QUITO (AP) — La relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las Mujeres y Niñas, Reem Alsalem, expresó el miércoles su preocupación por la situación de la vicepresidenta ecuatoriana Verónica Abad, a quien un tribunal ratificó la suspensión de sus derechos de participación política.
El Tribunal Contencioso Electoral, el máximo organismo en esa materia, negó el lunes una apelación de la vicepresidenta y ratificó una sanción de primera instancia que suspendió sus derechos políticos por dos años y estableció una multa superior a 14.000 dólares, fallo que la defensa de la funcionaria calificó de inconstitucional.
La medida del tribunal derivó de una demanda de la canciller Gabriela Sommerfeld, quién acusó a Abad de cometer violencia política de género en su contra, según dijo, por menoscabar su imagen con acusaciones sin fundamento.
“Preocupa particularmente que se haya aplicado una sanción de suspensión de derechos políticos a una autoridad con mandato constitucional, sin que se haya demostrado violencia real, daño efectivo, ni afectación al ejercicio de funciones públicas”, escribio la relatora de Naciones Unidas en su cuenta de X.
Alsalem advirtió “sobre los riesgos del uso distorsionado de figuras legales vinculadas a la violencia política, especialmente cuando se emplean para restringir el ejercicio del poder a mujeres electas”.
Abad se encuentra en la sede diplomática ecuatoriana en Ankara, cumpliendo un encargo del presidente Daniel Noboa como consejera. En su cuenta de X dijo que suspendieron sus derechos políticos “sin que se haya demostrado violencia real”.
“Más real y verdadero la persecución y hostigamiento judicial, no puede ser”, agregó.
La decisión del Tribunal Contencioso ha generado un debate jurídico en el país sobre si la vicepresidenta puede o no continuar en el cargo.
“Ella es la vicepresidenta, está en funciones y ningún tribunal de justicia puede destituir a un presidente o vicepresidente porque el juez natural de estos dos mandatarios es la Asamblea Nacional”, manifestó la abogada, Dominique Dávila, en declaraciones a The Associated Press. Dijo que la sentencia es “abiertamente inconstitucional”.
La abogada explicó que la decisión del Tribunal Contencioso no implica la salida del cargo de Abad.
“Si en algo la estarían suspendiendo sería a partir de que termine su mandato”, lo que ocurrirá en mayo. Dávila afirmó que hasta el momento no se ha recibido ninguna notificación indicando lo contrario. Aún restán pasos dentro del trámite para que la sentencia se ejecute.
Sin embargo, Noboa, que aspira a la reelección y con quien Abad tiene diferencias públicas, declaró el miércoles: “hoy estamos en campaña, por más que algunos no quieran que yo salga a territorio o que quieren que le encargue a una traidora que ya está destituida —por si acaso— el cargo como presidente de la República”. Noboa irá a un balotaje el 13 de abril.
Ni Abad ni Noboa han precisado las causas de su conflicto. Mientras la vicepresidenta califica al mandatario de “misógino” y de perseguirla políticamente para evitar la sucesión presidencial, este la ha tachado de “desleal”.
Según la legislación ecuatoriana, el presidente debe solicitar licencia en caso de ausencia temporal para realizar la campaña en pos de la reelección, y deberá encargar el poder al vicepresidente. Pero el mandatario se ha negado, argumentando que una sentencia previa de la Corte Constitucional hace referencia a que los períodos de transición —como es el caso de Noboa, que completa el período de Guillermo Lasso, su antecesor— no son considerados como reelección, por lo que no está obligado a solicitar licencia.
Esto ha generado un debate jurídico. Algunos constitucionalistas dicen que lo que afirma el mandatario no es así y que él estaría cayendo en ilegalidades.
Dos días después de asumir el poder en 2023, Noboa nombró a Abad embajadora de paz en Israel. Posteriormente decidió enviarla a Turquía y la sancionó con una suspensión de funciones por no presentarse en el plazo establecido, decisión que una jueza revocó.
