CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció el miércoles el envío al Congreso de dos nuevas reformas constitucionales para prohibir la reelección a cualquier cargo de elección popular, algo que hasta ahora solo afectaba al presidente y a los gobernadores, y para evitar el nepotismo.
Sheinbaum no detalló ninguna de las propuestas, pero en el caso de la segunda iniciativa dijo que conllevaría “la prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro tratándose de un puesto de elección popular".
"No nepotismo”, declaró.
Sin embargo, esta propuesta podría dejar abierta la posibilidad de que Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que en septiembre se incorporó a la directiva del partido oficialista Morena, pudiera postularse sin problemas a futuras elecciones presidenciales como algunos críticos y opositores al gobierno sugirieron porque, según las palabras de Sheinbaum, lo prohibido sería la sucesión "inmediata".
La reelección del presidente y de los gobernadores está prohibida en México desde el siglo pasado.
En 2014 se hizo una reforma constitucional que permitió la reelección de diputados federales y locales hasta en cuatro ocasiones consecutivas y la de senadores, alcaldes y cargos municipales hasta en dos. El argumento utilizado entonces —durante la presidencia de Enrique Peña Nieto— era que al querer ser reelegidos los políticos se verían obligados a rendir cuentas a sus votantes y así se reduciría la corrupción.
Ahora Sheinbaum quiere dar marcha atrás con este mismo argumento, reducir la corrupción.
La presidenta y su predecesor y mentor, López Obrador, aprobaron más de una docena de reformas constitucionales que están reconfigurando, con mucha polémica, importantes sectores del Estado mexicano.
La de mayor alcance y más controvertida es la reforma del Poder Judicial para que todos los jueces sean elegidos por voto popular. Según las declaraciones del miércoles de la presidenta, tampoco los jueces podrían ser reelegidos.
Esta reestructuración de la judicatura ha sido criticada dentro y fuera de México, en las calles y en las cortes porque sus detractores consideran que politizará la justicia, pilar básico de cualquier democracia.