RÍO DE JANEIRO (AP) — Un panel de jueces del Tribunal Supremo de Brasil comenzó el martes los procedimientos para determinar si el expresidente Jair Bolsonaro y sus aliados cercanos serán juzgados por cinco cargos, entre ellos, el intento de llevar a cabo un golpe de Estado.
El fiscal general Paulo Gonet acusó a Bolsonaro el mes pasado de planear un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 ante su oponente y actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Parte de ese plan supuestamente incluía envenenar a Lula y asesinar al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, un adversario de Bolsonaro.
Cinco jueces del Tribunal Supremo, entre los que está de Moraes, el relator, iniciaron los procedimientos alrededor de las 9:45 de la mañana, hora local en Brasilia, para decidir sobre los cargos presentados por Gonet. Si la mayoría vota a favor, los acusados se convertirán en imputados en un caso penal.
Bolsonaro y sus presuntos cómplices también están acusados de participar en una organización criminal armada, intento de abolición violenta del estado de derecho democrático, daño calificado por violencia y una seria amenaza contra los bienes del estado, y deterioro del patrimonio listado.
Bolsonaro ha negado repetidamente haber cometido algún delito y afirma que está siendo perseguido políticamente.
La cadena de televisión local Globonews mostró a Bolsonaro llegando al Tribunal Supremo. En declaraciones hechas a periodistas la mañana del martes en el aeropuerto de Brasilia, Bolsonaro nuevamente negó las acusaciones.
“Estoy bien. Siempre espero justicia. Nada está fundamentado en las acusaciones, hechas de manera sesgada, por la Policía Federal”, expresó Bolsonaro, refiriéndose al informe de 884 páginas presentado a finales de noviembre.
Según la ley brasileña, una condena por golpe de estado por sí sola conlleva una sentencia de hasta 12 años, pero cuando se combina con los otros cargos, podría resultar en una condena de décadas tras las rejas.
Los observadores dicen que es probable que los cargos sean aceptados.
“No hay sombra de duda de que hay elementos muy claros” de que se cometieron delitos, dijo Thiago Bottino, profesor de derecho en la Fundación Getulio Vargas, un grupo de expertos y universidad. “La tendencia actual es que habrá un juicio penal.”
Gonet presentó cargos contra un total de 34 personas en febrero. El martes, el Tribunal Supremo analizará si acepta los cargos contra ocho de ellas. Además de Bolsonaro, el tribunal votará sobre las acusaciones que enfrentan los exministros de Defensa, Walter Braga Netto y Paulo Sérgio Nogueira, y el exministro de Justicia, Anderson Torres, entre otros. El tribunal decidirá sobre el destino de los demás más adelante.
Bolsonaro ha buscado reforzar su apoyo político antes del posible juicio, incluyendo la realización de una protesta en la playa de Copacabana en Río de Janeiro el 16 de marzo.
Los medios locales informaron que alrededor de 18.000 personas asistieron a la manifestación, basándose en cifras de un proyecto de monitoreo vinculado a la Universidad de Sao Paulo. Los aliados de Bolsonaro esperaban atraer a una multitud de uno millón, lo que llevó a algunos analistas a decir que su capacidad para movilizar votantes está disminuyendo.
Bolsonaro convocó el domingo en las redes sociales a una nueva manifestación el 6 de abril, que se llevará a cabo en una de las principales arterias de Sao Paulo, la Avenida Paulista.
Al igual que con la protesta a principios de este mes, el expresidente y sus aliados presionarán para que el Congreso otorgue amnistía a las personas encarceladas por participar en el motín del 8 de enero de 2023, cuando los seguidores acérrimos de Bolsonaro asaltaron y destrozaron el Tribunal Supremo, el Palacio Presidencial y el Congreso, una semana después de que Lula asumiera el cargo.
En su acusación contra Bolsonaro y otros vinculados a él, Gonet dijo que el disturbio fue un intento desesperado de aferrarse al poder.
Bolsonaro, un exoficial militar conocido por expresar nostalgia por la dictadura del país de 1964 a 1985, desafió abiertamente el sistema judicial de Brasil durante su mandato de 2019 a 2022.
El máximo tribunal electoral de Brasil le prohibió postularse en elecciones hasta 2030 por abuso de poder mientras estaba en el cargo y por sembrar dudas infundadas sobre el sistema de votación electrónica del país.
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El periodista de AP Eduardo François contribuyó a este informe.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
