CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — La máxima autoridad fiscalizadora de Panamá indicó el lunes que pedirá a las autoridades que inicien una investigación y que reclamará contra los ejecutivos de la filial de un consorcio con sede en Hong Kong, que opera los dos puertos en las entradas del Canal, por la renovación de una concesión en 2021 que dijo que no fue autorizada debidamente y consideró “leonina” a esa compañía.
El contralor general de la República, Anel Flores, afirmó que acudirá al Ministerio Público para poner la denuncia, al presentar ante la prensa los resultados de una auditoria realizada a la empresa Panama Ports, subsidiaria de la china CK Hutchison, en la que afirmó que se encontraron irregularidades e incumplimientos en el contrato que habrían costado millonarios ingresos al país centroamericano.
Esto se da en momentos en que el presidente Donald Trump presiona a Panamá para que termine con la creciente influencia china en operaciones en el canal.
“Obviamente nos van a tener que explicar al pueblo y ante el Ministerio Público por qué tanta magnamimidad y qué tanta benevolencia en un contrato que ha sido leonino para no decir lo menos”, afirmó Flores tras advertir que “podemos reclamar”.
Panama Ports Company obtuvo la concesión para operar los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, por 25 años en 1997 y el anterior gobierno del expresidente panameño Laurentino Cortizo la renovó por 25 años más a mediados de 2021.
Los resultados de la auditoría toman relevancia especial porque se divulgan en momentos en que avanza un acuerdo anunciado a inicios de marzo mediante el cual el gigante CK Hutchison Holding decidió vender su participación mayoritaria en la operación de esos puertos a un consorcio del que forma parte la estadounidense BlackRock Inc. Todo esto después de que el presidente Donald Trump alegara que China interfiere en las operaciones de esta importante vía de navegación comercial.
Flores aseguró a la prensa que se encontraron “incumplimientos de pagos”, “malos cálculos contables” y la operación “fantasma” de empresas concesionarias dentro del recinto portuario desde 2015, que Panama Ports negó que existieran. Aseguró que todo esto hizo que el país dejase de percibir unos 300 millones de dólares. “Hay muchos incumplimientos que van a tener que explicar”, señaló.
Afirmó, asimismo, que la renovación automática de la concesión en 2021 se hizo sin el debido refrendo de la Contraloría General a pesar de que en los primeros 25 años de concesión Panamá habría dejado de percibir un estimado de 1.200 millones de dólares de la actividad, que atribuyó a “malos panameños” que no supieron negociar bien con la empresa adecuaciones y cambios del contrato de concesión en el transcurso de los años.
La Contraloría enviará los resultados de la auditoria a la Autoridad Marítima, que dirige la política portuaria y que tiene la facultad de rescindir contratos y/o concesiones en el sector.
