CARACAS (AP) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y siete candidatos más —muchos de ellos disidentes de la oposición— suscribieron el jueves un acuerdo reconocimiento de los resultados de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el mandatario busca la reelección y que han sido cuestionadas por los opositores por obstaculizar a sus candidatos.
El acuerdo, impulsado por los aliados de Maduro, fue presentado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que se encarga de organizar los comicios nacionales, estatales y municipales en el país.
Los candidatos opositores Enrique Márquez y el exdiplomático Edmundo González Urrutia no suscribieron el acuerdo. Márquez, exrector del CNE cercano al principal bloque opositor, logró su inscripción sin mayores obstáculos, mientras que exdiplomático fue inscrito como una tercera opción luego de que la ganadora de las primarias de la oposición no lograra participar por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el gobierno, de ratificar su inhabilitación política.
El acuerdo se focaliza, según el presidente del CNE, Elvis Amoroso, en “reconocer que el Consejo Nacional Electoral”, que desde hace más de dos décadas está integrado por una mayoría de aliados del oficialismo, “ha venido dando cumplimiento a las garantías electorales en cada una de las fases" del cronograma electoral, además de “convalidar los resultados emitidos” por ese organismo.
González Urrutia, el principal contendiente de Maduro, rechazó el convenio, argumentando que un “acuerdo nunca puede ser impuesto unilateralmente, sino que debe surgir de un diálogo respetuoso entre las partes”.
El exdiplomático, mediante su cuenta en la red social X, antes Twitter, recordó el Acuerdo de Barbados, suscrito por el bloque opositor que lo respalda y el gobierno de Maduro, “ha sido violado al revocar la invitación de observación internacional de la Unión Europea y aumentar la persecución contra dirigentes y simpatizantes de nuestra campaña”.
El CNE revocó en mayo pasado la invitación a la Unión Europea, que hasta entonces no había confirmado su participación con una misión de observación para el proceso electoral. Bajo sus estándares, sería más amplia que una simple “veeduría” e incluiría el monitoreo de las distintas etapas del proceso.
Amoroso justificó la decisión como un rechazo a que el bloque europeo, si bien levantó una sanción en su contra, mantuvo las medidas impuestas a más de 50 venezolanos señalados por actos de represión o por socavar la democracia en este país sudamericano.
González Urrutia se postuló luego que fue bloqueada la candidatura de la líder opositora María Corina Machado, favorita para medirse con Maduro en las urnas y ganadora por abrumadora mayoría en las primarias opositoras de octubre pasado.
Machado fue inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años, justo después de anunciar su intención de participar en las primarias.
“Como demócrata, me someteré a la voluntad del pueblo. No hay motivo para dudar de ello. Se que participo en una campaña desigual y trabajo para ganarla limpiamente”, añadió.
Los críticos del gobierno desconfían del CNE. El organismo electoral es presidido por Amoroso, antes contralor general de Venezuela que en junio de 2023 inhabilitó a Machado, cuando faltaban dos meses para las primarias de la oposición y ante las elecciones de 2024.
Por años las misiones internacionales de observadores han denunciado irregularidades que afectan a la igualdad de condiciones para competir en los procesos electorales de Venezuela, como la inhabilitación de candidatos de la oposición, el uso de recursos del Estado en la campaña y un acceso desigual a los medios de comunicación.
En Venezuela la inhabilitación política es una pena accesoria que se aplica cuando existe una sentencia judicial firme. Los críticos de Chávez y Maduro denuncian que la inhabilitación ha sido usada por años como un arma política.
