AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Seis residentes de un condado rural de Texas, incluidos dos miembros del Concejo Municipal y un fideicomisario de la junta escolar, fueron acusados formalmente como parte de una creciente investigación electoral que encabeza el fiscal general del estado, el republicano Ken Paxton, quien presentó cargos por delitos graves en un caso que, según activistas por los derechos de los hispanos, tiene matices políticos.
El principal ejecutivo del condado de Frio, hogar de unos 18,000 residentes, un trabajador electoral del condado y un residente también se encuentran entre los que fueron acusados formalmente el 1 de mayo, informó Paxton el miércoles. Los cargos amplían una investigación que incluyó redadas el año pasado en residencias de voluntarios de campaña latinos cerca de San Antonio, incluida la de una mujer de 87 años, aunque ninguno de ellos ha sido acusado formalmente.
A la mayoría de los acusados se les señala por lo que se conoce en Texas como recolección de votos, un delito grave que suele implicar un pago por recoger y entregar boletas de votación en ausencia de otras personas. Varios de los funcionarios acusados en el condado de Frio están acusados de usar la aplicación Cash App para pagar por los servicios de recolección de votos.
“El pueblo de Texas merece elecciones justas y honestas, no acuerdos a puerta cerrada y políticos internos que manipulan el sistema. Los funcionarios electos que piensan que pueden hacer trampa para mantenerse en el poder serán responsables”, aseguró Paxton en un comunicado.
La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC por sus iniciales en inglés) solicitó el año pasado una investigación federal en torno a las autoridades de Texas, después de que las residencias de sus miembros fueron allanadas. No se han presentado cargos contra ninguno de los objetivos de esas búsquedas, según el portavoz David Cruz, y la organización dijo que no había tomado una decisión sobre representar o no a los acusados.
Gabriel Rosales, director de LULAC en Texas, calificó los cargos de infundados.
“Este es un caso clásico de supresión de votantes”, señaló. “No hay ninguna recolección de votos. No hay nadie que esté creando estas boletas. Eso es una mentira”.
Los cargos de recolección de votos son un delito federal de tercer grado y conllevan una pena de hasta 10 años en prisión. Los acusados son la jueza del condado de Frio, Rochelle Camacho, la funcionaria de mayor rango del condado; los miembros del Concejo Municipal de Pearsall, Ramiro Trevino y Racheal Garza; la fideicomisaria de Pearsall ISD, Adriann Lozano Ramírez; y la residente del condado de Frio, Rosa Rodriguez.
Otro funcionario, el exadministrador electoral del condado de Frio, Carlos Segura, está acusado de manipulación de evidencias.
“La única palabra que se me viene a la mente es ridículo”, declaró Segura, y su abogado le aconsejó no hablar más.
Camacho, Treviño, Garza y Ramírez no respondieron de inmediato a llamadas telefónicas ni a un correo electrónico en busca de comentarios. No se pudo localizar un número telefónico de Rodríguez.
Se trata del más reciente desarrollo en una investigación que inició Paxton después de las elecciones de 2020 para erradicar el fraude electoral, el cual es raro y por lo general ocurre en casos aislados. Texas ha endurecido sus leyes electorales en los últimos años y ha incrementado las penas que, según demócratas y opositores, son un intento por suprimir la participación de votantes negros y latinos.
Los investigadores de fiscalía general de Texas recibieron los primeros informes de las acusaciones de recolección de votos de parte de Mary Moore, quien fue la rival de Camacho en las primarias demócratas de marzo de 2022 en la contienda para juez del condado, según las declaraciones juradas de las órdenes de registro.
Moore acusó a Camacho de contratar a una mujer que había estado recolectando boletas por correo para candidatos en el condado de Frio durante casi tres décadas. Moore aseguró que la mujer le cobraba a los candidatos entre 1.500 y 2.500 dólares por recolectar boletas por correo, solicitudes de boletas por correo e incluso en auto a las personas a los centros de votación, según la declaración jurada.
Los investigadores alegan que el plan de recolección de votos tenía como objetivo a personas mayores en una subdivisión de Pearsall. Camacho y Ramírez, quienes fueron identificadas en documentos judiciales como hermanas, supuestamente participaron en octubre de 2022 en un esfuerzo para recolectar boletas de votación por correo de los residentes del lugar, según la declaración jurada.
Los investigadores afirman que la mujer que era la principal recolectora de votos de Camacho escondía boletas debajo de su camisa y usaba diferentes vehículos “para despistar a los investigadores”.
Segura le informaba a la mujer sobre cuándo se enviaban y entregaban las boletas, aseguran los investigadores.
Un tribunal federal de apelaciones ratificó el año pasado la ley estatal que endureció las restricciones de votación y aumentó las penas por recolección de votos.
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Lozano contribuyó desde Houston. Lathan pertenece a la Iniciativa de Noticias Estatales de Associated Press/Report for America. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco cubiertos.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
