó a operar en 2018 y desde entonces investiga y juzga los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en cinco décadas de conflicto armado interno en Colombia. Por ley, el tribunal tiene un término inicial de 15 años de existencia, con una prórroga máxima de cinco años más.
Según el presidente del tribunal, el tiempo que tienen para investigar los crímenes se limita a 10 años, de los cuales ya han pasado más de seis, y luego deben dedicarse a juzgarlos durante otros cinco años. En esos plazos, Ramelli no incluye los cinco años de prórroga con los que también se puede contar.
La JEP es un tribunal de justicia transicional, temporal y especial, que permite a sus miles de comparecientes —entre exguerrilleros, fuerza pública, agentes estatales y terceros civiles— recibir una sanción que no implique cárcel, sino la restricción de algunos de sus derechos y la reparación a las víctimas, a cambio de confesar sus crímenes y contar detalles de lo ocurrido.
El tribunal no ha emitido sentencias hasta ahora, sino que ha imputado crímenes en los macro casos que agrupan crímenes cometidos en el conflicto armado como el secuestro, las ejecuciones extrajudiciales y la utilización de niños para la guerra.
Además, de las sentencias, Londoño reclama que sólo han otorgado 827 amnistías a exguerrilleros de más de 5.000 solicitadas.
Londoño advierte en una carta pública que las declaraciones del presidente de la JEP “confirman nuestros peores temores”, dado que “declara que no les va a alcanzar el tiempo para dar cierre jurídico al conflicto armado colombiano”. Para el líder exguerrillero se trataría de un incumplimiento de la misión que le fue encomendada a la JEP que traería consecuencias jurídicas y políticas.
“Valga señalar que los máximos responsables del Estado siguen sin asumir sus responsabilidades y las dilaciones atribuibles a la jurisdicción tendrían como consecuencia la intervención de la CPI (Corte Penal Internacional)”, indicó Londoño, quien en sus años de guerra fue conocido como “Timochenko”.
La Corte Penal Internacional cerró en 2021 un examen preliminar a Colombia y se abstuvo de abrir una investigación formal al considerar que el país estaba cumpliendo con sus obligaciones internacionales tanto en la justicia penal ordinaria como con la JEP. Sin embargo, advirtió en ese momento que, de darse un cambio radical, se haría una investigación.
El líder de las ex FARC reiteró la voluntad que tienen los ex jefes guerrilleros de renunciar a la presunción de inocencia para agilizar el proceso judicial. Un pedido que aún está siendo analizado por el tribunal.
